Maria del Mar Codeseira Campazas 
«La autoridad se tiene por prestigio, moralidad y conocimiento. Y todo eso se inculca a los agentes del orden en su formación»
Del Derecho romano nos viene la diferencia entre POTESTAS y AUCTORITAS. La primera surge de la Ley y no se cuestionaba; una vez dada, aquélla era inamovible, «Dura lex, sed Lex». La AUCTORITAS se demostraba por las características personales y morales del individuo o indi-viduos; la ejercían porque destacaban del resto. Eran personas con conocimientos, experiencia, cierta edad y estatus social ganado en la vida civil o militar cuyo consejo y opinión era observado sin cuestionar. Por ello podían llegar a senadores o consejeros del poder.
La separación de poderes, propuesta por Montesquieu, fue una formula digamos magistral por la que las tres áreas de responsabilidad del Estado quedaran separadas. La «AUCTORITAS» como la definan los Romanos había derivado en la acumulación del poder unipersonal, sustentado no ya en moralidad o elección popular, sino más en la toma forzosa de poder o en los linajes dinásticos.
¿Y por qué digo todo esto? Pues porque me he puesto a pensar en las calamidades que sufre la autoridad hoy día. Constantemente hemos asistido en los últimos años a las agresiones a policías, médicos, profesionales de salud o profesores por parte de quienes piensan que son dueños de razón y que la fuerza es una forma de convencer, porque no aprendieron, no les enseñaron a razonar ni a saber lo que es autoridad.
No es porque en momentos de acaloramiento uno no quiera desahogarse rompiendo lo que tenga delante, pero vamos que si alguien te está haciendo una advertencia con fundamento en la Ley, en la ciencia o porque (guste o no), se ha ganado un estatus social superior a ti, deberías plantearte si no te la estás jugando con agredir al mensajero. Es lo que pasa cuando en la sociedad se extiende el mal de todo vale, todos colegas, tú eres igual que yo y opinión se confunde con razón.
Comunidades Autónomas como Aragón, Valencia, Extremadura y Castilla y León tienen normas que reconocen expresamente la condición de autoridad de médicos y personal sanitario, así como una Ley Estatal, la 2/2010 dio al profesorado entidad de autoridad. Anteriormente ya los Tribunales y Fiscalía habían dictado Sentencias y aprobado protocolos respectivamente para proteger a todos esos profesionales en el ejercicio de su trabajo frente a agresiones.
El Código Penal, en sus artículos 550 a 553 en el año 2015 recogió específicamente el delito de atentado contra la autoridad, funcionario público, funcionario docente o sanitario en el ejercicio de sus cargos. Si es agente de la autoridad la pena puede oscilar de 1 a 4 años de prisión y en los casos de los demás funcionarios de 6 meses a 3 años de prisión.
Pues bien, ahora el Ejecutivo con la previsible reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, calificada por la izquierda “Ley Mordaza”, Ley /2015, empieza la cuenta atrás para igualar a todos por debajo y poner el listón casi en el suelo. Los agentes del orden público testigos de un delito no tendrán avalada su veracidad en el atestado, y solo la tendrá si los hechos son “lógicos coherentes y razonables”. Esto es una solemne tontería porque para poner lógica y coherencia ya está la Judicatura y la Defensa. Se quiere hacer un ante-juicio de la labor policial y es quitar autoridad de una forma insólita, desproporcionada, e infundada a quien nos protege.
La reforma trae consigo un conjunto de medidas limitadoras de la autoridad de los agentes; tanto que parecen pensadas para proteger la delincuencia; a continuación pongo algunas:
– Ya no podrán sancionar a quienes obstaculicen la vía pública con mobiliario urbano (y en consecuencia destrozarlo).
– Se minimiza el material antidisturbios (poco menos que tendrán que lanzar algodón).
– No se sancionarán concentraciones espontáneas no notificadas basadas en el derecho de reunión.
– Tendrán que devolver al detenido al lugar donde se cometió delito, lo que equivale a hacer que la policía sea transportista.
– Pueden ser grabadas imágenes de policías y difundidas sin su autorización.
– El tiempo máximo de retención de las personas que se nieguen a identificar, pasa de 6 horas a 2, desconociendo el legislador los complicados trámites policiales.
Por mucho que se empeñen en decir que estas medidas ayudan a la reinserción no hay quien crea esto porque a mí me parece que esto va más del flanco catalán y de tomar la calle fácilmente que es lo que sabe hacer la izquierda. Nada de seguridad ciudadana, nada de restaurar la autoridad policial o endurecer agresiones a policías. He visto atestados policiales regulares, pero los he visto casi siempre buenos, también muy buenos, y mucho facilitan el trabajo tanto de lo investigado como de lo que pueda quedar por investigar, y eso quizá ahora lo perdamos si poco o nada de ello se va a tener en cuenta.
Cuando por un lado se da autoridad a los funcionarios vía Ley y por la misma Ley se quita a las Fuerzas de Orden Público algo está enfermo en esa sociedad. Ya lo sabía la antigua Roma. La AUCTORITAS se tiene por prestigio, moralidad, conocimiento del tema que se está tratando. Todo eso se inculca a los agentes del orden en su formación y a ellos no se les han preguntado. Una nueva Ley política. Una más.
