Antonio de la Torre 
«Estamos viviendo un Estado de vergüenza que, de ignominia en ignominia, se acerca a su autodestrucción como tal»
No cabe duda de que lo ocurrido el pasado jueves fue de auténtica vergüenza para un Estado que se precie de ser una “democracia plena” –al nuestro, hoy, parece sobrarle no sólo el adjetivo–, como tantas veces repiten los socios del contubernio socialcomunista de Moncloa, tal vez porque ni ellos se lo creen. Sin duda sería más propio de una dictadura populista, disfrazada como pseudodemocracia, de una república bananera, a las que nos aproximamos cada día con mayor velocidad de crucero.
Pero visto lo visto, sus antecedentes y el esperpéntico desenlace, me acerco más a que estamos viviendo un Estado de vergüenza que, de ignominia en ignominia, se acerca a su autodestrucción como tal o, al menos, como, con sus luces y sus sombras, lo veníamos conociendo desde 1939. Dios quiera que se quede en uno más de los hechos que sirvieron al mariscal Von Bismark para acuñar esa conocida frase que se le atribuye: “España es un país muy poderoso. Lleva siglos intentando autodestruirse y no lo consigue”. ¡Ojalá!, pero los hechos son tozudos y si alguien no para este dislate de alevosas felonías, me parece que el socialcomunismo podría conseguir finalmente su objetivo tras ciento cuarenta y cinco años de intentos –los que tiene de antigüedad–, la mitad de ellos, prácticamente, con amagos y/o preparativos destructivos o desaparecido en combate –nunca mejor dicho esto último– tras los hechos que dieron lugar al triste desenlace de una guerra civil, entre 1936 y 1939, que acabó poniéndolos en su sitio, el paréntesis al que antes aludía.
Nunca viene mal recordar algunos de los comentarios y promesas de nuestros próceres políticos, que si no fuera por la hemeroteca quedarían en el olvido. Por ejemplo, cuando, durante el debate de la campaña electoral de noviembre de 2019, repetición de la fallida de abril anterior, Fray Perico el Cambiante (de opinión) le espetaba al entonces líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado –los ambiciosos Rivera y Abascal no consiguieron desbancarlo, sino consolidar a Sánchez–: “Que la Justicia se cumpla, dentro y fuera de España, siempre. A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont y yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España para que rinda cuentas ante la Justicia española”. La primera frase que subrayo parece que no necesita muchos comentarios después de ver cómo entiende el cumplimiento de la Justicia la PSaOnE (Partido Socialista antes Obrero y nunca Español), por ejemplo, con el caso de los ERE de Andalucía o sus constantes cambios del Código Penal para favorecer a los suyos y a sus socios. La segunda ya la ha igualado, se le fugó también el jueves y con premeditación y alevosía (vulgo recochineo), tras su anunciada visita a Barcelona, donde se dice que estaba desde dos días antes. Parece que los mozos no “pudieron” echarle el guante durante su paseo de varios minutos por alguna solitaria calle de Barcelona, hasta llegar al chiringuito desde el que se dirigió a parte de sus fieles, como hemos podido ver en un vídeo que circula por las redes sociales, acompañado por su abogado Gonzalo Boye –condenado por colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, en 1988–; Jordi Turull –golpista el 1/O de 2017, indultado por el valedor de todos ellos, el presimiente Felónez– y dos mozos, presuntos cómplices, que lo protegían en ligar de detenerlo.
Recordemos también cuando decía, por esa época, en un mitin a su entregada grey –1ª acepción del DRAE– que “Puigdemont, si representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña” –golpista, le faltó decir entonces, que no lo necesitaba–. O cómo, también en 2019, en el programa “Al rojo vivo”, dirigido por cobista amigo Antonio García Ferreras, al que tanto le gusta asistir, calificaba la amnistía, sin despeinarse, de “Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional”, insistiendo después en que “Algo, que desde luego este gobierno no va a aceptar –cuatro años después lo impulsó– y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española” –hasta que Cándido Conde Pumpido diga lo contrario, que para eso está ahí–. También, el recién investido “molt miserable” –el adjetivo lo demostró durante su gestión de la “plandemia” y ya veremos lo que tarda en ser embestido por su socio ERC–, Salvador Illa, nos decía cuando se postulaba que “Ni amnistía, ni nada de eso. Se lo repito…” –y lo repitió–. Mucho más recientemente, antes de las elecciones del 23-J-2023, nuestro insigne doctor Plagio cum Fraude insistía -él y todos sus mariachis– en que “Evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es –la concordancia tampoco es su fuerte– posible” –la amnistía ya está a cambio de siete sucios votos y ya veremos qué está dispuesto a dar para “negociar” los PGE–. Pero siempre hay un roto para un descosido, o un cambio de opinión para tapar una nueva mentira, y casi al día siguiente de las elecciones del 23-J-2023 nos obsequiaba con un nuevo “cambio de opinión”: “En el nombre de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña”.
Aunque la cosa viene de mucho antes –se podía esperar por las “gateras” que dejaba el Título VIII de la Constitución (mi padre q.e.p.d. lo vio y me lo argumentó, por eso yo no la voté)–, y ya Jordi Puyol decía aquello de “primero paciencia, después independencia”, la carrera del independentismo se acelera con la llegada a la Generalidad de Cataluña, en 2010, de Arturo Mas –con ese nombre se inscribió en el Registro Civil de Barcelona, que se catalanizó en el 2000 –. Recordemos que después de aquella reunión de agosto de 2014 con Mariano Rajoy en la Moncloa, entre copas, supongo, y humos de puros, llegó el primer desafío nacionalista, la consulta interminable del 9-N en la que votó todo el que quiso durante quince días, incluso por duplicado. Una fecha que el año pasado, en su noveno aniversario, desde su residencia de Waterloo, recordaba el fugado y hacía lo propio su indultado acompañante de la televisada segunda fuga, el antes citado Turull: «Tal día como hoy, el 9 de noviembre de 2014, Cataluña empezó un camino sin retorno. Sin renuncias, con persistencia y determinación, lo conseguiremos!«. Aquello no prosperó, pero se intensificó con la llegada en 2016 de nuestro doblemente fugado, protagonista indudable de la semana, ya con JUNTS, después de que hubiera desaparecido Convergencia y Unión en 2015-. Después de la consulta rebelde del 1-O-17, Puigdemont se atrevió, el 27 de octubre siguiente, viernes, a declarar la independencia de la “republiqueta catalana”, que duró 56 segundos, despidiéndose de sus colaboradores “hasta el lunes”, pero se fugó a Bruselas con billete de maletero, que ahora desmienten. Tras aquel desafío al Estado, el entonces presidente del gobierno español, el antes citado Rajoy hizo la siguiente declaración: “Mi gobierno ha solicitado la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución, para restaurar la ley, la democracia y la estabilidad, en una comunidad autónoma cuyos dirigentes han desterrado la Constitución, maltratado la convivencia, fomentado una grave incertidumbre económica, que está forzando la salida de empresas y entidades financieras hacia otras regiones españolas”. Solicitud que fue aprobada por el innoble Pedro Sánchez, retornado ya de su expulsión de la ejecutiva por su “habilidad” con las urnas detrás de una cortina. Imagino que nunca se arrepentirán lo suficiente los que lo echaron, de no haberlo expulsado del partido entonces.
Aquel “deseo” de intervenir Cataluña “para restaurar la ley, la democracia y la estabilidad”, que decía, añadiendo que convocaría elecciones cuando se recuperara la normalidad, sin controlar de verdad las instituciones, ni la TV3 y demás medios de comunicación catalana, le duró poco a don Mariano y a los veinte días convocó elecciones regionales para el día 21 de diciembre de ese año, que ganó Ciudadanos, encabezado entonces por Inés Arrimadas, que no tuvo los apoyos suficientes para formar gobierno y, meses más tarde, llegó la versión corregida y aumentada del fugado, Joaquín Torra, imputado por el TSJC en abril de 2019 e inhabilitado finalmente en Septiembre de 2020 tras ratificar la condena el Tribunal Supremo. Así llegamos a un nuevo proceso electoral en febrero de 2021 que acabó con la llegada de Pere Aragonés García, nieto de alcalde de Alianza Popular, por cierto, empresario hotelero y textil que se hizo millonario durante la dictadura franquista. Y con éste se llegó al feliz preacuerdo que puso tan contento a Fray Perico el Previsible, que veíamos en el artículo anterior, sobre cuyas consecuencias se autopreguntaba y se respondía en estos términos: “¿Efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro estado autonómico? Yo creo que eso es incuestionable” y al que se refería así Raquel Sans, vicepresidente primera del parlamento catalán por ERC: “Hemos validado un preacuerdo que consideramos muy positivo para una posible investidura del PSC”, que finalmente se consumó tras el bochornoso espectáculo de escapismo de Puigdemont. Pero que ha provocado la ¿rebelión? de dos de sus tres presidentes autonómicos, el de Castilla La Mancha, Emiliano García Page: “No queremos ser los que paguemos otra investidura el resto de los territorios” y el de Asturias, Adrián Barbón; “Si lo que se hace es una salida del régimen común, votar en contra”. También la manifestación contraria de otros tres de los llamados barones, Extremadura, Andalucía y Valencia, que ya veremos en qué queda cuando llegue al Congreso la propuesta de la fiscalidad especial de Cataluña, que supondría la reforma de la Ley Orgánica para la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
No voy a dedicar mucho más al show circense del cobarde prófugo, acertadamente bautizado así por el analista de COPE Luis del Val, digno de un nuevo esperpento del maestro Valle Inclán y portada de los medios estos días. Se dijo que 3.500 seguidores aclamaron al reaparecido y desaparecido seis minutos después, con la pasividad de todo el mundo, empezando por esos mozos, de paisano, que lo acompañaban en el camino de ida y que sin duda recibieron órdenes para no tocarlo antes del mitin. Pero quedan muchas preguntas abiertas sobre la responsabilidad de los que orquestaron la pantomima y propiciaron que el fugado volviese siete años después de su huida. Una responsabilidad a la que no puede ser ajeno el alcalde de Barcelona, el socialista Jaime Collboni, que permitió el escenario desde el que el nuevo Houdini desapareció tras reírse del Estado español. Ni tampoco el presidente saliente de Cataluña, su consejero de Interior y el responsable de los mozos. Pero tampoco los ministros de Defensa e Interior del desgobierno de España, Margarita Robles y Fernando Grande Marlasca, de los que dependen nuestro reputado CNI, que parece que estaba desconectado de los movimientos del prófugo, y los Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, que habrá que explicar por qué no participaron para evitar el oprobio o quien les dio la orden para que no lo hicieran. Y, por supuesto, hay que apuntar al máximo responsable de todos los citados, el inquilino de la Moncloa que es capaz de cualquier cosa con tal de seguir siéndolo, incluso de aceptar una especie de trato tal como apuntaba el viernes Carlos Herrera: ‘Yo voy, hablo, me dejáis dar mi mitin, luego yo, desaparezco y así no bloqueo la investidura de Illa’. De momento, como era previsible al no haber sido detenido de inmediato, su abogado anunciaba que Puigdemont ya no estaba en España y el interfecto dejaba claro lo que era una evidencia en un cobarde consumado, que no se iba a entregar voluntariamente, lo que algunos creían que iba a hacer el pasado jueves.
Y no olvidemos la segunda derivada del show que le ha venido muy bien al presunto máximo responsable del pandemonio, que sigue desaparecido en sus vacaciones, no sé si por La Mareta lanzaroteña o por Las Marismillas en Doñana. Durante unos días, no se ha hablado de Begoña Gómez ni de David Sánchez ‘Azagra’, el Von Karajan de Badajoz, residente en Elvas y no se sabe cuántos sitios más. Pero hay periodistas que no se dejan llevar por la espuma y siguen a lo suyo.
Termino con una nueva apelación a nuestro Jefe del Estado, al que no creo que estas cosas le hagan ningún favor. Ya sé que la Constitución deja poco margen de maniobra al Rey, pero creo que la costumbre ha hecho creer que no le deja ninguno y me parece que sí que tiene alguno. En primer lugar, ya dije en varios artículos que no entendía por qué propuso al perdedor de las elecciones, algo que, pese a no ser jurista, o tal vez por eso, por mucho que leo el artículo 99.1 de la C. E., no veo claro, y menos cuando se presentaba en la segunda ronda de consultas con sólo sus 121 votos socialistas. ¿Por qué, al no haber conseguido la confianza el ganador, Alberto Núñez Feijoo, no dejó pasar los dos meses que dice el artículo 99.5 y disolvió las cámaras convocando nuevas elecciones? Sobre todo, si los representantes de los posibles apoyos del perdedor tuvieron la descortesía de no presentarse ante el Rey para confirmar el apoyo. Y aunque solo sea para completar mi desahogo, vuelvo a recordar que el artículo 61.1 recoge el “juramento de guardar y hacer guardar la Constitución…”, algo que parece evidente que no se está haciendo, desde luego por los partidos nacionalistas y más que dudosamente por parte del gobierno, que más bien parece que está pretendiendo cambiarla por la puerta de atrás. También el 62.h, que confiere al Rey “El mando supremo de las Fuerzas Armadas”, a las que el artículo 8 les dice que “…tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Sin olvidar el 1, el 2, el 14, el 27 y algunos más que harían muy larga mi reflexión y que ya recogí en algún artículo anterior.
