Conversaciones en el andamio: Sobre el expolio intolerable del IRPF. Por Francisco Gómez Valencia

«Hoy, al abrir el plazo del IRPF, los españoles no solo rellenamos formularios: firmamos un cheque en blanco a un gobierno criminal que nos exprime sin piedad»

Comienza el plazo para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España, y con él se renueva el calvario anual de un país sometido a una presión fiscal confiscatoria. La política tributaria del gobierno de Sánchez no solo es insostenible, sino que constituye un ataque directo al esfuerzo de los españoles, y hoy toca respaldarlo con datos de organismos independientes que desmontan el relato sanchista.

Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en 2023 la presión fiscal en España alcanzó el 38,7% del PIB, un nivel que, aunque el gobierno presume como «inferior a la media europea«, oculta una realidad más cruda: el esfuerzo fiscal —la relación entre impuestos y renta per cápita— supera en un 17,8% la media de la UE. Esto significa que, con salarios más bajos y un PIB per cápita de 32.677 euros (Eurostat, 2024), los españoles soportamos una carga impositiva desproporcionada. El IRPF, buque insignia de esta extorsión, tiene un tipo máximo del 47% (hasta 54% en algunas autonomías), frente al 39,6% de media en la UE, según la OCDE. ¿Resultado? Un trabajador medio destina más del 40% de su sueldo a Hacienda, como señala el Instituto Juan de Mariana: 9.800€ en cotizaciones, 3.800 en IRPF y 1.450 en IVA al año.

La no deflactación del IRPF ante la inflación —que en 2022-2023 promedió un 6%— ha sido un robo silencioso. Fedea calcula que este «efecto progresividad en frío« incrementó la recaudación en 1,25% del PIB solo en 2022, unos 15.000 millones de euros extraídos del bolsillo de los contribuyentes sin ajustar tramos. Mientras, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subido a 1.134 euros mensuales en 2025, empieza a tributar, algo que el Tax Foundation califica como «anomalía» entre países desarrollados, donde los mínimos suelen estar exentos. Esto, sumado a cotizaciones sociales que elevan la cuña fiscal al 59,5% para rentas altas (IEE, 2024), convierte a España en un infierno fiscal para trabajadores y empresas.

El Impuesto de Sociedades, con un tipo del 25% frente al 21,3% de la UE (OCDE, 2024), y la imposición patrimonial —un 39,6% más gravosa que la media europea, según el IEE— completan el cuadro. Las pymes, que generan el 72% del empleo, soportan una presión un 30% superior a la UE, según el Tax Competitiveness Index 2024. ¿Y qué recibimos a cambio? Un Estado elefantiásico, con un gasto público que roza el 47% del PIB (Eurostat, 2024), incapaz de ofrecer servicios proporcionales a esta rapiña.

Sánchez presume de «justicia fiscal«, pero los datos de organismos no alineados con su propaganda —IEE, OCDE, Fedea, Tax Foundation— revelan un expolio que asfixia a la clase media y frena la competitividad. Hoy, al abrir el plazo del IRPF, los españoles no solo rellenamos formularios: firmamos un cheque en blanco a un “gobierno criminal” que nos exprime sin piedad.