Diego J. Romero Salado 
«Análisis desde una perspectiva “políticamente incorrecta” sobre la situación actual de crisis en nuestra Patria»
Del “sujeto tirano” -que en antaño dio lugar al nacimiento de los primeros derechos laborales y sociales, como ocurrió en la primera mitad del siglo XX- “mutatis mutandis“, hemos pasado al “sujeto- tirano – Estado hipertrófico “devorador de todo lo ajeno a los intereses de un “NOM”, con más poder que los propios estados, cediendo en parte la soberanía más allá de las fronteras geográficas de un territorio como elemento esencial de un Estado conforme al Derecho Internacional. Al respecto es necesario recordar el artículo 1 de la Convención de los Derechos y Deberes de los Estados, Montevideo, diciembre de 1933:
“El Estado como persona de Derecho Internacional, debe reunir las condiciones siguientes: 1) población permanente; 2) territorio determinado; 3) gobierno; 4) capacidad de entrar en relaciones con otros Estados.”
Estaríamos, por tanto, ante una comunidad, fijada permanentemente en un territorio, y que se rige a si misma por un poder coactivo con total independencia de cualquier otra comunidad. Un claro incumplimiento del Artículo 1.2 de la Constitución Española: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”
Así, el hecho de que fuera el poder político –por muy legítimo que fuere, compuesto por miembros elegidos por el pueblo español- quien decidiera la mayor cesión de soberanía que puede llevar a cabo un estado soberano, cual es la cesión de la moneda y con ello de la soberanía sobre la política económica de un país, sin previamente consultar a través de referéndum “sí estábamos o no de acuerdo con la cesión de la nuestra moneda <peseta>, con lo implícitamente inherente, refleja una carencia de democracia directa en un tema fundamental. Pero es que resulta “vox populi” el malestar generalizado de la gente de la calle como consecuencia de las políticas impuestas por la UE, tras la cesión de nuestra moneda -y así de nuestra autonomía en orden a establecer la política monetaria para España que resultará más beneficiosa para la ciudadanía-.
«El ejercicio legítimo del poder no implica una facultad ilimitada a modo “cheque en blanco”, máxime en materias que afectan a la soberanía de un estado soberano como el nuestro»
En mi humilde opinión el ejercicio legítimo del poder no implica una facultad ilimitada a modo “cheque en blanco”, máxime en materias que afectan a la soberanía de un estado soberano como el nuestro.
Existen países en nuestra Europa que conservan su soberanía sobre la “moneda”, elemento esencial de un país, que han desarrollado políticas económicas muy atractivas de cara al crecimiento económico, generador de riqueza, como el caso de Hungría, la cual rebajó el IRPF y Sociedades al 9%, cuyas empresas se benefician de la fiscalidad más baja de la UE y la OCDE. En el caso de Hungría la tasa actual de paro es del 3,7 %, frente al 15,2 % de España. Tampoco cedieron su moneda: Bulgaria, Dinamarca, Suecia, Suiza… y Reino Unido, dando lugar en este último caso a un divorcio de los dictados del BCE: “Brexit”. Sin ánimo de detenerme en este punto al no ser el objeto del análisis, ni ser exhaustivo, si hoy en día pudiéramos regresar al pasado, efectuando una consulta al pueblo español, estoy casi seguro que ganaría la “peseta”. Con preguntar a las madres y padres que se levantan todos los días a buscar el pan para sus hijos, creo que bastaría como prueba suficiente.
“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” (art. 1.2 de la Constitución Española de 1978).
«Los nuevos oligarcas y élites han expoliado a las “clases medias” –verdadero sostén económico de un país-, su propiedad y capacidad de ahorro»
Los nuevos oligarcas han expoliado a las “clases medias” –verdadero sostén económico de un país- no sólo la pequeña propiedad, sino más allá: su capacidad de ahorro familiar. Además “ultra vires”, con las leyes ideológicas -asumidas por todos los partidos políticos del arco parlamentario- se ha “usurpado” el derecho de los padres, titulares de la patria potestad de sus hijos, a educarlos y formarlos conforme a sus propios principios y valores, en gran parte “heredados” de nuestras raíces cristianas; que, junto con el derecho y la filosofía greco-romana, son las bases sobre las que se asienta nuestra cultura. Por ello -a mi humilde juicio- y tras estos lustros, hemos retrocedido a los peores tiempos de nuestra historia, mutando el “ánimus” del noble ejercicio de la política -en sentido aristotélico: ¿rebelión de las masas o corrupción de las élites?- al servicio a la comunidad -en sentido tomista-, al “enriquecimiento a costa de los nuevos súbditos”, anteponiendo los intereses de partido a los de la ciudadanía: nada más lejos del “estado del bienestar” e incluso del propio espíritu de libertad en que se inspiró la propia revolución francesa.
“Ley es la ordenación de la razón humana dirigida al bien común, debidamente promulgada por quien tiene el gobierno de la comunidad.” (Santo Tomás de Aquino)»
Quien sea capaz de devolver el bienestar sustraído a las clases mayoritarias -que en modo alguno pueden estar representadas por el interés de unos pocos que viven a costa de la mayoría- y, así, a la célula básica de toda comunidad: la Familia, derrocará al nuevo “tirano” que metafóricamente representa el afán desmedido del poder y a la opulencia; será capaz de aglutinar la mayoría suficiente para poner en marcha políticas justas que devuelvan a los ciudadanía el bienestar y la paz social que garantice la prosperidad de las generaciones venideras.
Está claro que la sociedad demanda necesidades y derechos básicos que hoy se han convertido en un “lujo” –como el derecho a la vivienda, los costes de la luz, agua, combustibles, etc.- que hace que el descontento social se palpe y, peligrosamente, pueda llegar a un “punto de no retorno”, al igual que en la aeronáutica. Cierto que hemos tenido políticos con visión de estado, máxime durante la transición; pero no menos cierto, también, que desde los gobiernos de Zapatero hasta nuestros días la situación ha empeorado hasta límites inimaginables, que comprometen a las futuras generaciones, hipotecándolas durante no se sabe cuántos lustros.
No obstante, desde octubre del año pasado, la única persona que me ha demostrado esa visión de estado ha sido S.M. el Rey Felipe VI, Rey de España, quien tuvo la valentía en el ejercicio de su función como Jefe de Estado -que le otorga nuestra Constitución Española de 1978, fruto del consenso y del olvido de tiempos que nunca deberían volver a repetirse en la historia de España, pues todos unidos seremos más fuertes y viviremos mejor- de interpelar a la unidad del pueblo Español frente aquellos que persiguen su destrucción.
No olvidemos, que edificar lo que hicieron nuestros padres -para muchos que lean esta breve análisis- costó mucho sacrificio; sin embargo, “dinamitarlo” es muy fácil. Y concluyo: lo peor es que lo están consiguiendo.
«Quienes hoy desde posiciones revolucionarias prometen “fórmulas mágicas” a la ciudadanía española, esconden el hacer una revolución destructiva del edificio»
Mi análisis dista mucho de una lectura populista, pues quienes hoy desde posiciones revolucionarias prometen “fórmulas mágicas” a la ciudadanía española, esconden el hacer una revolución destructiva del “edificio” construido gracias a políticos con gran visión de estado. En realidad, pretenden la destrucción de lo edificado con esfuerzo y méritos de muchos de nuestros padres. No se caiga en la tentación que a partir de mi análisis el fin justifica los medios.
Entiéndase más como una especie de “reflexión”, que muchos hemos podido imaginar como “ideal” del noble ejercicio de la política, destinado al servicio de la colectividad, en aras mantener la paz y la justicia social dentro de un marco de derechos y libertades. Qué mejor marco de convivencia que nuestra Carta Magna de 1978, la cual fue refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español, tanto en el conjunto del territorio como en el resto, incluida Cataluña como parte de España.
Sobre la base de lo conseguido, esforcémonos por intentar solucionar lo que está perjudica a los intereses de la comunidad, buscando siempre el bien común que caracteriza la escolástica, sobre la base de lo edificado durante más de cinco siglos.
Si con esta reflexión, consigo que sirva de “llamada” a modo de “reflexión”, me sentiré satisfecho. El grosso de la ciudadanía demanda gestos y hechos que hagan recuperar la ilusión y políticas que propicien el marco ideal que devuelva los “ratios” de bienestar de muchas familias, empobrecidas e incluso algunas desahuciadas, como consecuencia de la brutal crisis económica, pero nunca y más lejos una “revolución”, sino una “regeneración” de la crisis subyacente a la económica: la crisis de valores.
Esta será la mejor herencia que le dejemos a nuestros hijos y generaciones futuras de españoles.
No estoy desacuerdo con el tema de la moneda, no es tanto su valor como objeto de cambio, si no el desfase entre el trabajo en España y su valor de remuneración. El valor del trabajo no puede estar sujeto a lo que llaman productividad. El trabajo tiene un valor por si mismo. Y sobre todo del rendimiento individual del trabajador. No como masa si no como individuo. Otro problema es que se sepa vender lo producido y eso no depende de la fuerza de trabajo, si no de la capacidad de exportación de las empresas. SI sus productos son buenos y reclamados tendrán mucho valor, pero si no, estamos fastidiados. Es cierto que ciertos gobiernos, como el actual han hurtado parte de la libertad y eso es lo que coarta y recortará más aún las iniciativas que puedan surgir. El problema es el gobierno. Son los gobiernos, los estados que controlan el mercado en demasía son culpables de los desastres.