Para la nueva CNMC del Gobierno no hay diferencia entre regulación y regularización de los mercados. Por Ana Castells

La asesora de Iván Redondo´, Cani Fernández cobrará más de 118.000 euros brutos anuales como presidenta de la CNMC
La asesora de Iván Redondo, Cani Fernández cobrará más de 118.000 euros brutos anuales como presidenta de la CNMC

«Que un supuesto experto no sepa ni siquiera diferenciar entre lo que es la «regulación» de los mercados y la «regularización» es como para dudar de que su criterio tenga algún fundamento»

No sé qué calificaciones (if any) tiene el tal señor Hurtado, representante del gobierno en la Comisión parlamentaria que ha de examinar a los futuros miembros de la CNMC. Pero que un supuesto experto no sepa ni siquiera diferenciar entre lo que es la «regulación» de los mercados y la «regularización» es como para dudar de que su criterio tenga algún fundamento que no sean las consignas de su partido que, esas sí, ha soltado con gran seguridad y sin tener en cuenta si venían realmente a cuento de lo que se había dicho por parte de la oposición ni de los comparecientes.


Es increíble el enfado de este individuo para con las preguntas que han formulado, la mayoría muy bien articuladas y pertinentes, algunos de los miembros de la Comisión sobre los nombramientos de los cinco candidatos al consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en especial sobre los conflictos de intereses que puedan surgir con la nueva presidenta de la institución, propuesta por el Gobierno, Cani Fernández, que por ejemplo como abogada defendió recientemente los intereses de UBER.

«El libre y correcto desempeño de las obligaciones de los futuros miembros de la CNMC,  no es otro que ¡aplicar la ley!»


Si un «hearing» tiene algún sentido (aquí no lo tiene, votan según les han ordenado) es precisamente averiguar la idoneidad de los candidatos y esto implica atender a las posibles deficiencias, contradicciones, conflictos de intereses y demás obstáculos que pudiesen impedir el libre y correcto desempeño de las obligaciones de los futuros miembros de la CNMC, que no es otro que ¡aplicar la ley! que regula el funcionamiento de ese mercado, que debe proveer de bienes y servicios a los ciudadanos en las mejores condiciones (y al menor coste, si es posible), impidiendo que pactos y acuerdos entre empresas perjudiquen a los consumidores, a los ciudadanos, o sea a todos nosotros.


Cabe decir que los candidatos propuestos por el Gobierno en esta ocasión mejoran bastante la media profesional e intelectual con la que se mueve en general este Gobierno pero que los miembros de la Comisión indaguen su pasado profesional, e ideológico, su posible vinculación y obediencia a partidos políticos, debería ser precisamente la garantía de que los intereses que defenderán serán aquellos que la Ley les impone y no los de los partidos que han promovido su nombramiento y que pueden perfectamente no coincidir con la protección de los consumidores a lo que están obligados por Ley.


Así que, dejando a parte que en nuestro país la obediencia de los diputados a sus partidos convierte estas comisiones en un pequeño teatro, lo que ocurrió en la última no fue sino una repetición del guión elaborado por la factoría de ficción Redondo, consistente en acusar a la oposición de ser precisamente esto, oposición, y no un rendido servidor de los intereses del Gobierno, y que se repite venga o no a cuento y con los mismos argumentos. La única diferencia es la cantidad de insultos que incorpora en cada puesta en escena y representación.

Anna Castells

Anna Castells

Soy Licenciada en Derecho y periodista de profesión. He sido Jefe de Prensa del Ministerio de Cultura y del Tribunal Constitucional. Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la compañía RENFE. Editora y Presentadora de diversos informativos de TVE y corresponsal de RNE en Francia. Profesora en diversos Masters de Liderazgo y Comunicación.

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