Las aberraciones de la nueva Ley sobre la intervención de la voluntad de las personas con discapacidad. Por María del Mar Codeseira

La nueva Ley sobre la intervención de la voluntad de las personas con discapacidad

“La nueva Ley sitúa a las personas con capacidad disminuida más lejos que cerca de su entorno familiar con lo que las familias estén más desprotegidas” 

El pasado 3 de septiembre entró en vigor la Ley 8/21, Ley de Reforma Civil y Procesal de las personas con discapacidad. Es una reforma que quiere pasar página sobre una normativa que considera trasnochada por entender que las personas o menores de edad o con una discapacidad cognitiva puede determinarse por los límites de los Organismo de Seguridad Social, entre de un 33% o más de trastornos cognitivos, y físco-cognitivos de 65% o más.

La normativa ha venido a remover instituciones antiquísmas, que desde el Derecho de familia romano trataban de regular las relaciones paterno-filiales sobre todo entendiendo que los menores no podían tomar decisiones y que en ámbitos sociales, sobre todo de la estructura patricia acomodada tenían patrimonios que no deberían manejar. Muy bien pensadas como muchas de sus instituciones heredadas: Tutela (para representar a quien no podía decidir) y curatela (a quien no podía regir sus bienes) entre otras. Es cierto que no se cuestionaba tanto la capacidad de los mayores, entre otras cosas por la esperanza más corta de vida y porque los que llegaban tenían un reconocimiento social importante.

Ahora, llegados aquí, normas internacionales (Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006) aconsejan que hay que mirar más de cerca las voluntades de los que llamamos menores o incapaces facilitando que tomen las decisiones que les afectan.

España cumplía todos los requisitos en su sistema civil a mi modo de ver. Conservaba las instituciones de la tutela-curatela para menores e incapacitados, iniciando los trámites sobre todo el Ministerio Fiscal, Instituciones privadas o particulares y bajo el correspondiente proceso y control judicial. A ello se unían los equipos psico-sociales y forenses adscritos al Juzgado.

La nueva Ley tiene mejoras en sus intenciones: Declara que ha de poner todos los medios para que los menores o personas con discapacidad no tengan ninguna barrera física, médica, técnica o cognitiva para expresar su voluntad; es decir un ciego el sistema Braille, un mudo lenguaje de signos… Lo que a mí me parece acierto pero redundancia porque eso está dentro del derecho de defensa y ya se venía prestando… como si hubieran inventado algo.

Puedo ver como acierto que se respete lo que uno decide en escritura notarial sobre quién quiere que le ayude a decidir si su voluntad se ve disminuida en el futuro, aunque también quien en última instancia quien lo decida sea el juez, que por supuesto siempre ha tenido en cuenta las voluntades expresadas. Tampoco es nuevo.

Algo que no entiendo ni entenderé el por qué se cambia la llamada tutela por “medidas de apoyo”. Será en adelante el “¿apoyador?”. Las ganas de cambiarlo todo, de volver patas arriba las instituciones que han dignificado el Derecho, que todos entendemos. Si el tutor estaba para apoyar realmente a quien no podía decidir por sí mismo en los actos fundamentales de su vida, y ahora ya no se le quiere ver como un sustituto sino como un apoyo… pues da igual, el contenido lo decide el Fiscal, el Juez y el tutor. No por cambiar el nombre cambia la importancia. Es el empeño en inventar pero sin ningún sentido.

Otra aberración: Que no se prime a los padres como tutores (¿“apoyadores”?) ni se les prorrogue la patria potestad sobre los hijos con discapacidad. Se entiende, y no sé por qué que los padres van a envejecer y los hijos serán una carga muy gravosa. La familia nuevamente pulverizada, dando por hecho que los hijos no pertenecen a los padres, sino a terceros o al Estado.

Pues señores, habrá quien quiera tener a sus hijos, que para eso lo son y la decisión les corresponde a ellos. Lo que quiere la Ley es reforzar la guarda de hecho, que puede corresponder a un Organismo Público y acabar en un centro de acogida, pues todo vale. Tal y como organizan la política social yo no las tengo todas conmigo. No señores, no todo eso no vale.

Me parece otro error suprimir la prodigalidad. Esta figura se creó cuando un cónyuge, ascendiente o descendiente depende económicamente de una persona que malgasta los recursos. Entonces se le limita judicialmente su capacidad de disponer de ese patrimonio. Familias con estos problemas, divorciados y rentas de alimentos impagados, si ahora pueden controlarse con esta medida, ahora ya será imposible.

Que este Gobierno quiera usar una Convención del año 2006 para sacar de la chistera una Ley que tenga a las personas con capacidad disminuida más lejos que cerca de su entorno familiar o que las familias estén más desprotegidas cada vez hemos de hacérnoslo mirar. Yo entiendo los cambios sociales y los modelos de familia. No entiendo tratar al individuo como si ésta no existiera.

Maria del Mar Codeseira Campazas

Máster en Dirección de Personal y Desarrollo de Equipos por la Universidad de Valladolid y Master en Derecho de Empresa en Confederación Española de Asociaciones Empresariales por la Escuela de Práctica Jurídica UNED, he realizado además diversos cursos de especialización en materias jurídicas en instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid o Consejo General de la Abogacía. Me inicié profesionalmente en el Servicio de Orientación Jurídica para el Colegio de Abogados de Madrid, prestando servicios en Juzgados de Plaza de Castilla y Juntas Municipales de distrito. He participado además en la redacción de artículos legales para la revista jurídica Usus Iuris y premios Secciones del Colegio de Abogados de Madrid y ejerzo de Abogada desde 1993, principalmente en materia civil y socio-laboral para autónomos y pymes. Adscrita a Turno de Oficio social, civil y penal.

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