Violencia de género/Violencia en el ámbito familiar. ¿Dónde está la diferencia? Por María del Mar Codeseira

Violencia de género/Violencia en el ámbito familiar.

“Llegada en diciembre de 2004 la Ley Integral de Protección contra la violencia de género, se centra en regular el delito de violencia únicamente al ámbito de pareja”

 

Decía Cervantes a través de su más conocido hidalgo “Sabed que soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, desfacedor de agravios y sinrazones”.

Muy visionario Cervantes. Lo veía venir. Al igual que los que trabajamos como siervos de la justicia y unos más que otros hemos tenido que lidiar con gigantes: La desprotección legal antes de que se regulara la violencia de género, la Ley que desde 2004 llegó por fin para por corregirla con algunos errores por oscurecer y un delito de violencia intrafamiliar que diría yo anda algo desatendido.

Eran los años muy iniciales años 90 cuando en mis cursos de práctica jurídica la policía explicaba que una persona víctima de violencia familiar llegando a comisaría y denunciando, con lesiones visibles no tenía más protección que ser ella misma la que se quedara en comisaría durmiendo aquella noche en el propio calabozo para no volver a la casa con el agresor.

Hablo de ella, porque efectivamente eran mayoría mujeres con sus hijos, pero había más personas de todo sexo y condición que mayormente no se acercarían por una vergüenza a ser tachados de blandos por sufrir maltrato en casa. Así estaban las cosas; un simple delito de lesiones para el agresor que con la reincidencia continuada podría ingresar en prisión mientras la víctima/s seguían viviendo bajo esas agresiones, salvo que tuviera valor de denunciar una a una todas y el maltratador fuera apartado tras un largo número de condenas.

Llegada en diciembre de 2004 la Ley Integral de Protección contra la violencia de género,(LIPVG) se centra en regular el delito de violencia únicamente al ámbito de pareja, persona con la que se tiene relación sentimental o se ha tenido, haya o no convivencia y a los hijos menores si los hubiera. Esta norma se ocupó de facilitar el camino a las parejas y ex parejas que sufren o han sufrido esta situación facilitando medidas ayuda policial y jurídica, (creando unidades policiales y Juzgados específicos), educativas-preventivas, socio económicas y laborales de ayuda a las víctimas. El legislador despertaba de aquel letargo vacío de desprotección.

De ella aplaudo que se ayuda a la víctima y los hijos, pero no que sea ella la única que levante sospechas, que con un “aleteo de mariposa” se consiga una orden de alejamiento del presunto maltratador que ya pasa a serlo sin más. Ejemplo: he asistido a la condena de un joven en juicio rápido por quebrantar una orden de alejamiento. Hubo condena previa, y de ahí la orden pero su error fue enviar un mail a su expareja preguntándole si había sufrido alguna desgracia por la pandemia covid-19. Los extremos tampoco son buenos. Y sigue habiendo víctimas. Una ya es demasiado. Algo no funciona.

Se deja fuera de la LIPVG otras personas del ámbito familiar, descendientes, ascendientes o personas del núcleo familiar sobre las que se tiene responsabilidad por vínculo parental o legal (tutela, guarda legal..) incluso aunque no se conviva, haciendo referencia a la dignidad de la persona; es el artículo 173.2 del Código Penal, que protege la “pacífica convivencia entre personas unidas por lazos relaciones familiares o estrechas relaciones de afecto o convivencia”.

Habría que plantearse si no sería ya hora de regular toda la violencia, el trato degradante hacia la familia en una sola Ley. Vivimos tiempos en que el concepto de familia ya no es lo que venía siendo. Hay parejas homosexuales, convivencias entre hermanos que no son de los mismos padres, custodias compartidas, parejas que conviven con ascendientes en dependencia no siendo sus padres, familias de distintas culturas…Y un largo etcétera.

“El Tribunal Supremo ha venido a centrar el objeto de lo que se debe entender como “violencia o maltrato habitual” de éste último tipo, la del ámbito familiar”

 

Coincidiendo con los 18 años de introducción del 173.2 del Código Penal (modificación de 30 de septiembre de 2003), hace escasos días, el Tribunal Supremo ha venido a centrar el objeto de lo que se debe entender como “violencia o maltrato habitual” de éste último tipo, la del ámbito familiar. Nada menos que 27 normas para centrar el debate jurídico. No voy a nombrarlas todas, solo las más relevantes:

-Mayormente la acusación se sostiene por el testimonio de la víctima.

-Se emplea violencia psicológica de dominación/subyugación/jerarquización por el maltratador.

-Estado reiterado de convivencia en un estado hostil y vejatorio, creando una situación insoportable para la víctima/víctimas que se siente permanentemente dominada y maltratada.

-Puede darse con o sin condenas previas. Habitualidad no equivale a reincidencia, tiene entidad.

– El número de personas maltratadas, el daño, la naturaleza del comportamiento por sí misma son factores para determinar la gravedad en la culpa y por tanto la condena.

– La/s victima/s percibe una situación de la que no puede salir y tarda en denunciar. Esa falta de denuncia no se tendría en cuenta para minimizar su credibilidad, pues se valora que la víctima suele no ser consciente de serlo y queda paralizada en la toma de decisiones.

Llegados a este punto, creo entender que el Tribunal Supremo está dejando entre líneas al legislador un aviso de que diferencias entre género y ámbito familiar no son relevantes, tienen el mismo perfil y quizá poner los medios sólo en género hace privar de ellos al resto de víctimas.

Imagino a Cervantes hablando por Don Quijote a su escudero que “más que un entuerto, que para desfacerlo está el Supremo, no cambiar sería una sinrazón, mi querido Sancho”.

Maria del Mar Codeseira Campazas

Máster en Dirección de Personal y Desarrollo de Equipos por la Universidad de Valladolid y Master en Derecho de Empresa en Confederación Española de Asociaciones Empresariales por la Escuela de Práctica Jurídica UNED, he realizado además diversos cursos de especialización en materias jurídicas en instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid o Consejo General de la Abogacía. Me inicié profesionalmente en el Servicio de Orientación Jurídica para el Colegio de Abogados de Madrid, prestando servicios en Juzgados de Plaza de Castilla y Juntas Municipales de distrito. He participado además en la redacción de artículos legales para la revista jurídica Usus Iuris y premios Secciones del Colegio de Abogados de Madrid y ejerzo de Abogada desde 1993, principalmente en materia civil y socio-laboral para autónomos y pymes. Adscrita a Turno de Oficio social, civil y penal.

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