Javier Ygartua Ybarra 
«Estamos en directo ante un golpe al Estado de Derecho y la Unión Europea sigue amparando a un gobierno que quiere llevar a España a sus tiempos más oscuros»
¿Os acordáis de esa película donde en Chicago, años treinta, dos timadores deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega que fue asesinado por orden de un poderoso gánster? Para ello organizarán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos. Pues algo parecido sucede en España donde Sánchez y la ETA tienen un plan mientras se juega el mundial de fútbol para convertir a España en una dictadura.
Pedro Sánchez ha consumado su golpe al Estado de Derecho para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa.
De la mano de separatistas y etarras, con 184 votos a favor frente a 64 en contra y una abstención, el presidente socialista, que no ha estado presente en el Congreso, ha sacado adelante este jueves una insólita reforma del Código Penal por la que se aniquila el delito de sedición y se rebaja hasta el mínimo la malversación.
Además, ha aprovechado para imponer un vuelco en el Tribunal Constitucional (TC), forzando un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría progresista en el máximo garante de la Carta Magna.
Durante estos días hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar de valentía y me pregunto donde estaba ayer Pedro Sánchez. A eso en mi pueblo se llama cobardía.
Sánchez ha maniobrado en el Congreso para tener lista la reforma cuanto antes. Así, ha aprovechado la tramitación de la proposición de ley por la que se suprime el delito de sedición para introducir, vía enmienda, la rebaja de la malversación y el cambio en la elección de magistrados para el Constitucional.
Esta treta, inconstitucional, le ha permitido una tramitación exprés, con el fin de que los cambios puedan entrar en vigor ya a finales de año, y prescindir de los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado.
La reforma del Ejecutivo es una nueva cesión de Sánchez a los líderes condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, a cambio de asegurarse la supervivencia en el poder.
La iniciativa afecta de lleno a los delitos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y otros dirigentes separatistas, que verán revisada su inhabilitación, puesto que el socialista ya indultó en su día sus penas de prisión.
En el caso concreto de Junqueras, la condena que le impuso el Tribunal Supremo fue de 13 años de cárcel y otros 13 de inhabilitación, por lo que la rebaja de la malversación le acerca a concurrir como candidato en unas próximas elecciones.
La reforma tiene varias derivadas.
Se rebaja la malversación, creando un nuevo tipo para castigar con entre 1 y 4 años de cárcel y entre 2 y 6 años de inhabilitación a la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado, siempre y cuando resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado.
En el caso de que no se aprecie ese daño como sostiene el separatismo que ocurre en el caso de los dirigentes condenados por el procés la única pena sería la inhabilitación de entre 1 y 3 años y una multa de 3 a 12 meses.
Por otro lado, se suprime por completo el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas, y se crea un nuevo delito de «desórdenes públicos agravados», castigado con un máximo de cinco años de cárcel, frente a los 15 de la anterior sedición. Existen serias dudas jurídicas de que los hechos del 1-O puedan tener encaje legal en este nuevo tipo.
Con todo, las cesiones de Sánchez no agotan la ambición de ERC, que reclama ya la celebración de un referéndum. El Gobierno lo niega en público, pero prepara una reforma del Estatut que incluya lo que los de Junqueras han renombrado como acuerdo de claridad, un marco legal para introducir la posibilidad de realizar consultas vinculantes.
En tercer lugar, Sánchez perpetra un asalto inédito al Poder Judicial, también vía enmienda. PSOE y Podemos fuerzan la sustitución de la mayoría de tres quintos que ahora requiere al menos 11 votos a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
Lo que ayer sucedió en el parlamento español, es un pasó más en la historia criminal del partido socialista.
Nunca el parlamento español estuvo en manos tan indignas como las de Meritxell Batet. PP y Ciudadanos no votaron en señal de protesta al entender que no se debería haber celebrado el pleno por no contar con la resolución del Tribunal Constitucional. Vox, por su parte, decidió ausentarse del debate
La presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, respondió negativamente a las peticiones de aplazarlo realizadas por PP, Vox y Ciudadanos.
Los diputados de la formación liderada por Santiago Abascal abandonaron en primaria instancia el debate en señal de protesta. ¿A qué esperan los señores del Partido Popular a unirse a la moción de censura? ¿No creen que ya es momento de tomar la acción y dejarse los lloros absurdos? ¿Hasta cuándo va a permitir el principal partido de la oposición a que nos insulten los socialistas todos aquellos que no concordamos con ellos?
Hay que, como dice Santi Abascal, seguir trabajando para censurar en el Congreso a un Gobierno ilegítimo que toma decisiones ilegítimas.
Es muy preocupante que el Constitucional haya tenido que aplazar su decisión por la presión recibida.
Como bien decía ayer Ortega Smith el golpe continúa: sedición derogada, malversación legalizada y Poder Judicial a punto de ser asaltado. Valentía y no cobardía señores del Partido Popular.
En política hay que mojarse no se puede estar tocando la lira mientras la democracia española es quemada por sus enemigos y por las traiciones del Partido Socialista.
Ninguna toga va a limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse.
Esas y otras amenazas a los jueces se escuchan a gritos ayer mismo en la tribuna del parlamento. Ya lo dijo ayer Abascal que los satélites mediáticos del gobierno alimentan la cacería contra el Tribunal que debe velar por el estado de derecho. Una semana estuvimos hablando de violencia política por una minucia. ¿Cuánto tiempo hablaremos de estas amenazas a los jueces y al Congreso?.
España está a los pies de los caballos frente a un Gobierno que no cree en la democracia ni en la separación de poderes.
Estamos en directo un golpe al Estado de Derecho y la Unión Europea sigue amparando a un gobierno que quiere llevar a España a sus tiempos más oscuros.
España ni se negocia ni se vende. España se defiende.
Cuando el Estado de Derecho se hunda y estos diputados, traidores a lo que un día prometieron, se pongan el pijama, pesará sobre sus espaldas la más alta traición a la democracia española.
Y no hacer nada, por omisión y cobardía, será el equivalente de vergüenza.
España está a los pies de los caballos frente a un gobierno que no cree en la democracia y que está dispuesto a todo. Se que Vox va a hacer todo lo que esté en sus mano para impedir el golpe. ¿Y el Partido Popular qué va hacer?
Por España yo no me rindo.
