Eugenio Narbaiza 
«En la madrugada de ayer, el juez instructor del 1-O Pablo LLarena, sufrió un ataque en su domicilio, en que se sospecha que pudieron intervenir jóvenes del mundo independentista»
Como si fuera una repetición de lo sucedido en los años de plomo del P. Vasco, en donde una banda terrorista y su brazo político pretendían amedrentar la vida y el trabajo de jueces y fiscales, llegando incluso a asesinarles y a condicionar su vida privada hasta el punto de que fue necesario proporcionarles una seguridad personal, en la madrugada de ayer, el juez instructor del 1-O Pablo LLarena, sufrió un ataque en su domicilio, en que se sospecha que pudieron intervenir jóvenes del mundo independentista, manchando los accesos al mismo de pintura amarilla.
Este nuevo intento de amedrentamiento de los jueces catalanes y en particular del Magistrado Pablo Llarena, es una nueva forma de presión hacia la justicia, ante la cercanía del proceso a los políticos presos por los acontecimientos del 1 de Octubre y que se verán juzgados en próximas fechas en la Audiencia Nacional.
«Los jueces en Cataluña se sienten indefensos y sin reacción tanto por parte del ministerio de justicia, como desde la presidencia del gobierno»
Esta situación, unida al hecho de que se está produciendo una desertización de las plazas judiciales en Cataluña, tal y como en reiteradas ocasiones han denunciado las asociaciones de jueces y fiscales a LA PASEATA, puesto que en las poblaciones pequeñas dada la presión a la que están siendo sometidos desde ámbitos del independentismo, es habitual que los jueces accedan al concurso de traslados hacia otras zonas de España, no es de recibo dado que se sienten indefensos y sin reacción tanto por parte del ministerio de justicia, como desde la presidencia del gobierno, siendo este, uno de los puntos vitales por los que estas asociaciones de jueces y fiscales han anunciado una huelga que inicialmente podría producirse el próximo día 19, pero que dependiendo de la respuesta del ministerio y de su titular, podría verse prolongada a distintas jornadas en el tiempo.
Ante esta situación y aunque hasta el momento de redactar esta información todavía no se ha producido una reacción oficial ni de la ministra de Justicia M. Dolores Delgado ni del presidente del gobierno Pedro Sánchez, la indignación contra este atentado no se
ha hecho esperar y así distintas fuerzas políticas como Cs y PP han exigido una respuesta inmediata tanto a la responsable del departamento, como a la presidencia del gobierno.
Esta situación de presión hacia los jueces que están relacionados con el encausamiento de los políticos independentistas encausados, no es de recibo que se produzca en una sociedad en la que la discriminación, el ataque y la coacción hacia quienes se sienten constitucionalistas o simplemente son servidores del estado de derecho desde distintas vertientes, no puede servir de instrumento para torcer la acción de la justicia, de quienes han vulnerado los preceptos establecidos en la Constitución Española.
Un gobierno de la nación, aunque tenga como socios a fuerzas independentistas con dirigentes encausados en este proceso, no debe de dejar de proteger a quienes, desde su trabajo, son garantes del ejercicio del estado de derecho y de la aplicación de la ley, puesto que, en esta situación, la calidad de la democracia tanto en España como en Cataluña, estaría en juego, haciendo tambalear uno de los pilares de los poderes del estado.
Es una vergüenza. Donde es Sánchez que no dice ni pio.