Manuel J. P. Lorenzo 
«Los enemigos de la Democracia Liberal aceptan entrar en sus instituciones y atacarlas desde dentro, en una especie de revolución silenciosa y de perfil bajo»
El concepto de Democracia Militante (en alemán, wehrhafte, o streitbare Demokratie, es decir, democracia combativa o democracia bien fortificada) viene del constitucionalista liberal alemán Karl Löwenstein, quien, desde su exilio en Estados Unidos huyendo del régimen nazi, en 1937 escribió dos artículos en los que defendía que el propio fundamentalismo democrático de la Democracia Liberal era el verdadero obstáculo para su propia supervivencia. Löwenstein defendió el resto de su vida que la democracia alemana había sido destruida por el Nacionalsocialismo porque no se había dado instrumentos de defensa, y luchó insistentemente por convencer de que las Democracias Liberales tenían que dotarse de esos instrumentos.
La nuestra es una Democracia Liberal. En efecto, dice el art. 1º CE que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; lo cual no significa que el nuestro sea un Estado Social y Democrático de Derecho, en vez de un Estado Liberal de Derecho. No. Tanto para la Ciencia Política, como para las Ciencias Jurídicas, el hecho de encontrarnos en el seno de una democracia constitucional, conlleva que nuestro Estado está configurado, por pura definición, como un Estado de Derecho, y hablar de Estado de Derecho es hablar de Estado Liberal de Derecho. Quiere decirse que no existe un Estado de Derecho que no sea Estado Liberal de Derecho, y que, por lo tanto, los adjetivos Social y Democrático, lo que hacen es calificar a más el de Estado Liberal, que se da por supuesto.
Por cierto, a mi juicio, el art. 1º CE yerra en el orden, salvo que esté describiendo nuestro Estado de Derecho desde el último llegado hasta el primero, lo cual tendría sentido, dado que se deja en elipse el calificativo de liberal, al darlo por sobreentendido. Quiero decir que, cronológicamente, el Estado Liberal de Derecho nos trajo los derechos civiles (derechos a la propiedad, de expresión, de reunión…); posteriormente, el Estado Democrático de Derecho consolidó los derechos políticos (sufragio universal, participación…); y, finalmente, el último en llegar, el Estado Social de Derecho ha perfilado los derechos económico-sociales, aunque, ciertamente, más como principios rectores que como verdaderos derechos subjetivos.
Dicho sea esto apuntado, solamente para evitar posibles confusiones desde el mismo principio de la exposición. Pero, lo ahora verdaderamente importante es apercibirnos de que nuestra Democracia no es una Democracia Militante, y es tan importante porque es un dato fundamental para poder valorar exactamente la protección que nuestro de Estado de Derecho ofrece a nuestro sistema democrático liberal, que me gusta definir como la suma de Democracia (es decir, quién debe gobernar) más Estado de Derecho (es decir, cómo se debe gobernar). Y ello es así porque, en la realidad política y social de la actualidad, a nivel mundial, han emergido movimientos populistas, que, lejos de plantear la lucha política y social al estilo de movimientos anteriores a ellos en el tiempo, han cambiado las coordenadas del juego político, ya no buscando una ruptura directa con el sistema (que ellos tachan de corrupto y endogámico), sino introduciéndose en su ADN y, una vez simbiotizados con él, conseguir su transformación desde dentro. Léase su destrucción. En efecto, lejos han quedado las revoluciones violentas o los golpes de estado: no, ahora los enemigos de la Democracia Liberal aceptan entrar en sus instituciones y atacarlas desde dentro, en una especie de revolución silenciosa y de perfil bajo. Tampoco olvidemos que el nacimiento de los partidos socialdemócratas y su abandono del marxismo supuso la aceptación, por parte del socialismo, de las reglas de juego liberales, olvidándose de la destrucción (violenta o no) del sistema capitalista, para, aceptándolo, intentar modificarlo desde dentro en dirección a su ideología. Pero cambiándolo, no destruyéndolo.
Según el politólogo alemán Jan-Werner Müller —opinión que comparto—, Democracia Militante supone un régimen político que adopta medidas iliberales para prevenir y evitar que se destruya el sistema democrático a través de medios democráticos. Estas medidas, fundamentalmente, se refieren a restricciones en derechos fundamentales, tales como el de expresión o el de participación política (por ejemplo, en Alemania se encuentran prohibidos el partido nazi y el partido comunista, y en Israel todos aquéllos que nieguen la conceptualización del Estado de Israel como Estado judío).
Hay que reconocer que, aunque sea práctico, no se compadece muy bien con el verdadero espíritu liberal: ¿tenemos que resignarnos a que haya que limitar nuestro sistema de derechos y libertades para defenderlo? Aceptar esta paradoja no deja muy bien a los defensores de la libertad, pero no hacerlo da a sus enemigos las armas que necesita para destruir esos derechos y libertades. El tema, como se ve, es muy profundo y complicado, y excede de un simple comentario escrito sobre la actualidad.
En Expaña, no hay absolutamente ninguna duda acerca de qué es lo que tenemos. Nuestra Constitución, en su Título X, contiene las normas constitucionales para su propia reforma, y, si atendemos a su dictado, nuestra Constitución puede ser reformada tanto parcial como totalmente. Que nuestra Constitución pueda ser reformada en su totalidad, supone que no existen lo que se denominan cláusulas de intangibilidad, es decir disposiciones que digan que alguna parte o artículo no puede ser reformado. Esto resulta muy peligroso: si no hay límites a la reforma constitucional y un partido consigue las mayorías suficientes, podría hacer que en nuestra Constitución desaparecieran principios básicos y fundamentales, algunos que sustentan el Estado de Derecho, tales como que España esté constituida en un Estado social y democrático de Derecho, que los valores superiores del ordenamiento sean la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que la soberanía nacional resida en el pueblo, que la forma de gobierno (aunque la CE dice “forma política del Estado”) sea la Monarquía parlamentaria, que sea indisoluble la unidad de la Nación española…, por reseñar lo que nos podría ser más chocante, si pensamos en la pervivencia de nuestro sistema de derechos y libertades, pero que se amplía a toda la Constitución.
Y, por lo tanto, a nuestro Tribunal Constitucional no le ha quedado más remedio que reflejar esta realidad en sus Sentencias, y afirmar que tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defenderse (incluida cualquier tipo de reforma), siempre que no sea través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y que se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución. La Constitución —ha dejado dicho— protege también a quienes la niegan.
Pero es que, por otra parte, tenemos que entender que esta decisión es de pura lógica, puesto que, si los enemigos del orden constitucional tienen medios completamente constitucionales para cambiarlo, lógicamente tienen que poder legalmente intentarlo, y, para ello, tiene que estar permitido que se organicen en movimientos, asociaciones o partidos políticos que defiendan ese otro orden distinto al nuestro. Es decir, no estamos en Alemania ni en Israel: en nuestro país no se puede ilegalizar un partido por su ideología, aquí nadie es ilegal por su forma de pensar ni por expresar lo que piensa. Nadie. Y, modestamente, creo que así debe ser, porque otra cosa nos haría convertirnos en ellos.
Pero lo que sí se puede es impedir que esa ideología cobre actividad y atente contra principios democráticos y derechos fundamentales. Y, por eso, nuestra Ley de Partidos Políticos es muy clara al advertir que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos, y también que los únicos fines explícitamente vetados son aquellos que incurren directamente en ilícito penal.
En Expaña, existen determinados partidos políticos cuyos fines se encuentran enfrentados a nuestra Carta Magna en diversos aspectos. Por ejemplo, el PSOE es republicano, con lo que sus propios fundamentos lo alejan de la Monarquía parlamentaria, como forma de gobierno de nuestro país; Podemos es un partido que defiende el Socialismo del Siglo XXI, es decir, el comunismo puro y duro, que históricamente aboga por la destrucción del sistema capitalista, para la imposición de un sistema socialista; Esquerra Republicana, Junts y Bildu abiertamente están en contra de la indisoluble unidad de la nación española; Falange Española es un partido fascista, alejado de la conceptuación de España como un Estado Liberal de Derecho… Sin embargo, todos son partidos legales y no merecen, por el simple hecho de su ideología, ningún tipo de tacha.
Esta realidad conlleva a otras tan indiscutibles como ella misma. La primera es que, siendo partidos legales, no se los puede arrinconar jurídica ni políticamente ni pretender privarlos de cualquier facultad que les otorga el derecho fundamental a la participación política. Y, derivada de ésta, que es impensable descartarlos como sujetos políticos para llegar a acuerdos políticos y pactos de legislatura. En otras palabras, el Gobierno actual tiene perfecto derecho a pactar con cualquier partido legal todo aquello que le plazca, y viceversa, por mucho que moralmente nos repugne a uno o a miles. Los actos verdaderamente despreciables del PSOE no son pactar con partidos que son legales y no pueden ver disminuidos ninguno de sus derechos políticos; esos actos que nos repugnan a millones de ciudadanos son la torticera motivación de los mismos, el precio que vemos que es capaz de pagar por sus pactos y el daño que hacen al sistema y a la nación en su conjunto. Pero es importante no confundir los términos.
Todos estos partidos contrarios en sus ideologías a determinados aspectos de nuestro texto constitucional no pueden ser tachados de ilegales o ilegítimos simplemente por ello. Y solamente lo podrán ser si sus actos clara y continuadamente contradicen los principios democráticos protegidos por nuestra Constitución, o, por otra parte, si sus fines inciden en ilícito penal (es decir, como reza la ley, si incurren en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal, o, en otras palabras, que promuevan la comisión de delitos; y por ello es muy importante que vuelvan a ser delitos la declaración de independencia y la convocatoria de referéndums ilegales).
La enseñanza que debemos sacar de todo esto que, primero, nuestro sistema de derechos y libertades es de los más liberales del mundo y de los más respetuosos con los derechos fundamentales de la persona (todos: civiles, políticos y sociales), hasta el punto de admitir que, ideológicamente, operen legalmente partidos que estén en contra de todo lo que nos define como demócratas liberales. Segundo, que debemos estar orgullosos, por muy peligroso que sea para nuestro Estado de Derecho, porque nos hace sin duda mejores que ellos. Y, tercero, que, como consecuencia, mientras no cambien sus manifestaciones ideológicas o pasen al acto, no es posible ilegalizar a ninguno de esos partidos contrarios a disposiciones constitucionales, y tienen perfecto derecho a ejercer su derecho fundamental de participación política (incluso pactando con un Gobierno vendepatrias).
No; habría un cuarto: que, por mucho que le guste al PSOE, no vale la Ley del Embudo. Da verdadero asco intelectual ver a Sánchez y sus muñecos pactando con partidos comunistas, con partidos herederos y llenos de terroristas y con partidos que han declarado la independencia de una parte de España, otorgándoles legitimidad y repartiéndoles carnés de demócratas y, a la vez, insinuando y a veces verbalizando expresamente que PP y VOX no son partidos constitucionales, o constitucionalistas, para embarrar la realidad.
Por cierto, el primer acto de cualquier partido fascista o comunista es negar la existencia a sus contrarios ideológicos y, con ello, tratar de impedir la alternancia política, cancelando disidentes, pactando cordones sanitarios y levantando muros. La Democracia española no es Militante, pero para todos, no solamente para los amiguetes de Sánchez, totalitarios de m****a.
