Fernando M. Gracia Climent 
«Se hace urgente y plenamente justificado su reconocimiento como profesión de riesgo, en consonancia con su grado de exposición y responsabilidad»
En el marco de un Estado democrático de derecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan una función insustituible como garantes del orden constitucional, la seguridad ciudadana y el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. No son únicamente agentes operativos del poder público. Son servidores públicos cuya labor diaria sostiene, muchas veces en silencio y con sacrificio, la estructura de convivencia que permite la vida en sociedad. Cuidar de ellos y defender su labor no es una opción ideológica, sino un imperativo cívico y moral de toda nuestra sociedad.
La misión que les atribuye el artículo 104 de nuestra Constitución es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana y cobra especial relevancia en un contexto de creciente complejidad social, fragmentación institucional y amenazas de carácter global. Las FFCCSE actúan en la intersección entre la legalidad y la realidad, encarnando la presencia concreta del Estado en todo el territorio nacional. Sin su intervención profesional y decidida, el Estado quedaría desprovisto de su capacidad operativa para hacer cumplir la ley y preservar la paz social.
Esta labor exige no solo capacitación técnica, sino una vocación de servicio público que se traduce en disciplina, lealtad institucional, renuncia personal y, en muchas ocasiones, exposición al peligro. El desempeño de sus funciones implica un alto grado de sacrificio con jornadas prolongadas, traslados constantes, servicios en condiciones adversas, tensión permanente e incluso riesgo vital. Ese compromiso sostenido merece no solo gratitud social, sino un reconocimiento público en forma de respaldo institucional, garantías laborales y consideración jurídica específica. Es por ello que se hace urgente y plenamente justificado su reconocimiento como profesión de riesgo, en consonancia con su grado de exposición y responsabilidad.
A la altura de ese compromiso debe situarse la dotación de medios y recursos. No puede exigirse eficacia en la protección del orden público si no se proporciona el equipamiento adecuado, formación continua adaptada a los nuevos desafíos como el crimen organizado transnacional, la ciberdelincuencia o los fenómenos de radicalización, y condiciones laborales dignas. La inversión en seguridad no debe concebirse como un gasto, sino como una garantía estratégica de estabilidad democrática.
Asimismo, resulta inaplazable la equiparación salarial entre los distintos cuerpos policiales que operan en el ámbito estatal, autonómico y local. La igualdad en el riesgo y en la responsabilidad funcional debe ir acompañada de una igualdad retributiva que respete el principio de justicia material. La disparidad actual no solo genera agravio comparativo, sino que erosiona la cohesión y la moral de quienes, desde diferentes uniformes, sirven al mismo Estado.
En este marco, cobra especial relevancia el principio de obediencia debida, recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según la legislación española, este principio establece que los miembros de estos cuerpos deben obedecer las órdenes legítimas de sus superiores, salvo aquellas que constituyan delito. Esta matización no es menor porque subraya el equilibrio entre jerarquía y legalidad, y sitúa a cada agente no como un mero ejecutor, sino como un sujeto responsable ante la ley. La obediencia debida no exime de responsabilidad penal cuando la orden recibida vulnera el ordenamiento jurídico. Por tanto, la estructura jerárquica se inscribe dentro del marco del Estado de Derecho, reforzando la legitimidad de su actuación y la exigencia de ejemplaridad.
Pero tan importante como la dotación material y la justicia retributiva es el reconocimiento moral de quienes encarnan, con ejemplaridad y espíritu de servicio, una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía. El cumplimiento del deber en circunstancias difíciles, muchas veces hostiles, no puede ser objeto de indiferencia. Es un ejercicio de honor que debe ser reconocido, no solo legal o administrativamente, sino también simbólicamente. La defensa del interés general, cuando se realiza con honestidad, vocación y entrega, exige de la sociedad un respeto firme y sostenido. Porque el honor y la satisfacción por el deber cumplido es también parte del alma de una nación.
Todo ello no exime de exigir a nuestros Cuerpos de Seguridad y Defensa el más alto estándar ético y de responsabilidad. El respaldo ciudadano y político debe ir acompañado de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, formación en derechos humanos y protocolos de actuación que refuercen su legitimidad social. Pero el cuestionamiento generalizado, la estigmatización ideológica o el menosprecio gratuito debilitan no solo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino al conjunto del Estado democrático.
En tiempos de incertidumbre, fragmentación institucional y polarización política, las FFCCSE constituyen un bastión de estabilidad. Defender su labor, garantizar su dignidad profesional y fortalecer su papel institucional no es un acto de corporativismo, sino una apuesta decidida por la legalidad, la libertad y la paz social. Porque cuidar de quienes nos cuidan es un deber cívico, y honrar a quienes cumplen con su misión con ejemplaridad, es también honrarnos como sociedad.
Honor a los caídos en el cumplimiento del deber.
