Antonio de la Torre 
«Al final, el “modesto” concejal de Milagro hizo bueno el conocido refrán de a todo Cerd…án le llega su San Martín»
No descubro nada nuevo destacando lo que fue noticia –esperada por otra parte– al comienzo de la semana que termina, la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente del ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por su más que presunto papel en una trama de reparto de comisiones por, también, más que supuestas adjudicaciones irregulares de obras públicas. El juez le atribuye un «específico papel» en la trama del caso PSOE, con «notabilísimos indicios» de que negoció, recibió y repartió, presuntamente, claro, ‘mordidas’ de constructoras, a cambio de adjudicaciones de obra pública de manera irregular, considerando que el ex número tres –el dos realmente– del PSOE pudo incurrir en delitos de “integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias”. Pero sí conviene hacer algunas reflexiones sobre el personaje en cuestión y sobre ese partido que llegaba de vuelta al gobierno para acabar con la corrupción del PP –una simple travesura al lado de lo que se está conociendo del PSOE, aunque toda clase de corrupción sea repugnante– que, haciendo honor a su historia, no hacía sino rematar un episodio más de corrupción, en esta ocasión aún más por todo lo alto.
Al final, el “modesto” concejal de Milagro hizo bueno el conocido refrán de “a todo Cerd…án le llega su San Martín” y desde ese pequeño municipio navarro donde el técnico en electrónica industrial –en su currículum aparece un segundo grado de FP por toda formación “académica”– vio la luz allá por 1969, ha llegado a su actual “residencia” de Soto del Real, como actualiza puntualmente su biografía la “enciclopedia libre” Wikipedia. No sé yo si su año de nacimiento habrá podido marcar esa conocida afición a los clubes de alterne en los que conoció al aizcolari Koldo García en su época de controlador de accesos de uno de nombre La Estrella, en el que, según se dice, pudo ponerlo en contacto con el que después sería su jefe, José Luis Ábalos, al parecer también aficionado a frecuentar esos locales, antes de que los tres dieran el salto al primer plano de la política nacional –algo que también puede calificarse de “milagro”, con minúscula, y sólo posible en España o república bananera de baja estofa, a lo que nos vamos encaminando– y formaran parte de la banda del Peugeot, que definitivamente los unió para el mal.
Y como buen socialista, no le faltó tiempo, antes de su ingreso en prisión, para solicitar, “¿qué hay de lo mío?”, esa escandalosa indemnización a la que al parecer tienen derecho sus señorías por su “encomiable e intensa labor” en pro de los ciudadanos a los que dicen representar mirando por un Estado del bienestar, aunque en realidad no hacen sino utilizar para el bienestar de su estado. En este caso reclamaba, no sé si la preocupada señora Paquita Armengol habrá librado ya esa cantidad en su agilidad sanchista o lo habrá frenado como le ha pedido el Partido Popular, 19.000 € y yo me pregunto si a un señor que se ve obligado a dejar su escaño –su puesto de trabajo, en definitiva– por corrupto, y a los pocos días se confirma esta condición con su ingreso en prisión, le puede corresponder indemnización alguna. No he visto nunca que a un trabajador del sector privado cuyo despido se considere procedente, la empresa que lo despide le tenga que indemnizar en nada, pero ya sabemos que en política las cosas no discurren por los caminos de la lógica laboral/empresarial y son ellos los que se votan sus sueldos, prebendas y derechos, barriendo siempre para casa. Otra cosa que alguien debería plantearse cambiar y que sean los socios, es decir los ciudadanos que los “elegimos”, los que aprueben esos emolumentos que seguramente puede que fueran bajos si la cualificación de los perceptores fuera la que corresponde, que no es el caso en una notable mayoría de nuestros supuestos representantes en ambas cámaras.
Pese a tanta evidencia, la que María Jesús Montero citaba como “una persona que no tiene que ver con el PSOE”, desconocida ahora por todos los que ponían la mano en el fuego en las últimas semanas –la propia Marisú, Fernando ¿Grande? Marlasca o Félix Bolaños, por citar sólo a tres– o, como el propio Pedro Sánchez, que decía que era “un buen socialista, un buen secretario de Organización y un buen negociador. Una persona muy próxima y de total confianza”, Santos Cerdán, ha presentado un recurso contra su ingreso en prisión y está gozando de ciertos privilegios. Pese a que el Reglamento de visitas prescribe que su abogado, en su caso el independentista Benet Salellas, puede visitarlo en cualquier momento previa comunicación antes de las 14:00 horas del día anterior, se permitió que tan sólo tres horas después lo hiciera y acompañara la visita de otro abogado no personado en su defensa, Jacobo Teijelo, uno de los que aparecía con la “cloaquera” del PSOE Leire Díaz en aquella reunión en la que se ofrecía beneficios fiscales a un empresario a cambio de datos contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO).
Y tampoco es usual que lo recibiera el director de la prisión minutos después de su ingreso dándole la bienvenida en el módulo de ingresos, al que se desplazó, y del que ha sido trasladado a otro pabellón en el que goza de celda individual, en lo que parece otro privilegio. Ya veremos cómo avanza la búsqueda en varios países que la UCO está realizando por indicación del Tribunal Supremo del posible patrimonio que Cerdán habría ocultado, del que se investigan 19 cuentas y la posible existencia de cajas de seguridad en entidades bancarias con dinero en efectivo, sobre lo que el auto explicita que “Habida cuenta del incipiente estado de la investigación respecto de don Santos Cerdán, se desconoce todavía su verdadera situación económica y los posibles contactos y/o recursos de los que pudiera disponer en el extranjero”. Y no menos interesante puede resultar la alusión a “Gracita” Bolaños que hizo Cerdán cuando su abogado le preguntó si había participado en la redacción de la ley de amnistía: “Sí, porque Junts era el partido esencial para conseguir la investidura de Sánchez” y dijo del ministro tres en uno que “Siempre fue el negociador, por eso va a ser el siguiente objetivo”.
También puede ser interesante la posible implicación de Santos Cerdán, que estuvo al mando de la comisión mixta del Congreso y el Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en la compra de material para el COVID, sobre lo que la Guardia Civil investiga una presunta trama de corrupción en la que el papel de Cerdán pudo ser clave para «descafeinar» la fiscalización, según fuentes conocedoras de la operación, que salpica a miembros del núcleo duro del presimiente, aunque la sanchista Enriqueta Chicano, a la sazón presidente del TC, sostuvo que los contratos de la pandemia “se ajustaron a la ley” .
Y como a rey muerto, rey puesto, el ingreso en prisión del negociador en Bruselas y Suiza con Carlos Puigdemont ha hecho que aparezca de nuevo en escena José Luis Rodríguez Zapatero, el “jefe” que aparecía en el informe de la UCO y que ya acompañó al preso en algunos de sus veinte viajes a Suiza entre el 30 de octubre de 2023 para el pacto de investidura y 2024. El asesor de Nicolás Maduro y amigo de Delcy Rodríguez, se apresuró en pedirle al fugado de Waterloo que apoye la conocida como Ley Bolaños que ha sacado a la calle y llevado a la huelga a más del 70% de jueces y fiscales. Petición que no ha tardado en ser respondida en la línea de aprovechamiento de la situación del resto de socios y apoyos que manifestaban hace unos días Gabriel Rufián y Arnaldo Otegui. En este caso han sido una treintena de enmiendas y el premio gordo de crear un Consell de Justicia de Catalunya (CJC), que asumiría buena parte de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convirtiéndose en el órgano de gobierno de los jueces en Cataluña. Por cierto que un exdirectivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA ha entregado documentos comprometedores que sitúan el origen del escándalo sobre la trama de los hidrocarburos en las conversaciones directas entre Zapatero y Nicolás Maduro. Otro asunto que promete.
Y entre rumores de amaño de las primarias socialistas de 2017 y de las primarias andaluzas de 2021, el Número Uno movió pieza y en vísperas del comité federal del sábado, que en vista de las circunstancias tuvo que cambiar la sede prevista de Sevilla por la más controlada y controlable de Ferraz, anunciaba que cambiará el Código Ético del PSOE para expulsar a los militantes que recurran a la prostitución. Una medida que no sé yo si precipitará aún más la desaparición del partido sanchista porque entre los que hacen a pelo y a pluma no me atrevería a asegurar que haya muchos de ese núcleo que no recurran a esos consumos.
Bromas aparte y después de conocer nuevos mensajes de WhatsApp revelando que el presidente de la Audiencia Nacional José Manuel Navarro le adelantaba a José Luis Ábalos en agosto de 2020, en plena plandemia por cierto, que “A los efectos que procedan, en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero –el jefe de los mozos de escuadra durante el golpe de Estado del independentismo del 1-O–. Mientras tanto no puede ser público…”, y un mes después le precisaba “Buenas tardes, José Luis; la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero y publicarán en cualquier momento la absolución, para que lo manejéis”, se celebró el citado comité federal del partido sanchista en el que hubo cambio de cromos, con alguna sorpresa que no estaba prevista y que al final no sé si se tratará de un simple cambio de “embutidos”, chorizos por morcillas. Porque la sustitución del segundo secretario de Organización consecutivo imputado y, en este caso, encarcelado, por una secretaria y tres adjuntos deja algunas dudas.
La nueva secretaria sucesora del encarcelado, Rebeca Torró, actual secretaria de Estado de Industria, en su etapa de consejera de Política Territorial de la comunidad de Valencia, con el favorecedor de hermanos Ximo Puig –parece que no hay sólo un “hermanísimo en este partido– adjudicó contratos a una de las empresas que aparecen en la trama Cerdán. Se da la circunstancia de que su actual jefe de Gabinete, Jaime Peris Pascual, trabajó durante años para una de las empresas clave en la red de corrupción que salpica al Gobierno. Antes de iniciar su carrera política, entre 2011 y 2015, el tal Peris dirigió el departamento legal de Levantina Ingeniería y Construcción, propiedad del empresario José Ruz, imputado por el Tribunal Supremo, y una de las compañías investigadas por llevar a cabo pagos ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.
Junto a la señora Torró estaban previstos tres adjuntos, Anabel Mateos, que asumirá además la Secretaria de Coordinación Territorial; Borja Cabezón, que mantendrá también la Secretaría de Transparencia y Acción Democrática y el gran amigo de su sanchidad, Paco Salazar, como número dos de la primera y persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno que lo tiene de secretario general de Coordinación Institucional en La Moncloa y que mantendría su puesto en la Ejecutiva Federal como secretario de Análisis y Acción Electoral. Pero aquí saltó la sorpresa y nada más conocerse el nombramiento de este último, apareció la acusación de varias mujeres sobre «comportamientos inadecuados» por su parte, lo que ha terminado con su renuncia antes del inicio del Comité Federal, abandonando voluntariamente también el cargo antes citado y solicitando ser apartado provisionalmente de sus responsabilidades en la Moncloa.
Todo un golpe bajo para un Sánchez encajador que se presentaba sonriente ante los suyos: “Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco, un capitán que no se va y se queda a capear el temporal, porque soy consciente de mi deber como secretario general y presidente del gobierno”. Todo eso después de volver a defender su inocencia por “la dolorosa traición sufrida, porque confié en ellos y no supe ver qué había detrás. Me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían”. Algo muy difícil de creer después de todo lo que hemos sabido de la banda del Peugeot y sus andanzas desde 2017 y de que las “irregularidades” que se investigan en las diferentes tramas de sus tres mosqueperrros empezaron en abril de 2019, a los pocos meses de llegar a la Moncloa tras la moción de censura, lo que hace pensar que el proyecto ya venía armado de atrás. Y una de dos, no se enteró en tantos años, lo que pone en sería duda su capacidad como secretario general del partido y presidente del gobierno o lo sabía y se quiere ir de rositas, lo que augura algo más serio que, en cualquier caso, debería ser precedido de una inmediata dimisión. Pero lo que queda claro es que en uno u otro caso su actitud supone un descarado insulto a la inteligencia de la ciudadanía, a la que toma por tonta desde hace años. Algo que no se puede permitir. Por eso el charlatán Emiliano García Page, en su línea crítica que muchas veces no se corresponde con sus actos, se lo dejó claro en este último comité federal pidiéndole que se someta a una moción de confianza o que convoque elecciones. Lo que sin duda no hará porque sabe que el sillón le salvaguarda, de momento, de un horizonte no muy lejano al que envuelve a sus tres compañeros de viaje.
También coincidió el último fin de semana el congreso extraordinario del Partido Popular que no sé si desde su nueva organización cambiará de política y se decidirá a presentar la moción de censura para la que, por ahora, le siguen faltando apoyos después de que, como era lógico, se negará a ir a Bruselas a negociar con el fugado y de que el traidor partido de Sabino Arana, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), siguiera en su errática y contradictoria línea de actuación. Pero ese análisis no toca ahora, aunque me queda la curiosidad de saber si fueron votos nulos o quiénes conformaron ese 0’26% que le faltó a Alberto Núñez Feijoo para redondear su triunfo, ya que resultó reelegido como presidente por el 99’74 % de los asistentes.
