Patricia R. Corchado 
«Esta situación no hace sino acrecentar la pérdida de confianza en el sistema. Y mientras tanto, la democracia ya pende de un hilo»
Una vez más, el Gobierno muestra su apoyo irrestricto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a la acusación por supuestas filtraciones vinculadas a Alberto González Amador. Este hecho no ha mermado ni un ápice la confianza del Ejecutivo, que le ha reiterado su respaldo a través de las palabras del líder socialista: “Respaldamos la acción del fiscal general del Estado”.
La rueda de prensa del pasado martes fue muy ilustrativa. Pedro Sánchez, con un semblante desafiante, afirmó que “el fiscal cuenta con toda nuestra confianza”, calificando los señalamientos como lo ha hecho en otras ocasiones: todo forma parte de “una campaña orquestada para debilitar las instituciones democráticas”.
Y eso a pesar de que, desde hace meses, muchos medios de comunicación y otras organizaciones han documentado irregularidades graves en la oficina del fiscal general. Entre ellas, cabe destacar la desaparición “estelar” de pruebas clave para diversas investigaciones, así como los supuestos encubrimientos a altos funcionarios cercanos al poder. Eso sí, la Fiscalía ha mantenido todo este tiempo un silencio sepulcral.
A lo largo de estas legislaturas hemos comprobado cómo el presidente del Gobierno ha intentado acabar con la separación de poderes y con el Estado de derecho, en un auténtico secuestro institucional en tiempo real. Algunos politólogos y juristas afirman que “el respaldo del Gobierno al fiscal no es solo político, es estratégico: le garantiza impunidad a cambio de su lealtad inmediata”.
El propio Gobierno, acogiéndose al artículo 31 del Estatuto del Ministerio Fiscal, podría cesar al fiscal, como se contempla en los supuestos recogidos por la ley. Sin embargo, no se observa voluntad política alguna de llevarlo a cabo. El fiscal fue nombrado por una mayoría afín al oficialismo.
El juez Andrés Palomo se ha desmarcado de la decisión de procesar al fiscal general, al considerar insuficiente la coincidencia temporal de los hechos. No obstante, sus compañeros de sala, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, sí han apreciado indicios y lo señalan como responsable directo de la filtración de datos relativos a la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si el propio Estado no garantiza la justicia, ¿quién lo hará?
Mientras tanto, el fiscal general continúa impertérrito en su cargo, algo demasiado común dentro del sector socialista. Blindado por el poder que le ofrece su puesto y protegido por la complicidad del Gobierno, esta situación —históricamente reiterada— no hace sino acrecentar la pérdida de confianza en el sistema. Y mientras tanto, la democracia ya pende de un hilo.
