Diego J. Romero Salado 
«¿Viviendas asequibles y dignas? Destruyan el infierno fiscal que rodea al sector de la construcción y liberalicen el suelo»
A bote pronto, a más de un lector, le puede sorprender e, incluso, calificar el título de puro “populismo”, lo cual puedo entender; pero a lo largo de las siguientes líneas trataré de desenmascarar algunos “agujeros negros” que forman parte de la galaxia de conforma el entramado del sector de la vivienda y que inciden en su encarecimiento. Tales “agujeros negros” para muchos ciudadanos resulten desconocidos, no así para la “fauna carroñera” que dificulta un derecho básico para conformar una familia, sin tener que hipotecarse de por vida.
Como punto de partida, resulta necesario recordar que el motor económico de nuestro país es y ha sido siempre el sector de la construcción. Basta con recordar la era de oro que supuso el “boom inmobiliario” a finales de la década de los 90 y hasta el año 2008, en que estalló la burbuja inmobiliaria; estallido que se produjo en parte por la infiltración del “virus” de la quiebra del gigante americano Lehman Brothers en septiembre de 2008. Con ello quiero transmitir que la España de aquel período crecía a ritmos agigantados, llegando en el primer lustro del presente siglo casi al pleno empleo. La gente veía cómo subían año tras año los precios de la vivienda hasta cotas estratosféricas, disparatadas e inalcanzables para el español medio. Los sueldos del sector laboral de la construcción eran, también, altísimos, y la demanda de suelo brutal.
Y de igual manera, los bancos y cajas de ahorros pasaban por alto los filtros de riesgo de impagos a la hora de otorgar préstamos hipotecarios. Poca gente previó la que se avecinaba en septiembre de 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Prueba evidente de ello, fue que los títulos-valores de las empresas de construcción cotizadas en el IBEX 35 – que no paraban de subir- cayeron más de un 50 %. Entre algunas de ellas, Sacyr Vallehermoso con una caída del 74,34%. Acciona y Ferrovial con descensos del 58,9% y del 59,3%, respectivamente.
La bancarrota de Lehman Brothers y la venta de Merrill Lynch sacudió a los mercados europeos y a la Bolsa de Nueva York (NYSE), tras su desplome el lunes negro de 15 de septiembre de 2008. Merrill Lynch, por su parte, se vio obligado a aceptar una oferta de compra lanzada a última hora por Bank of America, el primer banco de EEUU por capitalización y el segundo por activos por detrás de Citi que horas antes había renunciado a comprar Lehman, negativa de la Fed y del Tesoro a financiar el rescate de Lehman.
En España se inició una crisis sin precedentes, estando el país al borde del rescate. De hecho, la ineficacia de las políticas económicas de los gobiernos socialistas de Zapatero, que en parte sobrevivió en sus primer gobierno gracias a la herencia económica -con sus aciertos y errores, que recibieron de su antecesor, José María Aznar, tras levantar a España después de los gobiernos de Felipe González -quien tuvo que soportar cuatro huelgas generales, cuando los sindicatos de clase defendían a los trabajadores, a diferencia de la actualidad-, llevaron a la economía española, en parte contagiada por los mercados internacionales, a la ruina; ruina que heredó, en las elecciones generales de 2011, el primer gobierno de Mariano Rajoy.
De hecho, aunque el que fuera ministro de Economía con Zapatero, Pedro Solbes, asegurara que las cuentas del Estado estaban saneadas, así como el sistema financiero, lo cierto y verdad fue que cuando los populares llegaron al poder por mayoría absoluta de Rajoy, se encontraron una realidad muy distinta: España estaba al borde del rescate financiero. Desde aquel entonces las políticas económicas de nuestro país han sido -y siguen siendo- supervisadas de facto por el “Bundesbank”. La UE y el Banco Central Europeo son quienes nos dirigen con “mando en plaza”, ya que en el año 2000 cedimos parte de nuestra soberanía como Estado libre e independiente, para convertirnos en una colonia dependiente de las decisiones económicas y financieras que residían en el Banco de España -hoy en día convertido en un vestigio del pasado y algo simbólico-, guste o no guste, cedimos nuestra SOBERANÍA, cedimos el elemento más importante de un Estado independiente conforme a la Carta de Naciones Unidas; cedimos nuestra MONEDA, cedimos LA PESETA, para ser esclavos del EURO. No conozco a ninguna familia de clase media y trabajadora que no afirme que desde la desaparición de la peseta pueda ahorrar.
Estimadas damas y caballeros, si no llegamos a fin de mes, cómo y de qué manera nuestros hijos -utilizo el neutro- van a poder vivir y pagar una vivienda, sin hipotecarse para toda sus vidas. Desde los atentados del 11-S de 2001, el mundo cambió, y desde los del 11-M de 2004 en Madrid, a España ya no la reconoce ni la madre que la parió, como predijera en la década de los 80 el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra: yo tampoco lo reconozco actualmente a él, pero para mejor. España se ha convertido en un país donde resulta muy caro vivir para la clase trabajadora, pymes y autónomos, a excepción del hipertrofiado sector público, clase política y oligarquía financiera, como ocurre en países bajo regímenes totalitarios, como Venezuela. Aquí productos y servicios de primera necesidad se han convertido en artículos de lujo, habiéndose encarecido a niveles superlativos la luz, agua, alimentos básicos, combustibles, etc.
Principiaba mi análisis con una advertencia, no quisiera ser tachado de “populista” o “demagogo”, pero no me importa ser tachado de “políticamente incorrecto” si ello conlleva a poner en primera línea a los españoles de a pie frente a los que viven a costa del sacrificio de aquellos. A tal fin, cabe recordar que somos el país de la UE con la cifra de desempleo más alta y que, a diferencia de otros países vecinos como Portugal -socialdemócrata- con los impuestos a autónomos y pymes tan atractivos que muchas empresas españolas se han trasladado allí-, Italia -con las políticas de Giorgia Meloni de rebaja sustancial a los autónomos italianos-, Irlanda -quien superó el rescate con políticas económicas de corte liberal y, por tanto, de estímulo al emprendimiento y crecimiento del sector privado-, entre otros muchos más; lo que sitúa a España en un auténtico ‘infierno fiscal’: mucho más se recauda para el erario público con los impuestos bajos, ya que produce un efecto de atracción al inversor y, de otro lado, hace que vaya desapareciendo la economía sumergida.
Pues en cuanto al precio de la vivienda, pasa lo siguiente y pongo un ejemplo, si una casa media (120 m2) cuesta 300.000 € en una zona rural, como la provincia de Sevilla, ó 600.000 € en Madrid, no es por los tipos de interés referenciados al euribor (variable entre el 1 y el 3 % durante los últimos diez años), sino por otros factores que inciden en el proceso urbanizador, para los que la Ley del Suelo de 2008, que aprobó el gobierno de Zapatero con la finalidad de abaratar los costes no ha resultado favorable, ya que rebajando el justiprecio de los terrenos rústicos de un plan urbanístico no se ha producido una rebaja del precio de la vivienda; aquel supuesto ahorro que auguraban con la referida Ley del Suelo, derogando el sistema de valoración anterior, no ha repercutido en el precio final, ya que dentro del complejo proceso urbanizador -Agente Urbanizador- son otros operadores los que se aprovechan de la escasa valoración del suelo, para lucrarse aún más. Y esto mismo lo oí en Madrid en un curso sobre la repercusión del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, que derogaba la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.; curso que fue impartido por un magistrado de lo Contencioso-Administrativo.
¿Entonces, por qué son los precios de la vivienda inasequibles? Miren el 50 % de la vivienda tras obtener la cédula de habitabilidad y proceder a la división horizontal e inmatriculación registral son impuestos y tasas: he dicho IMPUESTOS Y TASAS. Y cerca del 50 % costes de ejecución: materiales y costes laborales. ¿Entonces dónde está la ganancia del agente urbanizador, como ente abstracto y general del sistema desde el proyecto que se presenta a la Administración Pública? Pues es bien sencillo: en el incremento del precio final.
Así las cosas, si se rebajaran los impuestos y tasas –Javier Milei ha conseguido que Argentina sea elogiada por JP Morgan, creciendo a un ritmo exponencial- de todo tipo que recaen desde que se presenta un proyecto de convenio urbanístico hasta la finalización del procedimiento urbanístico por un inversor, pasando todos los filtros, incluido el proyecto de impacto de género -no sabía que también en una cuestión técnica-urbanística fuera necesario-, liberalizando el suelo, incrementando la autonomía del municipio en cuanto a la ordenación de su territorio, de modo similar a la Ley 7/2021,de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), podría creerme que, por fin, pudiera regularse un precio máximo de venta de viviendas protegidas, como fueron las viviendas a precio tasado, algunas de ellas con más de 140 m2, de las cuales existen muchas en las principales ciudades de España, muy dignas y amplias, con ascensor -lo cual cuando se construyeron era un lujo-. Aquellas viviendas a precio tasado -que no deben confundirse con las actuales VPO o las antiguas del Real Patronato de Casas Baratas-, fueron reguladas mediante Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprobó el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado por Decretos 2131/1963, de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre.
En Sevilla, el que fuera ministro de Vivienda, don José Utrera Molina, padre de mi compañero y amigo don Luis Felipe Utrera Molina Gómez, para dar ejemplo de austeridad, vivió y residió cuando fue Gobernador Civil de Sevilla en una de aquellas viviendas y quien suscribe. No como hoy, el pueblo sin vivienda y los políticos en áticos y viviendas de lujo, como la de los marqueses de Galapagar.
