Francisco G. Valencia 
«La política española asiste hoy a un nuevo capítulo de degradación institucional que, bajo el paraguas del sanchismo, parece no tener fondo»
La política española asiste hoy a un nuevo capítulo de degradación institucional que, bajo el paraguas del sanchismo, parece no tener fondo. La reciente renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado no ha servido para higienizar el hemiciclo, sino para evidenciar la podredumbre de nuestro sistema de representación. Al exministro encarcelado, señalado directamente por ser un corrupto en todos los ámbitos habidos y por haber, le sustituye en la banda criminal socialista Ana María González Herdaro, cuyo principal «mérito» para ocupar un asiento en la soberanía nacional es una condena penal por conducir bajo los efectos del alcohol. Este relevo no es un accidente; es el síntoma de un sistema —el de las listas cerradas y bloqueadas— que ha secuestrado la voluntad del elector en favor de la dedocracia de partido.
Desde aquí arriba creemos que el problema radica en la perversión del mandato representativo. La Constitución Española, en su artículo 68, establece un sistema de representación proporcional muy cuestionable que el PSOE ha transformado en un vertedero de ejemplaridad. Al votar, el ciudadano no elige a su representante; ratifica una lista confeccionada en los despachos. Este blindaje impide que el votante pueda rechazar a perfiles que han demostrado un desprecio absoluto por la ley y la seguridad pública. González Herdaro no llega al Congreso por su brillantez legislativa, sino porque el sistema obliga a que el siguiente nombre de la lista —por muy manchado que esté por sus propios excesos al volante— tome posesión del cargo.
El caso de la nueva diputada es el epítome de la «anestesia moral» de este Gobierno. Que el escaño de quien fuera el «número dos» del partido acabe en manos de una persona condenada por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida es otro insulto a los españoles. Mientras el ciudadano de a pie cumple sus sanciones y sufre el rigor de la ley, el sanchismo premia la imprudencia temeraria con un aforamiento y un sueldo público. El sistema proporcional se ha convertido en un mecanismo de perpetuación de cuadros que no rendirían cuentas ante un electorado con libertad de elección nominal; en un sistema de listas abiertas, una condenada por tales excesos jamás habría pasado el filtro de la decencia pública, pero esas ideas desgraciadamente son cosa de “trevijanos”.
La soberanía no reside en el pueblo, sino en la aritmética de supervivencia de Pedro Sánchez. Para la Presidencia, lo único que importa es que el voto «número 121» sea dócil y esté presente para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias, sin importar el precio moral del relevo. Es la culminación de un modelo de poder donde el fin justifica cualquier medio, incluso sentar en el Congreso a quien la justicia ya ha reprobado por poner en peligro la vida de los demás.
En última instancia, la presidencia de Sánchez se ha caracterizado por este vaciamiento de las instituciones. Al amparo de una interpretación retorcida de la proporcionalidad constitucional, se ha blindado un modelo de listas que funciona como la cinta transportadora de cualquier vertedero. La entrada de González Herdaro, cargando con sus antecedentes penales, es de momento la penúltima gota que colma el vaso de una representación política digna. Después de escuchar el mensaje de la afectada por el accidente ferroviario en el funeral de Huelva, los de la cuadrilla creemos que España merece un sistema donde el nombre en la papeleta importe más que el carné en el bolsillo, pero mientras los españoles traguemos con todo, seguiremos viendo cómo los excesos personales se premian con el honor de legislar.
Feliz día de Nuestra Señora de la Purificación.
Españazuela a 2 de febrero de 2026
