Antonio de la Torre 
«Esta semana ha sido recurrente el tema de esa regularización extraordinaria y un tanto particular, por no decir irregular, que el gobierno se ha sacado de la manga»
Mientras en Irán y su estrecho de Ormuz siguen a lo suyo, con el alargamiento de la enésima prórroga del alto el fuego por parte de Donald Trump, ahora de manera indefinida, y el otro alto el fuego a medias –más fuego que alto– entre Israel y Hezbolla, nosotros vamos a lo nuestro, que, si no es más importante, sin duda nos afecta más, de momento.
Cuando todavía coleaba el contraste del pasado fin de semana entre la aclamación popular a la líder venezolana María Corina Machado en Madrid, y la cumbre progresista de los más representativos líderes del Grupo de Puebla reunidos en Barcelona por el adalid de la paz mundial, abríamos la semana con el eco del nuevo órdago que dejaba Fray Perico Sanchinping en un mitin del cocedero andaluz al que ha enviado a “la mujer más poderosa de la historia de España”, como se definió a sí misma la hasta hace poco viceprimera del gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero. Anunciaba el “soriano” –no de Soria sino de Soros, cuyo hijo parece que ha sido el que sufragó el aquelarre catalán– y ya confirmado como tramposo mayor de la historia, todavía aclamado por algunos de sus palmeros, que “Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel”. Una propuesta repetitiva, que ya fue rechazada en 2024 y 2025 y que como no podía ser de otra forma se ha vuelto a rechazar, como dejaba claro Kaja Kallas, la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión: “La suspensión del Acuerdo de Asociación requiere unanimidad y no ha habido apoyo suficiente hoy. Las medidas que ya tenemos sobre la mesa, que requieren mayoría cualificada, van a requerir que los Estados miembros cambien su posición. No vimos eso hoy, pero las negociaciones continuarán”.
Y no quiero dejar pasar otro contraste por más que se intente normalizar en nuestra más que aberrante situación sociopolítica actual. Me refiero a la diferencia de sensibilidad entre esa piel fina de nuestra izquierda, que se levantaba cual ampolla veraniega por el “musulmán el que no vote” de hace pocos días en un partido de fútbol en Cornellá contra la selección de Egipto y la naturalidad de la “libertad de expresión” con que el penoso comentarista de Radio Televisión Espantosa calificaba los pitos de algunos miles de aficionados vascos al Himno Nacional, ante la pasividad y silencio cobarde de las autoridades competentes, que presidían la final de la Copa del Rey, que no obligaron a suspender el partido y desalojar la grada de la que provenían. Pero esto es España hoy, entre otras cosas, sin que nadie tome cartas en el asunto de una vez por todas.
Y abría también la semana con la expectación sobre la declaración del extesorero del Partido Popular, el contradictorio Luis Bárcenas –esta vez como testigo de la acusación, o sea, con obligación de decir la verdad, pero sin pruebas de lo que dice sobre la desaparición de un audio en el que se citaba a Mariano Rajoy– y la citación de la ya citada –perdón por la redundancia– María Jesús Montero en la comisión que ¿investiga? en el Senado el caso Koldo y compañía. Protagonistas, el primero y este último de esos dos casos, Kitchen y Mascarillas –por ahora sólo uno de los muchos que ahogan al presimiente–, que el gobierno quiere empatar a toda costa, aunque va perdiendo por goleada, con el agravante de que el PP de la cocina ya no existe, porque cayó en la moción de censura de 2018, paradójicamente defendida por el hoy acusado de corrupción en el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos, que decía entonces que llegaba para limpiarla.
Bárcenas le decía a Esteban Urreiztieta hace once años en El Mundo que “Me parece de película, no me lo creo. Nunca pude pensar que, supuestamente, personas a las que yo suponía que eran serias, pudiesen organizar una operación de estas características” y entonces no tenía grabaciones, pero ahora aparecen dos, una a Rajoy y otra a Javier Arenas. En la primera se dirige a un tal Álex: “Alex: Hay que destruir todos los audios de M.R. –que confirmó que eran las siglas de Mariano Rajoy, como todos sabíamos– cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada, es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazos”. Preguntado si “¿Es la nota que dirigió al interno que ha dicho?”, respondía “Eso es”.
Y el jueves comparecía también, muy a su estilo, el propio Rajoy, al que la abogada del PSOE, Gloria de Pascual: “Hoy lo protesto todo”, le preguntaba esto entre protesta y protesta: “Raj, M. Rajoy, el asturiano (sic, aunque es gallego) o el barbas, ¿sabía usted que se referían a usted así?”, a lo que el interpelado le respondía: “Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere, por tanto, pregúntele a ellos”.
Como diría el castizo, “p’a que vuelvas”. También compareció la que era entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que reconoció haber tenido algunos encuentros con el comisario Villarejo, pero dijo que nunca le hizo “encargos sino preguntas”. Y qué fiesta sin la Tía Juana, es decir, sin Óscar Puente para calentar un poco más el ambiente: “Sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel ni en la Kitchen. Con la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo”, que por cierto le debería trasladar su sorpresa a Begoña Gómez que no es una cuarta parte sino cuatro delitos los que se le imputan, corrupción, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, y todavía no está en el banquillo sino poniendo trabas a la Justicia.
Por su parte Montero, con su peculiar estilo ordinario se quitaba de encima su posible responsabilidad en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la que está imputado el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que dependía de ella: “No es el ministro el que mira las cuentas de resultados, la ven los equipos técnicos”. Y pasó al ataque diciendo que su presencia en el Senado, que controla el PP, se debe a un complot contra su campaña en Andalucía, qué raro ¿no?
El contubernio de ministros, ministras y ministres del martes intentaba desviar la atención a los numerosos frentes judiciales que afectan al tándem Gómez-Sánchez y a su órbita familiar y política –recordemos que a Begoña le pide Hazte Oír hasta 24 años de cárcel (los mismos que a José Luis Ábalos, uno de sus dos secretarios de Organización encausados), por los delitos citados, mientras que Manos Limpias rebaja la petición a 10 y la fiscalía “¿de quién depende?” y su defensa quieren dejar en nada–. Anuncia ahora Mr. Proper, a través de su ministra del ramo –iba a poner responsable, pero de eso no hay en este desgobierno–, Isabel Rodríguez, que nos dejaba esta perla: “Como principal novedad es subrayar que este plan, en lo que se refiere al parque público, lo que hace es que blinda el carácter permanente público de estas viviendas”. Su enésimo plan para atender la mayor preocupación que su Centro de Invenciones Sánchez, el C. I. S., de su fiel José Félix Tezanos, Pepefé para los amigos, a veces de Investigaciones Sociológicas, en su última encuesta resaltaba como principal preocupación de los españoles la vivienda. Se saca ahora de la chistera el conejo de un “nuevo” Plan Estatal de vivienda 2026-2030, con el que pretende tapar la negativa de JUNTS al decreto con el que quería blindar a los inquiokupas, y que va a destinar siete mil millones de euros a blindar, en su lugar, la protección de la vivienda pública con líneas de financiación para ayudar a los jóvenes a conseguir. Por cierto, un Pepefé que en su última encuesta sobre intención de voto vuelve a dar como ganador aplastante a su PSOE, con el 36% del voto y una ventaja de casi trece puntos sobre el siempre segundo Partido Popular, un frenazo para VOX y la práctica absorción de la ultraizquierda de SUMAR y Podemos por el socialcomunista PSOE de su querido Felónez.
Esta semana ha sido recurrente el tema de esa regularización extraordinaria y un tanto particular, por no decir irregular, que el gobierno se ha sacado de la manga con demasiada urgencia como para pensar bien, y que no quiso pactar con el PP, sino con Podemos. Una regularización de inmigrantes que, como era de esperar llega con el caos, mezcla de ocurrencia, opacidad e irresponsabilidad que caracteriza a este desgobierno de inútiles, con imágenes de gente que pasó hasta siete horas de colas interminables y desesperantes en toda España para intentar conseguir los certificados que se les pide desde la administración. Primero, un documento válido –hecha la ley, hecha la trampa– que acredite que llegó a España hace al menos cinco meses y después un certificado de vulnerabilidad, obligatorio para los sin papeles que no tengan trabajo, que acredite estar en situación de precariedad, sin alojamiento, tener personas a su cargo, dificultades para el acceso al empleo, etc.
Me parece que lo que subyace en Moncloa es una deriva de la culpa del caos a los ayuntamientos, la mayoría en manos del PP, como apuntaba la portavoz del gobierno Elma Saiz: “El Partido Popular está solo y desdibujado en su boicot al procedimiento de regularización. Pero a pesar del Partido Popular, el procedimiento está dimensionado como un procedimiento de esta envergadura se comportaría en los primeros días”, que iba un poco más lejos en una segunda intervención: “Tenemos al alcalde Almeida que ha verbalizado –menuda cursilería– que no va a colaborar con este procedimiento de regularización, una comunidad, por cierto, que se dice amiga de las personas migrantes”. Y para colmo del desiderátum, se ha pedido a las cárceles que faciliten a los reclusos extranjeros los trámites para poder regularizarse. O sea, regularizamos a delincuentes, como decía en el Congreso la portavoz del PP, Esther Muñoz: “Y ahora vemos que el ministerio del Interior manda una circular a todas las prisiones de España, alentando a los presos que están allí que no están regularizados, a que regularicen su situación. ¿Qué interés tiene Pedro Sánchez en que se regularicen en nuestro país delincuentes? –una buena pregunta– Es incomprensible que un gobierno responsable tenga interés en que los presos reclusos que están en situación irregular se regularicen”. Lo que tampoco es demasiado sorprendente en un gobierno que amnistía a delincuentes nacionales.
Al final, y después de cinco meses de parálisis estudiada e interesada de VOX, que no tenía otra salida que el apoyo, el extraordinario respaldo que el 43% del electorado dio a María Guardiola en las elecciones extremeñas de diciembre, obtuvo el premio edulcorado de la ansiada presidencia regional y los que la llamaron “la Irene Montero de Extremadura” no tuvieron más remedio que dar su brazo a torcer tras su frenazo en Castilla y León, que los hizo despertar del sueño del anhelado sorpasso al PP. Y lo dieron a cambio de introducir en el acuerdo dos palabras que están siendo objeto de numerosos artículos y de debate en no pocas tertulias: prioridad nacional. Un curioso sintagma, como lo llamó un conocido comentarista radiofónico de las mañanas de la radio, que, a mi juicio, no es más que una muestra evidente del juego político partidista, que cada uno interpreta y vende como le interesa. VOX mantiene a sus huestes enfervorizadas por el clamor patriótico, sin entrar a profundizar en el verdadero significado de lo que coló en el pacto y el PP se dejó marcar ese gol, genérico, que luego matiza con que no se hará nada fuera de la ley y la Constitución, como si VOX no hubiera tenido en cuenta esos «pequeños matices». Así lo explicaba la ya presidente extremeña: “Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas. Y no voy a entrar en eso, ni es el momento ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este gobierno jamás va a incumplir la ley”.
La duda será lo que pueda pasar cuando el artículo 14 de la Constitución, entre otros, ponga en cuestión esa prioridad como la entiende VOX y como posiblemente a muchos de nosotros nos gustaría que se aplicara en la línea del Spain First que debería imperar, pero que ni la Carta Magna ni el Código Civil parece que lo respalden. En primera instancia, el presidente andaluz Juanma Moreno –ya veremos si la probable mayoría absoluta que le dan las encuestas le evitan el problema– y la madrileña Isabel Díaz Ayuso en Madrid –que debe estar muy preocupada con el anuncio de vuelta de la ministra 3M, Mujer, Médico y Madre, Mónica García, para disputarle la presidencia– se desmarcaron de esa concesión retórica de Guardiola y tendrá que ser Alberto Núñez Feijóo quien lo aclare, si llega el momento de tener que pactar con Santiago Abascal un acuerdo para un gobierno central. Pero este acuerdo en Extremadura ha servido de guía, con algún matiz, para el ya alcanzado en Aragón, que culminará con la investidura de Jorge Azcón la semana próxima y que ya preparaba el terreno: “Todas y cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo, son medidas que el gobierno de Aragón puede llevar a efecto, son competencia del gobierno de Aragón. Todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad”.
Y como no hay dos sin tres –salvo para Óscar López, claro– es más que probable que veamos algo parecido en el obligado acuerdo que se ponga sobre la mesa en Castilla y León en los próximos días. Me ha parecido digna de mención en este debate sobre la “prioridad nacional”, que beneficia a VOX y al PSOE como estamos viendo, la metedura de pata del portavoz de VOX en el parlamento catalán, Joan Garriga, hermano de padre (Rafael Garriga Kuijpers) del secretario general del partido, Ignacio Garriga –su madre era guineana. Ha dicho que “La nacionalidad española la establece el Código Civil, es español el nacido de padre y madre española”, demostrando que no se ha leído bien ni siquiera el supuesto a) de los cuatro que recoge el punto 1 del art. 17 del Código Civil, por lo que ha tenido que rectificar, no del todo bien, por cierto, al decir la perogrullada de que «Español es el que tiene la nacionalidad española», en lugar de ceñirse al citado art. 17. En fin…
De lo que no ha dicho nada nuestro Narciso Pinóchez ha sido del anuncio de su mayor apoyo autonómico, Salvador Illa, que avisaba de que “en Cataluña sólo van a poder renovar el permiso de residencia quienes hablen catalán”, pero no perdió la ocasión de reprocharle a Núñez Feijoo en el Congreso esa “prioridad nacional” que se recoge en los acuerdos con VOX: «Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación». No le importa llevar tres años sin presentar presupuestos ni haber forzado por mera conveniencia personal de permanencia en el poder la aprobación de una ley de amnistía inconstitucional. Pero así es el personaje, aunque no le sentaría muy bien la intervención de la portavoz de JUNTS, Miriam Nogueras, que pese a decir esto “La guinda del pastel de este panorama son los casos de corrupción que le rodean. ¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?” no apoya una moción de censura. Aunque no se dio por aludido y se permitió un nuevo brindis a su socio de Waterloo: “Desde luego, este Gobierno, lo que va a hacer es reconocer derechos, que van a hacer a Cataluña y a España países mejores”, lo que provocó protestas en la bancada de la derecha que lo llevaron a apostillar su bravata: “Síii, países mejores, síii”.
Y como tengo que terminar porque ya me alargué demasiado, se quedan fuera las novedades del Caso Mascarillas en el Tribunal Supremo (bastantes) y la declaración y ascenso del Bárcenas del PSOE, el “radiactivo” Mariano Moreno –no confundir con el genial Mario Moreno “Cantinflas”–; el conocido y ahora visualizado intento de pucherazo de Sánchez, que lo dejó fuera de la ejecutiva en 2016, pero desgraciadamente no del partido, como he dicho tantas veces, y los comentarios de la damnificada Susana Díaz y del que siempre se queda en el blablablá pero no actúa, Emiliano García Page: “Yo, ese día, me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. Lamentablemente, de aquellos polvos estos lodos…”, pero no hizo nada; la misteriosa e incalculable fortuna de Pepe Bono; las relaciones de Rodríguez Zapatero…, todos dignos de artículo aparte, pero no puede ser ni quiero cansar tanto al sufrido lector.
