
«Las lenguas no compiten entre sí. Quienes las convierten en adversarias suelen ser los proyectos políticos que las instrumentalizan»
Las noticias aparecidas en los últimos días sobre las incidencias detectadas en la participación de Cataluña en el último informe PISA han devuelto a la primera línea un debate que, en realidad, nunca debió desaparecer. La invalidez de sus resultados, las explicaciones ofrecidas posteriormente y la controversia institucional generada constituyen, sin duda, un asunto de interés. Sin embargo, sería un error reducir todo lo sucedido a un episodio administrativo o estadístico. Las anomalías en una muestra pueden corregirse, pero los problemas estructurales de un sistema educativo, no tanto.
Conviene recordar que PISA no es un oráculo ni una sentencia definitiva sobre la calidad de una enseñanza. Ninguna evaluación internacional posee semejante capacidad. Pero también conviene recordar que descalificar al mensajero nunca ha mejorado el contenido del mensaje. Cuando durante años se acumulan indicadores preocupantes y, además, aparecen incidencias que impiden una comparación fiable, lo razonable no consiste en levantar un cordón sanitario alrededor del modelo, sino en preguntarnos, con serenidad y sin apriorismos, qué está funcionando mal.
Ese ejercicio de autocrítica resulta especialmente necesario cuando la educación deja de ser únicamente una política pública para convertirse en un símbolo político. Porque los símbolos poseen una peculiaridad y es que suelen ser bastante impermeables a la evidencia.
Nadie discute que el catalán constituye un patrimonio cultural de extraordinario valor, como el gallego, el valenciano, el vasco, el bable, el aranés… No necesita defensa esa afirmación porque forma parte de la realidad. Las lenguas son mucho más que un medio de comunicación. También contienen una forma de comprender el mundo, una literatura, una memoria colectiva y una identidad compartida. Preservarlas constituye una obligación de cualquier sociedad que aspire a respetar su propia historia.
Precisamente por eso conviene distinguir entre proteger una lengua y convertirla en un instrumento político. Son dos cosas muy diferentes. La primera amplía el patrimonio cultural de una sociedad mientras que la segunda corre el riesgo de reducir el horizonte de quienes deben vivir en ella.
Durante demasiado tiempo se ha presentado el debate como si solo existieran dos posiciones posibles: defender el catalán o defender el castellano. El planteamiento resulta tan simple como falso. Las lenguas no compiten entre sí. Quienes las convierten en adversarias suelen ser los proyectos políticos que las instrumentalizan.
Una educación excelente no obliga a escoger entre el catalán y el español. Aspira a que un alumno domine ambos con la misma solvencia y añada, además, el inglés y cuantas lenguas sea capaz de aprender. Cada idioma incorpora una nueva forma de pensar, una nueva herramienta intelectual y un nuevo espacio de oportunidades. Quien abre una ventana no pierde la vista de las demás.
Y una última precisión, no menor a mi modo de ver ya que el tema aparece habitualmente. Discutir si nuestro idioma común debe llamarse español o castellano quizá tenga interés para la filología, la historia o el derecho constitucional. Para un joven que mañana habrá de abrirse camino en un mundo crecientemente competitivo, la cuestión verdaderamente importante no es cómo denominamos esa lengua, sino qué oportunidades le ofrece dominarla plenamente. Llámese español, porque es la lengua compartida por buena parte del mundo hispanohablante o llámese castellano, porque así nació en un lugar concreto antes de convertirse en patrimonio universal.
El nombre no cambia la realidad. Lo que sí la cambia es privar a una generación del dominio excelente de una de las grandes lenguas internacionales por razones ajenas a la educación. Las lenguas no deberían utilizarse para levantar fronteras, sino para derribarlas. Porque, al fin y al cabo, una lengua nunca encierra a quien la aprende. Casi siempre le permite llegar un poco más lejos.
