Fernando M. Gracia Climent 
«¿De quién será la soberanía que nos quede si, mientras otros negocian el combustible y las condiciones de la tregua, Europa se limita a pagar la factura?»
Al Kremlin le sale más barato un europeo convencido de que debe destruir su democracia que un soldado encargado de combatirla. El primero se paga el viaje, lleva su propia pancarta y hasta considera una ofensa que alguien le pregunte a quién beneficia lo que hace. Sería injusto suponer que todo manifestante trabaja para Moscú. También sería una ingenuidad creer que Moscú contempla nuestras divisiones con el desinterés de un turista.
La injerencia rusa en Europa tiene suficiente documentación como para dejar de tratarla como una fantasía de tertulia. El Parlamento Europeo ha señalado el patrocinio y apoyo del Kremlin a partidos y políticos de extrema derecha y de extrema izquierda, dentro de una estrategia de debilitamiento de nuestras democracias. La coincidencia resulta menos extraña cuando se comprende que a Moscú le interesa el efecto de sus aliados bastante más que la coherencia de sus doctrinas. Para aflojar los tornillos de una casa sirven herramientas de distintas marcas.
Las operaciones tampoco se limitan a difundir opiniones favorables a Putin. Una investigación de OCCRP, basada en documentos filtrados y resoluciones judiciales, describe provocaciones vinculadas a estructuras rusas para enfrentar a comunidades religiosas en Francia. Los documentos recogen objetivos como estimular protestas y agravar las divisiones internas de los países occidentales. El propósito consiste en conseguir que los europeos se enfrenten entre sí y atribuyan al vecino una hostilidad que alguien ha contribuido a fabricar.
Los disturbios recientes deben examinarse con ese antecedente, aunque una estrategia acreditada no demuestra la autoría de cada incendio. En Francia se han publicado acusaciones sobre el papel de la izquierda radical en el impulso de las protestas estudiantiles, rechazadas por La Francia Insumisa. La información consultada no acredita una financiación rusa de esos episodios. Precisamente por eso hay que investigar quién organiza, quién paga y quién introduce la violencia. Una denuncia pierde fuerza cuando presenta como descubierto lo que todavía necesita demostrar.
Pero el análisis queda incompleto si solo miramos hacia Rusia. La política de Donald Trump también obliga a preguntarse qué lugar reserva a una Europa capaz de decidir por sí misma. Una Unión que negocia conjuntamente tiene un peso que sus miembros pierden cuando comparecen por separado. En marzo de 2026, Kaja Kallas advirtió de que Washington pretendía dividir Europa y alertó contra la tentación de buscar acuerdos bilaterales. Cada Gobierno puede creer que está salvando sus propios muebles mientras contribuye a desmontar la casa común.
Los objetivos de Putin y Trump son diferentes, pero pueden coincidir en sus efectos. El Kremlin obtiene ventajas de una Europa incapaz de contener su política de fuerza. Trump puede negociar condiciones más favorables frente a países aislados que frente a un bloque con autonomía económica, tecnológica y militar. Esa convergencia constituye una interpretación política razonable de sus actuaciones. No exige imaginar una conspiración universal ni convertir cada desacuerdo transatlántico en una orden dictada desde Moscú.
El episodio de la llamada tregua energética y del acuerdo sobre el diésel ruso permite observar el problema con especial claridad. Son dos decisiones distintas, aunque políticamente relacionadas. El 9 de octubre Trump anunció un acuerdo con Putin para que Rusia suministrara diésel a Estados Unidos y al mercado mundial. Su Administración levantó temporalmente sanciones sobre combustibles rusos, defendiendo la necesidad de reducir los precios. Zelenski denunció que esos ingresos adicionales podían contribuir a financiar la guerra.
Washington presentó también el incentivo económico como una vía para acercar a Moscú a las negociaciones, según fuentes citadas por Reuters. La intención declarada merece recogerse, pero su resultado debe medirse con hechos. Si el beneficio se entrega antes de obtener compromisos verificables, existe el riesgo de que el destinatario cobre el estímulo y conserve intacta su conducta. La diplomacia necesita ofrecer salidas, aunque convendría evitar que el agresor descubra que prolongar la guerra mejora las condiciones de su próximo negocio.
El 11 de octubre Trump anunció una suspensión inmediata de los ataques contra instalaciones energéticas. Sin embargo, los términos y la aceptación efectiva de ambas partes no estaban claros. Zelenski afirmó que había conocido el supuesto acuerdo por el anuncio del presidente estadounidense y condicionó la disposición ucraniana a una reciprocidad rusa. Anunciar una tregua antes de que sus protagonistas compartan las condiciones proporciona un titular excelente y una garantía bastante escasa.
La secuencia posterior agravó esa contradicción. Reuters informó de que Ucrania había suspendido sus ataques contra refinerías rusas mientras continuaban los bombardeos de Rusia, incluidos ataques contra instalaciones energéticas ucranianas. El 15 de octubre Kiev reanudó sus operaciones contra una refinería y dio por agotada aquella contención. La protección de las infraestructuras energéticas habría supuesto un alivio para la población si hubiera sido recíproca y verificable. Sin esas condiciones, podía terminar restringiendo la respuesta ucraniana mientras persistía el daño sobre su territorio.
Aquí aparece la cuestión europea. Si Washington obtiene combustible, Moscú recupera ingresos y Ucrania considera amenazada su capacidad de resistencia, Europa tiene motivos para exigir una participación efectiva en las decisiones que afectan a su seguridad. El precio del diésel importa a millones de familias. También importa qué dependencia estamos dispuestos a reconstruir para abaratarlo y quién pagará después sus consecuencias. Una rebaja inmediata puede resultar muy cara cuando ayuda a sostener el conflicto que compromete nuestra estabilidad.
No hace falta equiparar la responsabilidad de quien invade con la de quien negocia para examinar críticamente esa negociación. Rusia inició la invasión y debe responder por ella. Estados Unidos conserva capacidad para influir en el curso de la guerra y, por tanto, sus decisiones merecen evaluarse por sus efectos sobre el país agredido. La paz exige garantías que permitan a Ucrania vivir con seguridad. Una ceremonia de acuerdos entre grandes potencias puede producir fotografías memorables y dejar sin resolver precisamente esa necesidad.
Entretanto, ciertos sectores de la extrema izquierda disculpan al Kremlin mientras denuncian el imperialismo, y ciertos sectores de la derecha celebran las presiones de Trump mientras proclaman la soberanía. Unos y otros deberían explicar por qué su defensa de la independencia se vuelve tan comprensiva cuando la potencia extranjera es de su agrado. La bandera cambia de color, pero la inclinación a buscar tutela fuera conserva un notable parecido.
Europa también debe responder por sus propios errores. La vivienda inaccesible, los servicios deteriorados y la distancia entre gobernantes y ciudadanos producen un malestar que ningún agente extranjero necesita inventar. Corregir esos problemas forma parte de la defensa democrática. A la vez, necesitamos capacidad para investigar las injerencias, sostener compromisos comunes y negociar sin que cada capital busque una excepción a costa de las demás. La unidad europea adquiere su verdadero valor cuando deja de ser una fórmula de discurso y permite resistir una presión concreta.
Rusia es responsable de actuaciones documentadas contra la estabilidad europea. La política de Trump ofrece razones para advertir una coincidencia de intereses en el debilitamiento de nuestra cohesión. Los acuerdos energéticos y el trato dispensado a Ucrania obligan a observar esa convergencia con especial atención. Europa debe conservar la capacidad de juzgar a sus adversarios, discutir con sus aliados y decidir por sí misma. De lo contrario, acabaremos celebrando como éxitos diplomáticos los acuerdos en los que otros se reparten las ventajas y nos reservan las consecuencias. ¿De quién será la soberanía que nos quede si, mientras otros negocian el combustible y las condiciones de la tregua, Europa se limita a pagar la factura?
