Fernando M. Gracia Climent 
«La fuerza legítima del Estado existe precisamente para evitar que termine imponiéndose la fuerza ilegítima de cualquiera que se considere autorizado para ejercerla»
Sobre esa curiosa especie de revolucionarios que confunden la libertad de manifestación con la libertad de destruir. Hay una clase de manifestante que tiene la particularidad de no querer que se le vea la cara. Sale a la calle para hacerse notar, pero procura que nadie lo reconozca. Reclama visibilidad para sus ideas mientras oculta cuidadosamente su identidad. Es una contradicción que podría resultar divertida si no fuera porque, generalmente, termina rompiendo los cristales del establecimiento de algún comerciante que no tiene la menor responsabilidad en los acontecimientos que motivaron la protesta.
Este personaje, que suele aparecer cuando una manifestación pacífica empieza a resultar demasiado pacífica para sus aspiraciones, tiene un concepto bastante particular de la justicia social. Si está indignado con el Gobierno, incendia un contenedor municipal. Si protesta contra el capitalismo, destroza el escaparate de una pequeña tienda. Si exige libertad, impide circular a los demás. Y si reclama respeto a sus derechos, comienza por pisotear los derechos ajenos. Es una forma de razonamiento que ni Aristóteles habría conseguido explicar después de tres botellas de vino.
Lo verdaderamente sorprendente no es que existan estos individuos, porque siempre ha habido personas que encuentran en la destrucción una manera de distraerse de sus propias insuficiencias. Lo sorprendente es la facilidad con que determinados discursos políticos y sociales terminan disculpándolos. La violencia deja entonces de ser violencia para convertirse en expresión de malestar, la destrucción pasa a denominarse protesta radical y el delincuente adquiere la respetable condición de activista incomprendido. Parece que basta con atribuir una finalidad política a una pedrada para convertirla en un argumento.
Y yo me pregunto qué culpa tiene el comerciante que encuentra su negocio destrozado, el trabajador que descubre su automóvil incendiado o el vecino que no puede salir de casa porque unos individuos han decidido convertir su calle en un campo de batalla. Tampoco comprendo qué responsabilidad tiene el policía que, cumpliendo con su obligación de proteger a la ciudadanía, recibe una lluvia de piedras, botellas y objetos contundentes. Quizá su delito consista precisamente en estar allí, representando una autoridad que algunos consideran legítima únicamente cuando les da la razón.
La Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. No reconoce, que yo sepa, el derecho a quemar autobuses, asaltar establecimientos o agredir a los agentes de la autoridad. Y conviene recordar que las fuerzas del orden no son una organización privada al servicio del Gobierno de turno, sino servidores públicos cuya obligación consiste precisamente en garantizar que los derechos de unos puedan ejercerse sin destruir los de los demás.
¿Qué hacer, entonces, con quienes utilizan las manifestaciones como escenario de sus ejercicios de vandalismo? En primer lugar, dejar de tratarlos como una consecuencia inevitable del paisaje urbano. Una manifestación no tiene por qué terminar entre barricadas, del mismo modo que una celebración deportiva no tiene por qué concluir con un escaparate convertido en añicos. La violencia no es un fenómeno meteorológico que debamos contemplar resignadamente desde la ventana.
Es necesaria una actuación policial preventiva, profesional y suficientemente dotada de medios para identificar a los grupos violentos, aislarlos del resto de manifestantes y detener a quienes cometan delitos, con todas las garantías legales. Las grabaciones obtenidas conforme a la ley, la investigación posterior y la colaboración entre cuerpos policiales deben permitir que quien arroja una piedra o provoca un incendio no desaparezca tranquilamente entre la multitud como si acabara de participar en una excursión escolar.
Y después debe intervenir la Justicia. Una justicia eficaz, proporcionada y capaz de exigir responsabilidades individuales. Porque una cosa es manifestarse con el rostro cubierto, circunstancia que por sí sola no convierte a nadie en delincuente, y otra muy distinta aprovechar el anonimato para lesionar, amenazar o destruir. El Estado no necesita inventar delitos nuevos para cada altercado, sino investigar los existentes, acreditar sus autores y conseguir que las consecuencias legales no se diluyan hasta convertirse en una anécdota administrativa.
También convendría que quien destruye pagara lo destruido. No mediante una responsabilidad colectiva atribuida a todos los manifestantes, sino mediante la obligación personal de reparar los daños causados cuando así corresponda legalmente. Quizá quien considera heroico incendiar un contenedor encuentre menos encanto revolucionario en tener que abonar su reposición. Hay ideales que resisten admirablemente el paso por la universidad, pero que empiezan a debilitarse en cuanto llega la factura.
Naturalmente, la intervención policial debe estar sometida a la ley, al control judicial y al principio de proporcionalidad. La autoridad no puede combatir la arbitrariedad mediante otra arbitrariedad. Pero tampoco debería confundirse la prudencia con la pasividad ni la contención con la renuncia a proteger a los ciudadanos. La fuerza legítima del Estado existe precisamente para evitar que termine imponiéndose la fuerza ilegítima de cualquiera que se considere autorizado para ejercerla.
Los organizadores de las manifestaciones pacíficas deberían ser los primeros interesados en rechazar estas actuaciones. No porque deban responder automáticamente por los delitos de terceros, sino porque nadie perjudica tanto una reivindicación legítima como quien la transforma en un espectáculo de violencia. Diez mil ciudadanos pueden recorrer una ciudad defendiendo pacíficamente una causa y bastan unas decenas de encapuchados para que, al día siguiente, no se hable de la reivindicación, sino de los coches quemados y los policías heridos. Es una extraordinaria capacidad para destruir, además de mobiliario urbano, la propia causa que dicen defender.
Pero hay una responsabilidad adicional que corresponde a nuestros dirigentes políticos. La violencia no puede ser condenable o comprensible dependiendo del color de la bandera bajo la cual se ejerce. Quien justifica la agresión cuando procede de sus simpatizantes pierde autoridad para censurarla cuando aparece entre sus adversarios. Una piedra no tiene ideología y un escaparate roto tampoco. La legitimidad de una reivindicación no se transmite milagrosamente a los medios empleados para defenderla.
No se trata de perseguir ideas, prohibir protestas ni amordazar a los ciudadanos. Se trata exactamente de lo contrario. De garantizar que cualquiera pueda manifestarse sin que unos cuantos violentos secuestren su derecho. De proteger tanto al manifestante como al transeúnte, tanto al comerciante como al agente de policía. Y de comprender, de una vez, que la tolerancia democrática no obliga a tolerar la violencia.
Porque, mientras continuamos debatiendo si los encapuchados son víctimas de las circunstancias, ellos siguen demostrando una habilidad extraordinaria para convertir las circunstancias en víctimas.
Tal vez haya llegado el momento de recordar que la libertad de expresión permite gritar contra el Gobierno, contra la oposición e incluso contra el mundo entero, pero no autoriza a romperle la cabeza al vecino. Y que una democracia que renuncia a proteger a sus ciudadanos frente a quienes emplean la violencia no está demostrando una especial sensibilidad democrática, sino una peligrosa debilidad institucional.
Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permitir que quienes se esconden para destruir disfruten de una impunidad que termina pagando, con sus impuestos, sus bienes y su seguridad, quienes tienen el valor de vivir a cara descubierta?
