José Crespo 
«Dicen los progres que la política está judicializada, y por ello sanchistas, terroristas y separatistas con Delgado la quieren desjudicializar»
Dicen los progres que la política está judicializada, y por ello sanchistas, terroristas y separatistas con Delgado la quieren desjudicializar. Los desjudicializadores que la desjudicializadoren, traidores y felones son y serán.
Entiendo el sentido aunque no me gusta mucho el término de «pin parental». Desde el gobierno y tras escuchar a la Montero cómo disfrazan de derechos lo que es burdo adoctrinamiento no me queda más remedio que meditar sobre ello.
Entiendo que ese «pin parental» es una lógica solicitud escrita dirigida a los directores de los centros educativos por la que los padres piden ser informados previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que sus hijos asistan o no, pues ello significa un intrusismo descarado sobre la conciencia y la intimidad de los menores sobre la que los padres tienen todo el derecho de tutela los padres al amparo de la propia Constitución.
«El derecho a la educación pertenece en primer lugar a los padres, y garantiza la libertad que tienen de educar a sus hijos en conciencia según sus valores»
El derecho a la educación pertenece en primer lugar a los padres, y garantiza la libertad que tienen de educar a sus hijos en conciencia según sus valores. La Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a la educación y a la libertad de enseñanza. El derecho a la educación y el respeto y promoción de la libertad de enseñanza no son un regalo del Estado, sino un Derecho fundamental de los ciudadanos, que las leyes recogen. Y por ser el derecho a la educación un derecho fundamental, todos los ciudadanos tienen derecho a recibir una correcta educación, con independencia de su edad, sexo, raza, religión o condición social.
El artículo 27 de la Constitución recuerda que esa educación tiene por objeto “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. La educación debe ser integral y abarcar todas las dimensiones de la persona: intelectual, física, afectiva, social y trascendente. Si no se educa en todas estas áreas de la persona, la educación no podrá alcanzar “el pleno desarrollo” de la persona.
Debemos recordar que el derecho a la educación y a la libertad educativa son dos caras de la misma moneda. Ambos términos aparecen juntos en el artículo 27.1 de nuestra Constitución, porque aunque los comunistas no quieran enterarse, sin libertad de educación no se puede ejercer el derecho a la educación. Por ello el Estado debe facilitar con los medios que salen de nuestros impuestos a crear, desarrollar y mantener la estructura educativa necesaria para dar cumplimiento a ese derecho de todas las familias.
«La Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución reconocen que los poderes públicos están obligados a garantizar la libertad educativa de las familias»
La Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución reconocen que los poderes públicos están obligados a garantizar la libertad educativa de las familias y el derecho de los padres “a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Los hijos no son un objeto en propiedad pero desde luego no son del estado. La familia es y debe ser la primera educadora por lo que los padres tienen la obligación para con sus hijos de darles una mejor y más correcta formación en valores, que los forme y edifique como personas libres, autónomas, maduras, responsables, sólidas y solidarias.
Los padres son y deben ser los primeros educadores de sus hijos y no porque lo diga la Constitución, que también lo dice precisamente porque la familia es anterior al Estado, es la célula primigenia de la sociedad y, como institución, es más importante para la sociedad.
Los hijos son de los padres, no como objeto sino como responsabilidad, y de quien no son es del Estado y menos para que los adoctrine como hacía el nazismo o como hacía y hace el comunismo.
«Es responsabilidad de las familias el hecho de velar por el derecho de sus hijos a la mejor educación»
Es responsabilidad de las familias el hecho de velar por el derecho de sus hijos a la mejor educación, luchando contra el adoctrinamiento y contra la baja calidad de la enseñanza, algo que corroe a nuestra sociedad y a la educación repartida en diecisiete chiringuitos. Por su parte los poderes públicos deben no sólo respetar, sino promover, ese derecho de las familias.
Precisamente la libertad de enseñanza se basa en el principio de poder elegir, algo que se quiere impedir yendo contra este derecho y obligación de los padres mientras el actual gobierno permite que en regiones españolas se prohíba el derecho a estudiar en español, se persiga a nuestra lengua común y se adoctrine contra España.
No puede haber libertad de enseñanza si no hay diferentes modelos educativos entre los que elegir en igualdad de condiciones. Las familias tienen el derecho de poder elegir la educación que prefieren para sus hijos, sin verse penalizadas por el modelo que escojan.
La Constitución reconoce ese derecho que tienen «las personas físicas y jurídicas de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. Sin una auténtica pluralidad de centros y proyectos pedagógicos, no hay posible libertad de enseñanza y no se puede ejercer plenamente el derecho a la educación.
Es bochornoso escuchar al doctor presidente y a las ministras entre ellas la consorte Montero, ministra de «igual dá», hablar con ese cinismo de que «Los hijos de padres y madre machistas tienen derecho a una educación libre y feminista».
