Incluir sin incluir, cosas del Ingreso Mínimo Vital. Por María del Mar Codeseira

Incluir sin incluir, cosas del Ingreso Mínimo Vital
Incluir sin incluir, cosas del Ingreso Mínimo Vital

“El colapso de tramitación del Ingreso Mínimo Vital tiene que preverse y una norma que quiere ayudar debe hacerlo hasta el final, con un sistema de revisión de recursos rápido”

No entiendo la separación que se ha hecho actualmente del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, ahora llamado de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Intentaré explicarme un poco. Los nombres de los Ministerios cambian constantemente, volviendo loco al ciudadano. Efectivamente, suena políticamente bien unir la inclusión y las migraciones, se llevan perfectamente como ideal, pero para que funcionen necesitan los fondos de la Seguridad Social que pagamos todos.

El Ministro José Luis Escrivá Belmonte tendrá que responder no tardando mucho de lo que ha ayudado la prestación llamada INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) a las personas o familias que se han quedado sin recursos que ya vinieran de una situación precaria o por las medidas restrictivas a las empresas y autónomos por la pandemia Covid-19, muchas tomadas de modo incoherente.

Es una prestación que se ha metido a presión en el sistema público de Seguridad Social dentro de las pensiones no contributivas, regulado en el Decreto 20/2020 de 29 de mayo. El Gobierno no paró hasta conseguir sacarla adelante, pero ponerla a disposición de los beneficiarios, eso ya es otra cosa.

No es una cantidad fija, complementa lo que el solicitante ingresa por cualquier renta. Se tramita “on line”, una proeza conseguirlo y primer disgusto. Y no es oro todo lo que reluce: Una familia media que tuvo un sueldo medianamente digno en 2019, mientras que en 2020 ha caído su renta, no tendrá derecho, o le corresponderá una cantidad que es la diferencia entre lo que se llama “renta garantizada” y la “suma de las rentas totales o unidad convivencial”. Llegará (si llega) una concesión del IMV por una cantidad más bien pequeña, nada que ver con lo esperado; segundo disgusto.

Errores graves de tramitación: Familias o personas que han estado acogidas a ayudas autonómicas, como la llamada Renta Mínima de Inserción (conocida como REMI en la Comunidad de Madrid) las tramitan como rentas y NO se deben considerar tales. No lo digo yo, lo dice el artículo 18 1.a) del Decreto. Y sí, las están computando, de manera que deniegan el IMV o como decíamos, llega muy menguado, apenas para pagar una cesta de compra. Tercer disgusto.

Esto está generando una sensación de desamparo contraria a las expectativas de la Ley. Y estamos hablando de muchas personas y familias. El colapso de tramitación tiene que preverse y una norma que quiere ayudar tiene que hacerlo hasta el final, con un sistema de revisión de recursos rápido que no lento, tedioso, acabando en los Juzgados que ya bastante tienen.

Dentro de la lógica, el Decreto obliga a que dentro de 6 meses desde concedido el derecho, el beneficiario, se dé de alta como solicitante de empleo. No esperábamos menos ya que es un ingreso cuya filosofía es ayudar a salir adelante. Pero ¿6 meses? El sistema colabora claramente a cierta desidia por buscar trabajo; y así no se agiliza ninguna inserción.

Cuando me refería al principio de esta reflexión a que llamar a este Ministerio de Inclusión y desligarlo del Ministerio de Trabajo, es cuando menos extraño y a mí me llama la atención. Pensar en incluir a quien no tiene recursos tiene que ir de otra cosa.

Por ejemplo, debería el Servicio de Empleo (dependiente del Ministerio de Trabajo, ahora SEPE) hacer de auténtico nexo de comunicación entre los parados y perceptores del IMV desde el minuto 1 y si necesitan formarse, se formen, y si necesitan ayudas o pequeños créditos (con garantía estatal y bajo interés) para ser autónomos sea mediante liberación de cargas e impuestos hasta que rueden solos.

Hay otras maneras, como las cooperativas de socios trabajadores, modelo casi nada utilizado, Colaboraría que profesionales de oficios, juntando voluntades y con incentivos adecuados, se unieran en micro empresas. Eso al SEPE no se le ha ocurrido, y menos al Ministerio de Inclusión. Por ejemplo, guarderías donde los padres pudieran cuidar a hijos de otros, necesitados de ese servicio para buscar empleo o ser autónomos.

Creo, en definitiva que los primeros que necesitan incluirse son los Ministerios y ponerse a generar ideas para que esto del IMV sea más que una Ley engorrosa, mal aplicada y contraria a su propio fin.

Maria del Mar Codeseira Campazas

Máster en Dirección de Personal y Desarrollo de Equipos por la Universidad de Valladolid y Master en Derecho de Empresa en Confederación Española de Asociaciones Empresariales por la Escuela de Práctica Jurídica UNED, he realizado además diversos cursos de especialización en materias jurídicas en instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid o Consejo General de la Abogacía. Me inicié profesionalmente en el Servicio de Orientación Jurídica para el Colegio de Abogados de Madrid, prestando servicios en Juzgados de Plaza de Castilla y Juntas Municipales de distrito. He participado además en la redacción de artículos legales para la revista jurídica Usus Iuris y premios Secciones del Colegio de Abogados de Madrid y ejerzo de Abogada desde 1993, principalmente en materia civil y socio-laboral para autónomos y pymes. Adscrita a Turno de Oficio social, civil y penal.

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