Javier Ygartua Ybarra 
«La ocupación de propiedades privadas implica pisotear el derecho de propiedad de otro, y supone incurrir en un delito»
A veces no nos damos cuenta de los desprotegidos que estamos. Resulta que a uno le pueden ocupar la casa y no pasa nada, te pueden entrar a robar en casa y no te puedes casi ni defender. Pero en qué país vivimos «¡Porfavor!».
Los casos de “ocupación” aumentan cuando muchos ciudadanos acuden en verano a sus segundas residencias y se encuentren de golpe con este problema. Y mientras, en la televisión anuncios de alarmas para que puedan echar a los ocupas.
Pero en qué país vivimos en qué un tipo puede entrar en tu casa y no se le puede echar si no es con unas condiciones. ¡Qué carajal tenemos en este país!
Según el último informe de la Asociación de Afectados por la Ocupación ONAO, que agrupa a más de 5.000 propietarios privados, más de 120.000 viviendas se encuentran ocupadas en España. Aunque podrían ser muchas más.
Según el Ministerio del Interior, algo más de 13.000 en los nueve primeros meses de 2021, lo que supone un incremento del 20 % con respecto al año de la pandemia o del 40 % cinco años atrás. ¿Qué solución proponen los partidos políticos para este problema?
El Partido Popular presentó el pasado julio, como ya hizo a principios del 2021, una propuesta de ley orgánica contra la ocupación ilegal de viviendas en un plazo máximo de tres meses. Los de Feijóo desalojarían a los okupas en menos de 24 horas o de inmediato, ante delito flagrante.
Los azules no permitirían a un ocupa ilegal inscribirse en el padrón municipal.
A un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Gobierno tenga derecho a trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades, rezaba la iniciativa legislativa.
Desde el gobierno madrileño, se afirmó que la nacional de su partido modificaría el Código Penal (CP)para que el allanamiento de morada –una vivienda habitual– castigara también la ocupación de cualquier otra propiedad privada.
Por su parte, Vox presentó el pasado abril una reforma del CP para que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar a los okupas sin orden judicial, así como un endurecimiento de las sanciones con penas de prisión de entre uno a tres años para todo aquel que acceda ilegalmente a una vivienda.
Dando un paso más allá, Vox quiere reformar tanto el CP como las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil para proteger real y efectivamente a los propietarios de las mafias de ocupación o de los intrusos en la vivienda propia.
Por ello, cree que todo español debe tener la capacidad de defenderse a sí mismo y a los suyos ante una agresión en su propio hogar. He de decir que a mi me gusta más esta propuesta por ser más clara y contundente.
Ciudadanos no hace constar en su programa la defensa de la propiedad privada. Sin embargo, su actividad parlamentaria en la lucha contra la ocupación ha sido muy intensa durante los últimos años. Ya en julio de 2020 propuso en el Congreso endurecer el delito de usurpación en el CP y agilizar las expulsiones de los sujetos que asaltan y se apropian de manera ilegal una casa.
El intento de modificación legislativa fue repetido por los naranjas a principios del presente año, incluyendo medidas como el desalojo exprés, el endurecimiento de las penas, la lucha contra las mafias o la recuperación de la vivienda usurpada mediante la celebración de un juicio rápido.
Y mientras tanto qué hace la izquierda, aquella que dice defender tanto los derechos de las personas. Pues lo de siempre, dar bandazos.
A principios de 2021, la mayoría parlamentaria conformada por PSOE, Unidas Podemos y resto de grupos independentistas y fuerzas que sustentan al Ejecutivo; rechazó la propuesta del PP, que incluía repescas de penas de cárcel, veto al empadronamiento o protección de los vecinos. Como también votaron en contra ERC y Bildu en 2020.
Eso sí congreso para ocuparse del tema de la ocupación. Bla,bla, bla… Lo de siempre cuando gobierna la izquierda.
Los socialistas no contemplan mención alguna a la protección de la propiedad privada en su programa como tampoco Podemos en el suyo.
Es más, los de Ione Belarra desean prohibir los desalojos sin alternativa habitacional, blindando la vivienda como un derecho fundamental. Socialismo y comunismo en estado puro. Te jodes y bailas ese es su programa.
Eso sí si tienes hipoteca a seguir pagándola para que vivan otros y tú a pagar también otra casa ya que la tuya está ocupada. Qué bien no. Qué asco mas bien.
La sociedad española tiene muy interiorizado el derecho a la propiedad como uno de los más importantes que definen nuestra idiosincrasia. El porcentaje de población con vivienda en propiedad en España en 2019 era del 76,2%, y no es fruto de una moda o de una tendencia.
Actualmente, el principal sector del ahorro de las familias españolas es el inmobiliario.
A los españoles nos gusta ahorrar en inmuebles. Y es que estos suponen entre el 80% y el 98% de la riqueza de las familias, pues España tiene una de las tasas de propiedad más elevadas del mundo, 1,38 viviendas en propiedad por núcleo familiar, lo que provoca que, entre otras cosas, tengamos un gran patrimonio arquitectónico, urbanístico, artístico y cultural en nuestras ciudades.
La ocupación como fórmula para obtener soluciones habitacionales para colectivos vulnerables no deja de ser el reflejo de una mala gestión de nuestras administraciones.
Mientras, la ocupación de propiedades privadas implica pisotear el derecho de propiedad de otro, y como en cualquier caso en el que se pisotea un derecho, supone incurrir en un delito.
Por desgracia, en los últimos tiempos este derecho a la propiedad está siendo atacado desde diferentes frentes. Uno de ellos la ley catalana de limitación de rentas, claramente inconstitucional. También lo es que en el primer semestre de 2020 la ocupación de viviendas aumento un 5% respecto al mismo periodo de 2019.
Al no proteger este derecho de propiedad, las autoridades caen en negligencia y en dejación de sus funciones y obligaciones, por las que la ciudadanía debería pedir responsabilidades.
Uno de los argumentos del movimiento okupa es que hay oferta de inmuebles vacíos o sin utilidad aparente. Siendo eso así, habrá que adoptar medidas que incentiven la salida al mercado de esos inmuebles, con políticas fiscales al alquiler, con ayudas a la rehabilitación y al mantenimiento del patrimonio, pero en ningún caso atacando al derecho de sus legítimos propietarios.
Basta ya. Hagan algo señores del Gobierno, que hasta el PSOE viendo los dientes al lobo de las elecciones se descuelga hoy con la propuesta de desocupar en un límite de 48 horas. Aunque eso sí, propone que no dispone.
La casa de uno es la casa de uno, nuestras paredes deben ser defendidas al igual que los que vivimos en ellas porque son nuestro hogar.
