Amando de Miguel 
«La tesis de sobre si es lícito matar al tirano viene de lejos, de Santo Tomás de Aquino: El rey es para el reino, no el reino para el rey»
Tengo que confesar un descalabro académico. Siempre, pongo por delante mi carrera en Ciencias Políticas y, luego, Sociología. Empero, me matriculé al mismo tiempo en Derecho. Al llegar al segundo curso, colgué la pretensión de la toga. Fue en el examen oral de Derecho Penal. El catedrático insistió en que yo tenía que recitar de memoria el artículo sobre el hurto famélico. Me negué a una exigencia tan arbitraria y, allí mismo, rompí la papeleta con el suspenso, el único de mi vida. Ahora, lamento mi soberbia. Bien me habría venido acabar la carrera de Leyes. Así, podría, ahora, entender los desmanes jurídicos que está imponiendo nuestro Gobierno. Nada menos que se está cargando el texto y el espíritu de la Constitución. E, incluso, la misma sustancia de la nación española. Supongo que se trata de un delito de alta traición. De haber estado en el Toledo de 1599, en esa fecha, el jesuita Padre Mariana escribe un tratado sobre “si es lícito matar al tirano”, el que incurre en un delito de alta traición. Por fortuna, desde la transición democrática, ya no hay pena de muerte en nuestro Código Penal, por lo que el tiranicidio se queda en un concepto.
La tesis viene de lejos, de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII: “El rey es para el reino, no el reino para el rey”. Por tanto, el tiranicidio es una especie de legítima defensa del pueblo. Para el Padre Mariana “el tirano es el príncipe (gobernante) que no mira a la libertad del pueblo, sino que atiende, solo, a su propio interés”. Santo Tomás considera la sedición o rebelión como pecado mortal, pero la resistencia justificada a la tiranía no llegaba a la categoría de la sedición.
La cuestión actual es que el taimado Sánchez se ha ocupado de suprimir el delito de sedición del Código Penal. Por tanto, sería difícil atribuirle un desmán como ese ante un alto tribunal. Es más, la sagacidad del presidente del Gobierno ha conseguido que en el Tribunal Supremo se imponga una mayoría “progresista”. Es mejor prevenir.
En consecuencia, solo, queda una esperanza para la salud democrática: denunciar al doctor Sánchez ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por alta traición. En efecto, no otra cosa es la voluntad sanchista de desmantelar la nación española y su Constitución. Se trata de un delito de Derecho Natural y contra los derechos humanos.
El precedente de un conflicto de este estilo lo tenemos en los Juicios de Nuremberg de 1945. Allí, tampoco, existía un código previo, pero se entendió que clamaban al cielo las atrocidades de los nazis. De esa experiencia surgió, en 1948, la creación del Tribunal Penal de La Haya. Se trata de juzgar los más graves atentados contra los derechos humanos. Como lo es que, en Cataluña, se intente eliminar el uso de la lengua castellana, que es la común para todos los españoles. En el fondo, es una expresión de racismo.
Convendría plantearse la ignominia antidemocrática de que, en España, y en ciertos partidos, no se proponen representar a todos los españoles, sino a una fracción territorial del electorado. Es el que controlan los respectivos caciques. Encima, a tales partidos les toca el privilegio de una sobrerrepresentación en las elecciones. A pesar de lo cual, sus dirigentes no se consideran españoles e influyen, decisivamente, en las decisiones del Gobierno.
La situación es tan vergonzosa que no cabe más opción que denunciar estas anomalías ante los jueces. Si los nacionales han sido cooptados por “progresistas”, la única salida es el caminito de La Haya.
No sé si Sánchez merece pasar a la Historia como el traidor que destruyó la nación española. Pero, sí es el fautor de un gravísimo atentado contra los derechos humanos. Por menos de eso, al presidente Castillo, del Perú, lo mantienen preso a la espera de juicio, del que no saldrá bien parado. En cambio, nuestro amado Presidente se propone ganar las próximas elecciones, repartiendo dádivas a troche y moche. Lo conseguirá, gastando “pólvora del Rey”, esto es, endeudando más a la nación. No sé si esa política, por lo desmesurada, podría ser, también, objeto de querella.
Como puede verse, mis dudas jurídicas son oceánicas. Ahora, cabe recapitular la vieja doctrina del “hurto famélico” (una forma de legítima defensa), aplicada a la política.
Amando de Miguel para Libertad Digital.
