Fernando M. Gracia Climent 
«Solo a través del respeto por la ley y la responsabilidad individual podremos construir una sociedad justa y democrática para las generaciones futuras»
En tiempos de convulsión política y social, es imperativo que la justicia prevalezca sobre cualquier otro interés. En el caso de aquellos que han dado un golpe de estado para intentar romper la unidad de España, prevaricar, malversar fondos públicos y causar estragos y desórdenes públicos, la aplicación de la ley se vuelve una cuestión de principios y de preservación del Estado de Derecho. La propuesta de amnistía para estos actos, lejos de fomentar la reconciliación, podría debilitar las bases de la democracia y la justicia en nuestra sociedad.
Si se llegara a progresar un acuerdo de amnistía con los independentistas catalanes, los delitos que podrían estar incluidos en dicha amnistía serían aquellos relacionados con acciones cometidas en el contexto del proceso golpista-soberanista en Cataluña. Esto podría incluir delitos como:
1. Sedición: Actos que buscan impedir, por la fuerza o de manera pública, la aplicación de las leyes o el ejercicio legítimo de las autoridades.
2. Desobediencia: Resistencia o desacato a las órdenes legales de las autoridades competentes.
3. Malversación de fondos públicos: Uso indebido de recursos económicos pertenecientes al erario público.
4. Otros delitos asociados al proceso independentista: Esto podría incluir, por ejemplo, la organización de referendos ilegales o la participación en actos de violencia en el contexto de manifestaciones o protestas.
5. Terrorismo.
En un Estado de Derecho, la responsabilidad individual es uno de los pilares fundamentales. Los actos de quienes han intentado desestabilizar el orden democrático y cometer actos ilegales deben ser evaluados con imparcialidad y con el debido proceso legal. La amnistía, en este contexto, implicaría eximir de responsabilidad a quienes han quebrantado las leyes y socavado los cimientos de nuestra democracia.
La concesión de amnistías en casos de esta naturaleza podría erosionar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y en las instituciones democráticas. Los ciudadanos deben tener la certeza de que el Estado protege sus derechos y que aquellos que violan la ley serán sometidos a un juicio justo y equitativo. Una amnistía en estos casos podría enviar un mensaje contrario y minar la credibilidad del sistema legal.
La aplicación de la amnistía en este caso abriría la puerta a la impunidad para futuros actos similares. Si aquellos que han intentado romper la unidad del país y desestabilizar la paz social no son llevados ante la justicia, se estaría estableciendo un precedente peligroso que podría alentar a otros a seguir por el mismo camino. Es imperativo evitar que la impunidad se convierta en una norma aceptada en nuestra sociedad.
La reconciliación en una sociedad fracturada es un proceso complejo que requiere un esfuerzo continuo por parte de todos los actores involucrados. El diálogo abierto, la comprensión mutua y la educación son herramientas fundamentales para construir puentes y superar las divisiones. Estos elementos permiten que las personas se escuchen, se respeten y se entiendan mejor, lo que a su vez facilita la construcción de una base de confianza y cooperación. La amnistía, en ciertos casos, puede resultar contraproducente en este proceso, ya que podría no abordar las causas subyacentes de la fractura y evitar la rendición de cuentas por acciones ilegales. En cambio, el diálogo y la educación pueden contribuir a un entendimiento más profundo de las diferentes perspectivas y a la construcción de una sociedad más inclusiva y unida. Promover la tolerancia, el respeto por las diferencias y el entendimiento mutuo es esencial para construir un futuro en común. Esto implica que aquellos que han cometido actos ilegales deben asumir la responsabilidad por sus acciones y contribuir a la reconstrucción del tejido social.
La concesión de una amnistía en el contexto de un proceso independentista en Cataluña representaría un agravio constitucional y por tanto al conjunto de los españoles en varios niveles:
1. Violación del principio de igualdad ante la ley: Si se otorga amnistía a los implicados en un proceso independentista, se estaría tratando de manera diferenciada a un grupo específico de individuos en comparación con otros ciudadanos que han cometido delitos de naturaleza similar en diferentes contextos. Esto podría percibirse como una discriminación injusta y una violación del principio fundamental de igualdad ante la ley.
2. Menoscabo de la integridad territorial y la soberanía nacional: La concesión de amnistía en un contexto independentista podría interpretarse como una señal de debilidad del Estado en la defensa de su integridad territorial y de su soberanía nacional. Esto podría tener implicaciones importantes en la cohesión y estabilidad del país. Con consecuencias, además, a nivel internacional.
3. Desafío a la autoridad del poder judicial: La amnistía puede ser vista como una forma de interferencia en la independencia del poder judicial. Al perdonar ciertos delitos, se estaría socavando la capacidad de los tribunales para impartir justicia de manera imparcial y aplicar la ley de manera consistente.
4. Riesgo de establecer un precedente peligroso: Si se otorga amnistía en un caso de este tipo, se podría sentar un precedente que aliente a otros grupos o individuos a buscar soluciones políticas a través de medios ilegales o desafiantes de la ley, con la esperanza de obtener el mismo tipo de perdón en el futuro.
5. Impacto en la confianza ciudadana: La concesión de amnistía en un caso de este tipo podría erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de Derecho. Los ciudadanos podrían cuestionar la efectividad y la equidad del sistema judicial.
En definitiva, la negativa a otorgar amnistía en casos de intento de golpe de estado, prevaricación, malversación de fondos públicos y causar estragos y desórdenes públicos es una cuestión de preservación del Estado de Derecho y de la integridad de nuestras instituciones democráticas. La justicia debe ser imparcial y equitativa, y no debe ceder ante la presión política o emocional. Solo a través del respeto por la ley y la responsabilidad individual podremos construir una sociedad justa y democrática para las generaciones futuras.
