Antonio de la Torre 
«Más que “debajo de las piedras” Sánchez ha encontrado los votos revueltos en el fango que forman el polvo del camino»
Creo que todos recordaremos aquella intervención, a mediados de septiembre, del presimiente PinócHez, en la “XII Festa dos Socialistas de Galicia” –esos que llevan chupando rueda desde hace más de quince años– ante una entregada parroquia en Oroso (La Coruña), después de criticar, una vez más, al Partido Popular, que tuviera el «desparpajo» –decía el autor de dos estados de alarma ilegales, otras “minucias” y las condenas que espero y deseo que le lleguen por su felonía– de decir que “los socialistas van a romper la Constitución, cuando ellos llevan cinco años incumpliendo el mandato de renovar al órgano de gobierno de los jueces”, uno de sus mantras preferidos y que repiten cansinamente las cotorras del banco azul. Allí recordaba que en la campaña electoral dijo que iba a «buscar votos hasta debajo de las piedras« , según él “para revalorizar las pensiones, dignificar el salario mínimo interprofesional, para aumentar las becas, para comprometernos con la emancipación de los jóvenes, por la concordia entre los pueblos de España y por la convivencia”. No era para eso la búsqueda, como veremos después, pero vamos por partes.
También conviene recordar aquello otro que también decía con su engolamiento y desfachatez habituales el susodicho personaje: “Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy aquí, (fue en el estrado del Congreso) para que conste en acta: No voy a poner la gobernabilidad del Estado en manos de los quieren romperlo”.
Pues bien, ya podemos añadir una fecha más a esas celebraciones que tan de moda se han puesto en los últimos años dedicando un “día de…” a las cosas más variopintas. En este caso, el 9 de noviembre que hasta ahora sólo se conocía, especialmente en Madrid, como el Día de la Almudena, patrona de la capital, pasará a la infrahistoria política como el Día de la Felonía socialista. Y, precisamente, el 9 de noviembre, noveno aniversario de aquella pantomima de referéndum que pertrechó Arturo Mas ese día de 2014 y tras varios peregrinajes, conocidos, a Bruselas, y otros tantos secretos de otros miembros del partido sanchista. Tras unos días de rodillas, mendigando ante el prófugo, el enviado Santos Cerdán y el representante de JUNTS, Jordi Turull –uno de los indultados por su ahora socio– firmaron el acuerdo de “Investidura por inmunidad, inmunidad por investidura”, que no otra cosa resume mejor el contenido del pacto de la vergüenza sellado ese día en la capital de la Unión Europea, para más inri, “por el bien de… Pedro Antonio i el Mentiroso”, máximo beneficiario del oprobio. Poco después, comparecía el patán Cerdán, muy chulo, él para decirnos que “No es un pacto de investidura, es un pacto de legislatura. Estamos presentando un acuerdo político, anunciando que tenemos acuerdo político y acuerdo sobre la ley de amnistía”, para que no queden dudas. O sea, supuestamente tienen un pacto de gobierno.
Ya nos explicará cómo se puede gobernar cuando el desgobierno socialcomunista proponga una de las pretensiones económicas de su sumando de la extrema izquierda y tenga que ser aprobado por la extrema derecha catalana y vasca, que eso son JUNTS y el PNV. Laura Borrás, de JUNTS, ha apuntado que “el pacto durará lo que dure la palabra de Sánchez”, que ya denota el nivel de confianza existente, así que ya veremos lo que tarda en cumplirse el dicho que deja la festividad de San Martín de Tours, que se celebraba este sábado y que parafraseo así: «A todo ‘cerd…án’ le llega su San Martín», que espero que sea lo más pronto posible.
Y para completar el contubernio, el viernes, esta vez con presencia del Felón Mayor del Reino (espero, ahora sí, por el bien de España, que no haya otro de mayor rango) se completó la suma de apoyos tras firmar el pacto con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, un acuerdo por el que le concedía las competencias que le faltaban en materia de Seguridad Social y reconociendo Vascongadas como “nación”. “Lo que haga falta, Andoni”, con tal de seguir amortizando mi colchón o comprar otro, que éste sabe demasiado. Pero deberían empezar a preocuparse después de lo que dijo sólo tres horas más tarde la ministra de Hacienda, “Marisú” Montero, que ve “difícil cumplir ese compromiso. No se ha singularizado nada respecto a la seguridad social. Esta cuestión ha sido el mismo literal que figura en los acuerdos clásicos con el PNV, que obligan al cumplimiento del Estatuto de Guernica”.
Lo cierto es que, para conseguir los apoyos de SUMAR, BNG, ERC, JUNTS, PNV y la falsa CC, que cambió de bando, Juan Ramón Rallo resume muy bien en este vídeo que el doctor Plagio cum Fraude ha tenido que hacer no pocas concesiones –como dice, no se han plasmado formalmente los acuerdos con BILDU, que “lo apoya sin condiciones”, que iremos viendo en el día a día–. A cambio, el PSOE también logra algo, la investidura y que la derecha no llegue al poder, como profetizó PabLenin Iglesias cuando estaba en el Congreso.
En definitiva, el que probablemente sea investido de nuevo como presimiente del desgobierno la próxima semana –ahora ya si puede la servil Paquita Armengol convocar el pleno al efecto–, cumplió su promesa sobre la búsqueda de votos, aunque me parece que más que “debajo de las piedras” los ha encontrado revueltos en el fango que forman el “polvo del camino” con el que se manchaba la toga su amigo Cándido Conde Pumpido y el vómito que producen los partidos a los que ha vendido su periodo de gloria, que ya veremos si llega y lo que dura. Que no quede por falta de esperanza del que escribe, lo último que se pierde.
Con todo lo anterior y después de que empezara la semana con la celebración del pleno del Consejo General del Poder Judicial que el pasado día 31 de octubre habían pedido ocho vocales, se han producido numerosas reacciones institucionales y civiles. El Pleno aprobó por nueve votos a favor, cinco en contra y la abstención del presidente, una contundente y dura declaración institucional sobre la pretendida ley de amnistía que quiere aprobar el gobierno para satisfacer las demandas de sus ya socios de investidura. Entre otras cosas, se dice que «Este órgano constitucional no puede permanecer en silencio ante una iniciativa como la referida, por las graves consecuencia que tiene en la misma configuración del Poder Judicial que se hace en la Constitución… Una ley de esas características no puede tener ni fundamento ni razón alguna y vanos resultarán los argumentos para su motivación… expresa su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España… Confundir el “interés de España” con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que se recoge en el artículo 1 de nuestra Constitución… Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional…».
Después de esta declaración, los pactos del PSOE con los diferentes partidos en los que va a poyar la investidura de su candidato han conseguido la unidad de rechazo de las distintas instituciones, sindicatos policiales y colectivos judiciales. Haciendo un pequeño resumen de las manifestaciones registradas a raíz de la confirmación de los diferentes pactos, la Unión progresista de fiscales, o sea, los más cercanos al PSOE, decían que «mostramos nuestro absoluto rechazo al respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y JUNTS. Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes».
También los Inspectores de Hacienda del Estado mostraban su «Rechazo frontal y absoluto a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno de España… se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera… implica sin lugar a duda la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución…, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna… unos acuerdos que sirven de contrapartida a los votos que determinadas formaciones políticas le otorgarían al candidato con la finalidad de ser investido como presidente del Gobierno por lo que conllevan, implícitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales de TODOS los españoles, y derivan en un trato de favor, sin ningún amparo legal, hacia una parte de los españoles que residen en un territorio de la Nación».
Por su parte, la Asociación de Fiscales manifestaba que «Tras haber conocido el acuerdo de investidura pactado entre PSOE y JUNTS, donde se incluye la aprobación de una ley de amnistía que contempla la posibilidad de establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales, la AdeF quiere mostrar su más firme oposición a esta medida, un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio de nuestro Estado de Derecho. Es inadmisible la utilización del término “guerra judicial” (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente».
En la misma línea se expresaban en un documento conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Victoria, Jueces y Juezas por la democracia y el Foro Judicial Independiente: «…las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales, con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes, que contravienen lo recogido en el Artículo 117.1 de la C. E.»
Otro tanto hace la Asociación de Abogados del Estado: «Rechazamos cualquier alusión al concepto lawfare, entendido como un uso alternativo del derecho, ajeno a las normas sustantivas y procesales que resultan de aplicación en cada caso».
También en la calle se ha manifestado durante toda la semana el rechazo de buena parte de la ciudadanía, con manifestaciones espontáneas diarias ante la sede del partido socialista en la madrileña calle de Ferraz, además de en otras numerosas ciudades. En estos hechos se han producido actuaciones policiales desproporcionadas que han dado lugar a que el Sindicato de la Policía Judicial, JUPOL, se haya manifestado mediante un comunicado en el que «solicita al ministro del Interior que deje de esconderse, que dé la cara y que depure las responsabilidades existentes tanto en la cúpula del Gobierno como en la de Interior, así como, la defensa de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron bajo órdenes políticas».
Como era de esperar, el Partido Popular ha manifestado también su rechazo a estos acuerdos y ha convocado a una concentración el domingo 12 en las principales plazas de todas las ciudades españolas y, como de costumbre, ha vuelto a ser la presidente de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, la que más clara y directa se ha expresado, en una declaración institucional que reproduzco íntegra: «Es inaceptable el abuso que el PSOE y la ultraizquierda están haciendo de las instituciones. Pedro Sánchez quiere cambiar España por la puerta de atrás. Meses después, ya lo están haciendo a la vista de todos. Cree que la ley, las instituciones y el CP están a su servicio. Él decide qué delitos quedan impunes y qué delincuentes, compañeros, exonerados. Él decide cómo han de organizarse los jueces, adueñándose del TC y, por tanto, amordazando a la propia Constitución. Es obligación de todos los españoles decir no al autoritarismo del partido socialista y de la ultraizquierda. Entre el nombramiento de los altos cargos políticos en el TC, la abolición del delito de sedición y la arbitrariedad de la expulsión de una diputada en el Congreso, el PSOE ha decidido destrozar la democracia. Y vamos camino de una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de derecho. No se reflexiona acerca de cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo y, lo peor, adónde vamos. Al proceso de ruptura para imponer una república de países catalanes junto con las pretensiones de la izquierda abertzale de anexionar País Vasco y Navarra para seguir expandiéndose, hoy en España se señala a Jueces, presentadores, artistas, periodistas, políticos, a la empresa, a la banca, a las eléctricas, a los patrimonios, a la oposición, a la propiedad de millones de españoles. Sánchez se ha convertido en el Código Penal indultando a los delincuentes, modifica los delitos para beneficiar a los suyos y se quiere erigir, por lo tanto, en el poder judicial y ahora, en el poder legislativo. Obligan a una representante de los ciudadanos a decir lo que tiene o no que hacer, cómo y cómo expresarse. Todo eso es inadmisible. Sánchez quiere ser ese poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, todo en uno. No sé cómo quiere Sánchez pasar a la historia, pero sí sé que ha perdido la oportunidad de ser un presidente. Pasará a ser el mandatario que alimento dos bandos para situarse en uno, el que destrozó las instituciones, desmembró España y la entregó a sus enemigos confesos. Ha perdido la oportunidad de gobernar con solvencia respetando las instituciones, desde la Justicia hasta cualquier organismo que dependa del gobierno de la nación. Ha perdido la oportunidad de legislar con ecuanimidad y de creer que todo español puede tener una opinión diferente a la suya, sin que sea destrozado por su poder. Ha decidido amarrarse al poder, pero la sociedad ya no soporta este autoritarismo. Esto ya no se trata de izquierda o derecha, esto se trata de libertad. Y esto ya es o Sánchez o España».
Y para que no faltara de nada en esta semana aciaga que termina, el antes citado jueves 9, poco después de que Madrid celebrara en la catedral el día de su patrona, sobre las 13:30 sufría un lamentable atentado el que fuera presidente del Partido Popular de Cataluña, vicepresidente del Parlamento Europeo y fundador de VOX en 2014, Alejo Vidal-Quadras, que recibía un disparo en la cara, con orificio de entrada y salida, en la madrileña calle Núñez de Balboa, muy cerca de su domicilio. Al parecer, un desconocido, al que esperaba otro en una moto, atentaba contra su vida que, afortunadamente, salvó gracias a que debía ser un comando bastante chapucero y el disparo, que sin duda buscaba su muerte, “sólo” le produjo una doble fractura maxilar. Tras ser intervenido parece que evoluciona favorablemente y se está recuperando.
Lógicamente, se dispararon las especulaciones sobre la autoría y motivos del atentado. Por un lado, se dice que la víctima les habría dicho a los médicos que pensaran en alguien relacionado con el régimen iraní, lo que podría tener su fundamento en la relación que Vidal-Quadras mantenía desde hace muchos años con la disidencia iraní en el exilio. Si he de ser sincero, lo primero que me vino a la cabeza fue un paralelismo con el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, que desencadenó la contienda civil española. Después me vino el recuerdo del 11-M, que también se quiso justificar con una supuesta reacción yihadista por la relación de José Mª Aznar con la guerra de Irak. No pude evitar pensar que tal vez pudiera ser debida a alguien relacionado con la extrema izquierda, hipótesis que vi reforzada cuando a la mañana siguiente supe que se había producido una agresión al exalcalde y líder socialista de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que podía buscar el “equilibrio” agresivo en este ambiente de crispación y enfrentamiento que la política actual propicia. Pero como decía un viejo amigo, “lo más seguro es que quién sabe”, y esperemos que se llegue a conocer su autoría y motivos.
Termino con una pregunta: ¿Dónde está el Rey ante los acontecimientos vividos esta semana? Así como estuvo brillante y valiente aquel 3 de octubre de 2017 tras los altercados en Cataluña , se echa en falta que, en una situación posiblemente mucho más grave para el conjunto de España, Don Felipe no aparezca con un mensaje equivalente al de aquel día, mostrando firmeza y transmitiendo tranquilidad al pueblo español. ¡Ánimo, Majestad! España se lo agradecerá.
