Lenguaje eufemístico: Normalizando la anormalidad. Por Diego J. Romero

Lenguaje eufemístico

«El lenguaje es manipulado por aquellos que ostentan el poder con el fin de controlar a los demás y mantenerse en esa posición el mayor tiempo posible»

Estimados lectores de “La Paseata”, estos días de Navidad, después de llevar meses -incluso, lustros- leyendo y escuchando a distintas personalidades que marcan la actualidad española exponiendo argumentos políticos y jurídicos, muchos de ellos en torno a cuestiones tan básicas y claras que no generarían dudas ni a un alumno de primero de derecho, empiezo a sentir dudas para las cuales no encuentro otra respuesta [ni origen] que una perversión del lenguaje; el lenguaje, evolucionado al relativismo de todo aquello considerado “políticamente incorrecto”. De tal manera que, pasando inadvertido, hasta yo mismo no he sido consciente de su importante repercusión como arma de ingeniería social de la que se valen los grandes lobbys mundiales -ejemplo, Grupo Bilderberg, Fundación Bill y Melinda Gates. etc.- y, por ello, no escribo para mí -que ya me he dado cuenta-, si no para ustedes.  

 

Miren ustedes, yo estudié lengua española siguiendo la ortografía, semántica, lingüística y gramática, literatura y latín, en un colegio con unas ratios de exigencia al alumnado desorbitados, comparado con hoy. Recuerdo la importancia que los docentes les daban a las humanidades. Todavía conservo en mi biblioteca libros de aquellos tiempos de infante y adolescente en aquel colegio regido por la obra salesiana; libros de Lázaro Carreter, Correa Calderón, Gómez Torrego, entre otros. Uno de los que me fueron más útiles fue “Cómo se comenta un texto literario”, de D. Fernando Lázaro Carreter. Pues bien, cuando leo o escucho “todas y todos” me chirría la expresión, y no digamos si se añade “todes”: el uso del neutro es inclusivo. No obstante, lo peligroso es el abuso de los eufemismos frente a la claridad de un texto que no requiere interpretación, porque de por sí es claro: in claris non fit interpretatio (en las cosas claras no cabe interpretación). 

 

Parecería algo baladí e incluso árido lo que escribo, pero no es así. Siguiendo a Eric Arthur Blair, conocido por su seudónimo de George Orwell, novelista, periodista, ensayista y crítico británico nacido en la India, autor entre otras obras de las novelas distópicas Rebelión en la granja, caemos en la cuenta de que el lenguaje y la política, para Orwell, están íntimamente ligados, ya que el lenguaje juega un papel muy importante en el mundo de la política. G. Orwell observó que en política no se utiliza tanto el lenguaje para ofrecer una información con honestidad y objetividad, sino para falsearla o para ocultarla. Vio cómo el lenguaje podía ser manipulado por aquellos que ostentan el poder con el fin de controlar a los demás y mantenerse en esa posición el mayor tiempo posible.  

Los grandes lobbys mundiales

Así, según G. Orwell, el lenguaje, ya sea oral o escrito, es la clave para obtener el poder político y para mantenerse en el poder una vez conseguido, siendo una de las más valiosas herramientas en el mundo de la política como medio de propaganda. 

 

En efecto, si nos paramos a analizar el discurso de los políticos, podemos comprobar cómo utilizan el lenguaje como medio de propaganda política, dando una u otra interpretación interesada del significado real de las cosas, por lo que se recurre en exceso al eufemismo, que es lo que llega al “rebaño” y lo contenta. Es decir, se oculta la realidad de las cosas al albur de los intereses de cada línea política, llevando a la relativización de todo hasta tal punto, que, incluso el adversario adopta el mismo lenguaje, que termina por imponerse como medio de propaganda al “rebaño”, dando apariencia de normalidad a lo anormalmente transmutado de significado, mediante el uso de la ingeniería del lenguaje. 

 

Por ejemplo, el artículo 32.1 de la Constitución Española dispone que El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”, lo que nunca había suscitado ningún género de dudas por la claridad de su contenido, en el cual liga mediante conjunción copulativa el matrimonio al binomio hombre y mujer. Su reflejo en el Código Civil venía dado en el artículo 44, según El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”. 

 

No obstante, durante el primer gobierno de Zapatero se tramitó una ley ad hoc a fin de ampliar el ámbito subjetivo de la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo, binomio hombre-hombre o mujer-mujer, de tal manera que por ley ordinaria, Ley 13/2005, de 1 de julio, que modificó el precepto del Código Civil, se extendió el ámbito subjetivo más allá del establecido en el artículo 32.1 de la Constitución, añadiéndose que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Esta modificación generó un intenso debate, pues el Partido Popular propuso que la regulación se hiciera de distinta manera, permitiendo la unión de parejas del mismo sexo, pero con otra denominación y regulación diferente, al modo de una comunidad de bienes. Claro el espíritu implícito al precepto original era la protección de la familia, sólo pensable mediante la unión de hombre y mujer, como hecho natural y objeto de protección especial en cuanto a los hijos. 

 

Sin embargo, el Partido Popular interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional que fue desestimado mediante Sentencia n.º 198/2012, de 6 de noviembre de 2012, que se basaba principalmente en interpretar que tanto el hombre y la mujer tenían derecho a contraer matrimonio, desapareciendo el binomio de la conjunción copulativa por una interpretación que dio lugar a la formulación de varios votos particulares en contra de la modificación llevada a cabo por el gobierno de Zapatero, en la que D. Manuel Aragón Reyes expresaba que el precepto constitucional no daba lugar a interpretaciones: 

 

“El Tribunal Constitucional, entonces, en lugar de ser, como es, un poder constituido, pasaría a ser, como ya dije, un poder constituyente permanente. Como esto no puede ser así, por razones obvias, pues, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, pero no su supremo dueño, y es difícil aceptar que así lo quisieran los demás Magistrados de la mayoría, no hay más remedio que entender que ha sido, más que un error, fruto de la inadvertencia, realizar estas afirmaciones sin modularlas, limitarlas, precisarlas con los necesarios matices y cautelas para que no surtan los efectos perniciosos que, dichas en términos tan generales como se dicen, podrían provocar.” 

 

Y Ollero Tassara, se centraba para discrepar de la sentencia del TC en que se hubiera tenido en cuenta la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, satisfaciendo las exigencias del art. 167 CE, considerando que lo que se ponía en juego no era tanto el matrimonio, como pudiera resaltarse también por motivos políticos o morales, sino en sentido estrictamente jurídico el alcance de la propia Constitución en su papel de control del poder legislativo. 

 

Es decir, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, pero no puede convertirse en poder constituyente, lo que está reservado al poder legislativo mediante el procedimiento de reforma constitucional. 

Lenguaje político

Pues bien, estimados lectores, aquí tenéis un ejemplo claro de cómo un tribunal actualmente presidido por Conde – Pumpido, puede seguir el “juego” del gobierno de turno, y lo digo porque el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial -como en EE.UU., donde los jueces están revestidos de ese poder-, siendo un tribunal auténticamente político y politizado.  

 

También, me consta que recibió presiones del propio Zapatero -como afirmara Peces Barba a la prensa- cuando se tramitaba el recurso contra el Estatut de Cataluña, en torno al término “nación”. 

 

Sin embargo, aquellas leyes ideológicas de los años de Zapatero, como con la ley del aborto -ley Aído- que no agradaban por el Partido Popular, quien recurrió todas al Tribunal Constitucional, fueron refrendadas por los gobiernos de Rajoy, convirtiéndolas en dogmas de fe, que ya a nadie le preocupa, ni tan siquiera se recuerda: “normalizando la normalidad” de la mano de la ingeniería del socialismo, del que gustosamente recoge el guante el acomplejado Partido Popular, el cual, todavía pide permiso a la izquierda hasta tal punto que, hace unos días Moreno Bonilla suplicaba que volviera el PSOE bueno ¿pero qué PSOE, bueno; el de los “eres” de Andalucía? 

La amnistía es inconstitucional

No se engañen, estas prácticas conllevan a contradicciones, ya que el uso cotidiano del binomio lenguaje-propaganda, principal arma del PSOE de antes y después, conlleva al olvido, a diferencia de lo auténticamente verdadero, de tal manera que, para no cansar al lector, pondré otro ejemplo más actual: La amnistía no es constitucional”, afirmada por Pedro Sánchez y otros miembros de su partido antes de las elecciones del 23-J, y poco después “La amnistía es constitucional”. 

 

En resumen, deseo y espero que el lector se haya percatado de cómo nos manipulan desde el lenguaje eufemístico, normalizando la anormalidad, de tal manera que se prescinde de los informes y dictámenes de cualquier institución independiente, como del CGPJ respecto a la ley de amnistía, como ha ocurrido con la invasión del poder judicial vía lawfare, sobre el que se asienta el pilar básico del Estado Democrático de Derecho, haciendo caso omiso a la mayoría de asociaciones judiciales que claramente se pronunciaron en contra de la amnistía por invadir la independencia judicial (artículo 117 de la Constitución Española), el principio de igualdad del artículo 14 y el de legalidad del art. 9.1, según el cual: “…los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

 

En definitiva, no resultaría baladí equiparar las técnicas del lenguaje eufemístico por analogía al lenguaje de lo políticamente correcto; relativista y ambiguo, como una herramienta de censura encubierta, de tal manera que lo negro será blanco o a la inversa en función de los intereses de los lobbys, terminando por ser aceptado por la mayoría del rebaño, ya que nadie se atreverá a poner en duda lo impuesto por la clase dominante (club Bilderberg, Bancos y otros lobbys).

En su misión por conseguir un mundo mejor fuera del alcance de las sociedades secretas, el presidente John Fitzgerald Kennedy ofreció un discurso a la nación americana que le condujo hacia su propia muerte. Estaba cruzando, sin darse cuenta, una línea prohibida abierta por Albert Pike y Adam Weishaupt hace más de cien años. Los propósitos de los illuminati estuvieron en peligro cuando se escucharon las contundentes y claras palabras de JFK. En un fatídico día de noviembre, Kennedy era asesinado en Dallas. JFK discurso Sociedades Secretas

Así la mentira será aceptada por el adversario, siempre y cuando provenga de la izquierda política -experta en este tipo de ingería social-, como de hecho ha ocurrido normalizando lo que en principio parecía un disparate constitucional, con la aceptación por Rajoy de las leyes ideológicas de Zapatero y, nada me sorprendería, que algunas de las de Sánchez, terminen con sus eufemismos siendo aceptadas por Feijóo, como de hecho ya voy vislumbrando, como con la ley de Montero. 

 

Y ustedes, estimados lectores, piensen por sí mismos y no se dejen influir por los intereses económicos de la industria de los lobbys, y después tomen sus decisiones. Pues ya ven, cómo se interpreta el lenguaje sesgadamente por la casta, que Feijóo interpretó el mensaje del Rey como una defensa de la legalidad constitucional y Sánchez como un aval a su proyecto. Para mí, fue el mejor mensaje que he escuchado al Rey, desde que el 3 de octubre de 2017 se dirigió a la nación española para parar el golpe en Cataluña. ¡Ah, y esta vez, me alegro que el Rey apareciera sin el pin de la Agenda 2030! 

 

Diego J. Romero Salado

Licenciado en Derecho y Diplomado en RRLL (Graduado Social). Programa Superior de Práctica Jurídica Forense y Asesoría Jurídica (ICIDE- centro homologado por el CGAE), obteniendo el certificado CAP (Consejo General de la Abogacía Española). Máster en Mediación Familiar, acreditación oficial homologada por la Junta de Andalucía e impartida por el ICIDE. Postgrado en Mediación Civil y Mercantil por la Universidad CEU San Pablo. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Especialidades en Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada). Medalla de plata al mérito profesional otorgada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y colectiva al Mérito al Trabajo, categoría de oro. Letrado del turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Graduado Social colegiado del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y vocal del consejo de redacción de la revista 'Justicia Social' del referido colegio. Tutor-colaborador de prácticas externas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla desde 2010, colaborando con los departamentos de Derecho Civil y Penal y Procesal en la impartición del practicum.

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