Ni soluciones, ni gestión. Por Patricia Rodríguez Corchado

Ni soluciones, ni gestión.

«La información no cesa y cada vez son más los nombrados dentro de este puzzle, al que aún le quedan muchas piezas por poner»

La empresa que cerró los contratos con las administraciones, donde se centra el Caso Delorme es la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. El Gobierno concedió una subvención de 53,6 millones y una ayuda de otros 6000 euros como instrumento de ayuda para la digitalización de empresas. 

Situada en Zaragoza y Madrid, se publicita como especialista en suministro de emergencia de Epi´s por corredor aéreo y logístico propio, durante la pandemia del Covid-19, por la cual se creó una operación de suministro con un centro de estocaje, inspección y despacho en origen Shenzhen en China. Un informe remitido a la Audiencia Nacional explicaba una supuesta mediación entre el empresario Víctor Aldama, fundador de la constructora Obrand y presidente del Zamora CF y Koldo García exasesor de José Luis Ábalos. 

Aldama, es el supuesto comisionista dentro de este entramado de las mascarillas, y ha sido junto con Koldo quienes mantenían una estupenda relación con el Ministerio de Transportes. Como ha destacado Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional y antiguo policía que instruye el caso. 

El Magistrado investiga a todos los implicados que mantuvieron algún tipo de trato con los mandos de distintos departamentos, y ha solicitado a la Guardia Civil que intervengan todos los correos electrónicos de los altos cargos tanto de los Ministerios de Interior como el de Transporte, y así poder cotejar toda la información de los periodos donde se produjeron las adjudicaciones entre enero y julio de 2020. 

Este Gobierno tiene entre sus filas a muchos salpicados por este caso. La vicepresidenta primera María Jesús Montero, parece ser que también era conocedora de las compras irregulares de las mascarillas, pues participó en la creación del departamento de adjudicaciones del Gobierno por la cantidad de 5 millones de euros a distintas empresas por la compra de guantes de nitrilo. Una de estas empresas es Member of the Tribe, con sede en Barcelona y constituida en mayo de 2019, cuya actividad es el comercio al por mayor de toda clase de productos textiles, de confección, calzados y artículos de cuero. En el BOE del 13 de mayo de 2020 podemos encontrar la formalización del contrato por valor de 3880 millones de euros para la adquisición de 40 millones de guantes. La cuestión es que después del pago de dichas cantidades los guantes de nitrilo nunca fueron recibidos. 

El exministro de Sanidad Salvador Illa, parece que tampoco está libre de pecado. Al intentar agilizar el proceso en la compra de mascarillas, a través del Ministerio de Sanidad, se firmó un acuerdo con la empresa vinculada al “Caso Koldo”, para proveer de mascarillas a Galicia. Pero la compra salió bien costosa, pues las mascarillas tenían un coste de hasta seis veces superior que otras empresas. Resumiendo 233,5 millones de euros por 73 millones de mascarillas. 

 A Francina Armengol presidenta de la Cámara Baja, le salpica también este caso, dado que en junio de 2020 ya tenía conocimiento que las mascarillas FFP2 adquiridas eran Fake. Venían defectuosas y no se reclamó el dinero en ningún momento, 3,7 millones de euros más, abonados a una empresa fantasma según las sospechas que baraja la Guardia Civil durante la administración de la actual presidenta. El ejecutivo ya ha salido en su ayuda, pues son muchas las formaciones que piden “su cabeza” y Moncloa envía un argumentario indicando que “solo compró mascarillas”. Si, esos cubrebocas que nos obligaron a llevar a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), avisaba que podían ser una fuente potencial de infección, además de no ser resistentes a los fluidos. 

El ministro Ángel Víctor Torres, tenía conocimiento de la deficiencia de las mascarillas, al igual que Armengol. Pero solicitó mascarillas a Soluciones y Gestión a 2,50 euros por unidad, el 22 de abril de 2020 a través del Gobierno Canario, por un importe de 4.775.500 euros. La UCO afirma que el ministro, realizó facturas a posteriori como justificación de la compra. 

Bien es cierto, que la información no cesa, y que cada vez son más los nombrados dentro de este puzzle, al que aún le quedan muchas piezas por poner. Buena parte de este Gobierno no hizo su trabajo de manera correcta, en los momentos en los que estaban muriendo muchas personas. Parece que estos personajes solo querían sacar un redito para llevárselo calentito. El Partido Socialista Obrero español es una formación corrupta, sin ética ni moral y sin empatía, y alguien debe pagar por todos los errores cometidos y por el dinero malgastado a costa de todos los contribuyentes. Por mucho que intenten tapar o esconder, este Gobierno debería saber que por más que agiten el puzzle, todas las piezas vuelven a encajar con demoledora exactitud. 

Patricia R. Corchado

Cacereña de nacimiento, diploma en Educación Primaria. Amante de la comunicación y la política. Articulista y colaboradora en distintos digitales y medios de comunicación como Edatv, minuto crucial y Denaes. Hoy en día uno de los pasos hacia la libertad es estar bien informado.

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