Patricia R. Corchado 
«Está claro que España no es país para autónomos ni pequeñas empresas y ni con pérdidas este Gobierno les deja respirar»
Desde el 1 de enero de 2019, es obligatorio que todos los autónomos coticen por el cese de actividad, según el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
Aun siendo obligatorio, no todos los autónomos que concluyan su actividad pueden disfrutar de dicho cese, deben de evidenciar una bajada del 10% con respecto a los 12 meses anteriores y haber cotizado por un plazo mínimo de 12 meses. Pero la cuestión se complica en el caso de que el año anterior el autónomo hubiera tenido pérdidas y decida cerrar su negocio debido a la insostenibilidad del mismo, ya que, si aun teniendo pérdidas, sus ingresos no han bajado un 10% con respecto al año anterior, no le corresponderá cese de actividad ni aun evidenciando pérdidas.
Son muchos los autónomos que han tenido que echar el cierre, provocado por la subida de precios, impuestos, tasas y un largo etcétera, llevando a una situación insostenible a pymes y autónomos. A esto, tendremos que añadir en el año 2025 la subida de impuestos “progresistas” que ya ha avanzado el Gobierno.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), marca una bajada de 87.800 autónomos en el último trimestre, lo que supone 1.000 autónomos menos al día.
La situación es tan extrema para este sector, siendo el Gobierno conocedor de este problema que el pasado martes 22 de octubre, el Consejo de Ministros se ha tenido que aprobar un suplemento de 7.660.746,38€ dado que el crédito inicial otorgado era insuficiente. Este crédito, se divide en 4.185.055,63 € para «Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos, incluso obligaciones de ejercicios anteriores» (inicialmente 5.636.490€, a los que habría que añadir la actual cifra) y 3.475.690,75 € para «Pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social. Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad, incluso obligaciones de ejercicios anteriores» (inicialmente, 500.000€, a los que habría que añadir el suplemento aprobado en el consejo de ministros)
Cifras demoledoras para nuestra economía, teniendo en cuenta que la autónoma y pequeña empresa, ocupa el 95% del tejido empresarial.
Está claro que España no es país para autónomos ni pequeñas empresas. Nuestro país perderá cerca de la friolera cantidad de 600.00 autónomos en los próximos cinco años. El 16% del total de los trabajadores por cuenta ajena habrá cumplido 65 años para el 2029. El Gobierno no deja de ahogar con burocracia y más impuestos a nuestros autónomos. El castigo del Estado con la asfixia fiscal desproporcionada obstaculiza continuamente la economía “saludable” de estos trabajadores, recordemos que contribuyen significativamente al Producto Interior Bruto (PIB). Las cotizaciones sociales, los impuestos sobre la renta y el IVA hacen que la supervivencia de los mismos sea una continua dificultad para su expansión. Ni con pérdidas este Gobierno les deja respirar.
