Fernando M. Gracia Climent 
«La lección que deja esta DANA es clara: la inacción y la falta de visión tienen un precio, un precio que se paga con vidas humanas y la seguridad de toda una comunidad«
La reciente DANA que ha azotado la comarca de l’Horta Sud en Valencia, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción, ha puesto en evidencia una vez más la falta de previsión y acción que ha caracterizado a las administraciones autonómicas y nacionales, también locales en muchas ocasiones, durante los últimos veinte años.
Las promesas y planes anunciados hace dos décadas, como la construcción de una presa en Cheste, eran en aquel momento una solución aparentemente definitiva a los graves problemas de inundaciones que afectaban a una veintena de municipios en la región. Sin embargo, estos proyectos nunca se llevaron a cabo, y la actual devastación podría haberse evitado si se hubiera actuado con la diligencia y el compromiso necesarios.
La situación de l’Horta Sud es emblemática de un patrón más amplio de descoordinación y negligencia en la gestión de riesgos naturales. Desde hace décadas, municipios como Alaquàs, Aldaia, Cheste, y muchos otros han estado expuestos a las intensas lluvias y las consiguientes inundaciones que afectan la zona con frecuencia, especialmente durante los episodios de gota fría. Estos eventos climáticos, que han demostrado ser cada vez más impredecibles e intensos debido al cambio climático, han sido una constante amenaza para la población y sus bienes. La propuesta de 2004, que incluía la construcción de una presa en Cheste y la adecuación de los barrancos del Pozalet, la Saleta y la rambla del Poyo, parecía ser una respuesta sólida y bien estructurada a la problemática. La infraestructura propuesta no solo tenía como objetivo contener y regular los caudales de agua para evitar desbordamientos, sino que también contemplaba la creación de un corredor verde que actuaría como una laguna de laminación y amortiguaría el impacto de las tormentas. Esta medida habría beneficiado a muchos miles de personas, proporcionando una mayor seguridad y reduciendo las pérdidas humanas y materiales que las inundaciones han ocasionado a lo largo de los años.
El anuncio del plan fue recibido con optimismo en su momento, con líderes locales y regionales manifestando su apoyo. La presidenta de la mancomunidad de l’Horta Sud y otros representantes políticos resaltaron la importancia del proyecto, subrayando que llevaba años siendo una necesidad urgente para la región. Sin embargo, lo que prometía ser un hito en la gestión de riesgos en la cuenca de la rambla del Poyo se convirtió en otro caso de promesas no cumplidas y de letargo administrativo. La inacción no solo fue producto de la falta de recursos financieros, aunque ese fue un factor señalado en diversas ocasiones, sino también de la falta de coordinación y la pugna constante entre la administración autonómica y la central. Las tensiones políticas y los intereses partidistas impidieron que se alcanzara un consenso efectivo para poner en marcha las obras. Mientras tanto, año tras año, los municipios más afectados seguían enfrentándose a las mismas escenas desoladoras: calles inundadas, coches arrastrados por la corriente, viviendas dañadas, y en algunos casos, pérdidas humanas irreparables. No se puede dejar de mencionar el papel que han jugado los intereses económicos y la presión de ciertos grupos en la paralización de proyectos como la presa de Cheste. La construcción de infraestructuras de esta magnitud conlleva importantes contratos que suelen ser objeto de disputas y pugnas entre empresas constructoras y entidades políticas. En este caso, la falta de transparencia en los procesos y la ausencia de una voluntad clara por parte de los líderes políticos para priorizar la obra, sugiere que los intereses económicos y la burocracia terminaron aparentemente siendo más fuertes que la urgencia de proteger a la población.
Las políticas públicas deberían estar orientadas a prevenir tragedias, y los proyectos de infraestructura destinados a gestionar riesgos naturales no deberían quedar atrapados en un juego de influencias y demoras administrativas. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario: la seguridad y el bienestar de las personas no siempre son la prioridad, y las decisiones se toman en función de intereses que poco tienen que ver con la protección ciudadana. En retrospectiva, es evidente que la ineficiencia administrativa y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno han sido presuntamente los mayores culpables de la situación actual.
Las lluvias torrenciales recientes han dejado imágenes que se repiten desde hace décadas y que, sin embargo, no han motivado una respuesta adecuada. La destrucción de propiedades, la interrupción de actividades económicas, y lo más lamentable, la pérdida de vidas humanas, son una condena a la pasividad de las administraciones. Los vecinos de las localidades afectadas, ya no quieren escuchar más promesas vacías ni excusas por la falta de presupuesto o los obstáculos burocráticos. Lo que exigen es acción, una acción que debió tomarse hace años y que, de haberse implementado, habría evitado la magnitud de la tragedia actual. Las declaraciones de condolencias y las promesas de una actuación rápida por parte de las autoridades suenan vacías cuando se contraponen con la realidad de la falta de previsión y la negligencia mostrada a lo largo de los años. Las vidas humanas que se han perdido no pueden recuperarse, y los daños materiales han dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad extrema, lo que podría haberse evitado si se hubiera actuado con la debida responsabilidad.
El costo humano de la inacción es incalculable. Durante estas dos décadas, muchas personas han visto sus vidas trastocadas por la amenaza constante de las inundaciones. Los daños materiales no solo afectan los bienes tangibles; también socavan la confianza de la población en las instituciones y en la capacidad de sus líderes para protegerlos. Las familias que han perdido sus hogares o negocios a causa de las inundaciones enfrentan años de recuperación, con el peso añadido de saber que esta situación podría haberse prevenido si los planes de 2004 se hubieran llevado a cabo. Las comunidades más afectadas también sufren un impacto emocional, al vivir con el temor de que una tormenta más fuerte que la anterior pueda volver a destruirlo todo. Esa incertidumbre, esa falta de seguridad, es el resultado directo de las decisiones —o la falta de ellas— que tomaron las autoridades en su momento. En medio de la devastación, se escucha el eco de las preguntas que muchos ciudadanos se hacen: ¿por qué se permitió que un proyecto tan crucial cayera en el olvido? ¿Cómo es posible que la burocracia y las disputas políticas hayan prevalecido sobre la urgencia de proteger a miles de personas? Las respuestas a estas preguntas no son sencillas, pero apuntan a una gestión ineficaz de los recursos y a una desconexión entre los intereses de los políticos y las necesidades de sus electores. La DANA de 2024 es, en muchos aspectos, un recordatorio de las promesas incumplidas y de las consecuencias de no aprender del pasado.
Las autoridades deben asumir la responsabilidad por el fracaso de la gestión de riesgos. La falta de implementación del plan de 2004 es solo uno de los ejemplos de cómo la descoordinación y la lucha por intereses partidistas han impedido que las obras necesarias vean la luz. Pero esta es una lección que, si bien ha sido dolorosa, aún puede llevar a un cambio real si se toman medidas inmediatas. Las decisiones políticas que se tomen ahora determinarán si la población de l’Horta Sud seguirá sufriendo las consecuencias de las inundaciones en el futuro o si, finalmente, se tomará en serio la protección de sus ciudadanos. Sin embargo, para que esto ocurra, es esencial que la transparencia y la rendición de cuentas sean parte fundamental del proceso. La sociedad necesita saber por qué se dejó de lado un proyecto que habría salvado vidas y protegido hogares. Solo entonces se podrá comenzar a reconstruir no solo las infraestructuras dañadas, sino también la confianza de la población en sus instituciones.
El panorama actual exige que los líderes políticos actúen con determinación y prioricen la seguridad ciudadana por encima de cualquier interés político o económico. Las palabras ya no son suficientes. La comunidad ha sido testigo de promesas incumplidas durante demasiado tiempo, y la situación actual es una prueba de que la paciencia se ha agotado. Las tragedias como la reciente DANA pueden y deben evitarse mediante una planificación y ejecución efectivas de las medidas de mitigación y gestión de riesgos. Las infraestructuras anunciadas hace veinte años, como la presa en Cheste, deben dejar de ser un proyecto olvidado y convertirse en una realidad palpable.
La lección que deja esta DANA es clara: la inacción y la falta de visión tienen un precio, un precio que se paga con vidas humanas y la seguridad de toda una comunidad. No hay más margen para el fracaso. Si se quiere evitar que la historia se repita y que las futuras generaciones tengan que revivir la angustia que hoy sienten miles de personas en la región valenciana, es imperativo que las administraciones trabajen de manera coordinada, eficiente y transparente. La tragedia de 2024 no debe ser solo una triste nota al pie de página en la historia de la región, sino un punto de inflexión hacia un futuro seguro y positivo.
