Conversaciones en el andamio: Fulleros. Por Francisco Gómez Valencia

«La opacidad del Gobierno en el pacto con Junts es otro atropello a la transparencia y la legalidad»

El pasado lunes 17 de marzo, los consejeros autonómicos de Interior se reunieron en una conferencia sectorial con el Gobierno central para abordar, entre otros temas, la crisis migratoria que afecta especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla. Apenas 24 horas después, el 18 de marzo, los golpistas de Junts nos despiertan con la noticia de un acuerdo entre el Gobierno y ellos mismos que establece el reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS), asignando a Cataluña entre 20 y 30, mientras Madrid deberá acoger más de 800 o Andalucía mas de 500. Este pacto, envuelto en una opacidad indignante y repugnante, no solo pone en evidencia la falta de transparencia del Ejecutivo, sino que también revela un desprecio absoluto por las responsabilidades autonómicas (en manos fundamentalmente del PP), y el marco legal que rige nuestro Estado de derecho el cual es pisoteado un día sí y otro también.

Resulta intolerable que, tras una reunión con los consejeros autonómicos, el Gobierno haya optado por negociar a puerta cerrada con nocturnidad y alevosía con un partido independentista, cuyo líder está fugado, y no tienen responsabilidades políticas al margen de chantajear a Sánchez. Excluir del debate a las comunidades autónomas es parte del proceso de deconstrucción del Estado por parte del sanchismo llevándonos hacia ninguna parte como Nación. ¿Dónde queda el diálogo con las regiones que, en última instancia, asumirán la carga de este reparto? La sectorial del día 17 parecía un mero trámite, otra cortina de humo para aparentar consenso, mientras las decisiones reales se tomaban en despachos ocultos con los de Puigdemont. Esta maniobra no solo socava la confianza en las instituciones, sino que ignora el esfuerzo desigual que las autonomías han realizado históricamente en la acogida de MENAS. Madrid, Andalucía y otras regiones se ven ahora penalizadas, mientras Cataluña, con un cálculo favorable, sale beneficiada sin que se haya explicado cómo se llegó a estas cifras. La opacidad es tal que ni siquiera el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (ese pobre hombre), conocía el texto definitivo hasta el último momento, pese a ser su comunidad la más afectada por la crisis.

Pero el escándalo no termina en la falta de transparencia como no podía ser menos. El Gobierno pretende modificar la Ley de Extranjería, una ley orgánica que regula derechos fundamentales y competencias estatales, mediante un Real Decreto-ley aprobado este mismo 18 de marzo. Esto es, sencillamente, ilegal. Las leyes orgánicas, según la Constitución Española (artículo 81), requieren un procedimiento parlamentario específico y una mayoría absoluta en el Congreso, no pueden ser alteradas por la vía de urgencia de un decreto, reservada para situaciones excepcionales que no justifican este atropello. La Ley de Extranjería no es un asunto menor: afecta al control de fronteras, la tutela de menores y la cohesión del sistema autonómico. Cambiarla de esta forma es un ataque frontal al ordenamiento jurídico, una maniobra que huele a desesperación por contentar a Junts y asegurar su apoyo parlamentario ya que como saben y aquí lo hemos dicho muchas veces, por siete votos tienen el culo roto.

El PP de Madrid ya ha anunciado que recurrirá este decreto ante el Tribunal Constitucional, y con razón. La historia nos enseña que el TC ha sido claro en casos similares: en 2010, con la sentencia 31/2010 sobre el Estatut, dejó sentado que competencias como la inmigración son exclusivas del Estado y no pueden ser manipuladas a conveniencia. En un país normal con un Tribunal Constitucional normal, debería ser previsible que el recurso prosperase y el decreto quedara suspendido, dejando en evidencia la actitud temeraria de este Gobierno criminal que padecemos. Aún y así algunos periodistas “peperianos” muy pardillos admiradores del PSOE consideran la cuestión como una oportunidad a largo plazo si se lo llegan a tumbar de cara a unas hipotéticas elecciones, confiando en que este PSOE, dirigido ahora por fulleros, seguramente retomaría el relato previo a la deriva sanchista confiando además en que su electorado se lo volvería a comprar. Por supuesto quien suscribe esta crónica desde lo alto de este su andamio, no peca de iluso y es consciente de la gentuza que dirige, dirigirá, vota y votará al PSOE y de quien preside el alto Tribunal (Conde Pumpido) no olvidándome jamás de a quien presta pleitesía, pero es que legalmente la maniobra no tiene un pase y por supuesto, tampoco me iba a quedar tranquilo sin dar un palito a la factoría moderadita de derechitas en EsRadio, que es donde escuché semejante “calzoncillez” mientras llevaba a la práctica mi paseata de tarde.

Mientras tanto y como siempre, la ciudadanía asiste atónita a este espectáculo de opacidad y abuso de poder, preguntándose quién defiende realmente el interés general en medio de tanto tejemaneje político, desde luego el Gobierno no pero, ¿y la oposición? Porque el PP por boca de su portavoz Tellado, ya ha anunciado que no transigen pero tampoco incumplirán la Ley aunque sea ilegal. Y VOX en base a la exposición de motivos de su portavoz Pepa Millán, lo que ha dicho no se corresponde con la verdad, ya que ha simplificado tanto el problema que la solución aportada también es irrealizable al no poderse deportar a un menor sin informes previos, sobre la conveniencia o no de que el susodicho sea devuelto a su familia, y eso está contemplado en la Ley de Extranjería a la que la portavoz no hace ni caso centrando el tiro en la soflama fácil para encabronar a cuantos más mejor, a ver si así con la tontería pescan adeptos nuevos o recalentados del PP.

Así que como decíamos ayer, menudo quilombo queridos, esto no tiene ni pies ni cabeza mientras España no se plante y cierre fronteras al sur mandando un mensaje claro a los países de origen y a las mafias, pero como esto es “Españazuela”, pues si se veía poca chusma por las calles…