Diego J. Romero Salado 
«La justicia de Nueva York no ha violado el derecho internacional, simplemente ha llenado el vacío que el propio dictador generó al declararse fuera de la ley del mundo civilizado»
La reciente operación que ha culminado con la puesta a disposición judicial de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York marca un antes y un después en la aplicación del Derecho Penal Internacional. Ante las voces que claman una supuesta vulneración de la soberanía, se hace imperativo desglosar la arquitectura legal que valida esta acción, no como un acto de fuerza, sino como un ejercicio de jurisdicción necesaria frente a un Estado que mutó en estructura criminal.
Asentado lo anterior, debe analizarse en primer término la naturaleza delictiva del sujeto procesado. La justicia estadounidense, a través de la Ley RICO, ha logrado acreditar que la administración de Maduro no operaba bajo los fines legítimos de un Estado, sino como el armazón de una empresa criminal denominada el «Cártel de los Soles». Bajo esta premisa, la soberanía deja de ser un escudo protector para convertirse en el instrumento del delito; de lo cual se desprende que la inmunidad de jurisdicción no puede amparar a quien utiliza el monopolio de la fuerza para el tráfico masivo de estupefacientes hacia puertos extranjeros.
De lo anterior se infiere que la retirada de Venezuela del Estatuto de Roma en diciembre de 2025 fue el catalizador definitivo para la acción unilateral. Al denunciar el tratado y expulsar a la Corte Penal Internacional, el régimen pretendió crear un limbo jurídico de impunidad. No obstante, en consonancia con la doctrina del «Estado Forajido» (Outlaw State), cuando una nación rompe con los consensos mínimos de justicia universal, habilita a los Estados afectados a ejercer una jurisdicción de necesidad. En este caso, la legitimidad de la acción se refuerza al observar que la soberanía fue utilizada para encubrir un costo humano catastrófico: 36.800 víctimas de tortura, más de 18.000 detenidos políticos y el asesinato de 468 ciudadanos en protestas.
Resulta fundamental abordar la cuestión de la inmunidad diplomática. La legitimidad del Tribunal de Nueva York se sostiene sobre el principio de no reconocimiento por parte del Ejecutivo. Al haber sido despojado de su reconocimiento como Jefe de Estado tras el fraude electoral de 2024, Maduro comparece ante la ley como un ciudadano particular al mando de una organización transnacional. Siguiendo la jurisprudencia del caso Manuel Noriega, la ausencia de un estatus diplomático legítimo anula cualquier prerrogativa de inviolabilidad personal.
Finalmente, la captura se reviste de una capa de seguridad nacional bajo la «Ley de Enemigos Extranjeros». La acción de los Estados Unidos no es una injerencia, sino la respuesta proporcional a una amenaza híbrida que exporta narcóticos mientras mantiene al 90% de su población en la pobreza y ha forzado al exilio a 8 millones de personas. En definitiva, la justicia de Nueva York no ha violado el derecho internacional; simplemente ha llenado el vacío que el propio dictador generó al declararse fuera de la ley del mundo civilizado.
