Javier Ygartua Ybarra 
«La erosión institucional, la fractura territorial y la pérdida de credibilidad internacional como legado político y una España más pobre, más frágil y menos libre»
Pedro Sánchez ha convertido la política en un ejercicio de resistencia personal. Su Gobierno, sostenido por pactos con independentistas y herederos del terrorismo, ha marcado una etapa de cesiones constantes y deterioro institucional.
Indultos a los condenados por el 1‑O, eliminación de la sedición, rebaja de la malversación y una ley de amnistía hecha a medida de sus socios son el símbolo de un poder que antepone su supervivencia a la igualdad ante la ley.
Pedro Sánchez ha construido su poder sobre pactos con fuerzas que cuestionan la unidad de España y la legalidad constitucional. Indultos, supresión de la sedición, rebaja de la malversación y una amnistía a medida han roto el principio de igualdad ante la ley.
Su Gobierno ha politizado las instituciones, debilitando la separación de poderes y erosionando la confianza ciudadana.
En lo económico, la inflación, la subida de impuestos, la vivienda inaccesible y una deuda pública disparada han golpeado a las familias. La política se ha convertido en ideología, confrontación y cesión constante. El resultado es un país más dividido, más pobre y con menos futuro.
La gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras los graves accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) ha estado en el centro del debate político y social en España.
Dos siniestros en pocos días, con decenas de fallecidos, han sembrado dudas sobre la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario español, históricamente uno de los más extensos de Europa, pero objetivamente tensionado en su infraestructura y servicio.
El presidente Sánchez ha defendido en el Congreso que la red ferroviaria es “una de las mejores del mundo” y ha prometido reforzar estándares y tomar medidas una vez se conozcan las causas técnicas del accidente.
La oposición, especialmente el PP con Alberto Núñez Feijóo, acusa al Gobierno de negligencia continuada y exige responsabilidades políticas, incluso la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Sindicatos del sector han convocado paros y huelgas en demanda de más seguridad, inversión en mantenimiento y freno a la externalización de servicios, evidenciando la tensión en la red y la frustración del personal ferroviario.
El impacto ciudadano también se refleja en la confianza: encuestas recientes señalan que una gran parte de usuarios se plantea dejar de viajar en tren debido a la percepción de inseguridad en el servicio.
En cuanto a la gestión de la depresión aislada en niveles altos (DANA) que afectó gravemente a varias zonas de España, especialmente la Comunidad Valenciana, la respuesta del Gobierno ha sido percibida como desigual comparada con otros desastres como los accidentes de tren.
Se han aprobado ayudas y decretos para la reconstrucción de infraestructuras y apoyo social, con más de 16,6 mil millones de euros movilizados para ayudas y reparación de daños tras la DANA.
Sin embargo, medios y portavoces regionales han denunciado que las indemnizaciones son muy inferiores a las otorgadas por los accidentes ferroviarios: por ejemplo, 210 000 € por fallecido en tren frente a solo 72 000 € tras la DANA, generando críticas sobre la priorización de recursos y la sensibilidad política.
En el plano europeo, la Comisión Europea ha expresado reservas significativas sobre una de las iniciativas más recientes del Gobierno de Sánchez: la regularización de cerca de 500 000 inmigrantes en situación irregular.
Según funcionarios comunitarios, dicha medida no estaría alineada con la política migratoria de la UE y podría enviar “mensajes contradictorios” respecto a los objetivos de control de fronteras y gestión migratoria en el espacio europeo.
Las preocupaciones incluyen el impacto que esto podría tener tanto en la migración dentro de la UE como en la armonización de normas entre Estados miembros. Este choque de posiciones refleja tensiones entre las prioridades domésticas del Gobierno español y las líneas políticas marcadas por Bruselas.
Las instituciones, desde la Fiscalía hasta RTVE, han perdido credibilidad por su cercanía al Ejecutivo.
Esto supone para España una erosión institucional:
• El uso político de las instituciones,
• la reforma de leyes para favorecer a aliados,
• y la presión sobre el poder judicial han debilitado la confianza en el Estado.
Cuando se desprestigia la justicia, hay menor seguridad jurídica para empresas e inversores. Esto es un precedente peligroso, ya que la ley puede cambiarse por interés político. Cuando se rompe la neutralidad institucional, recuperarla lleva generaciones.
Este Gobierno está llevando a cabo una fragmentación territorial mediante concesiones al independentismo, que han abierto una grieta difícil de cerrar.
La amnistía, los indultos y las cesiones competenciales no han reducido el separatismo: lo han reforzado. Esto va a conllevar más presión para nuevos referéndums, un debilitamiento de la unidad nacional y una mayor desigualdad entre comunidades.
Por otra parte, las políticas de Sánchez conllevan deuda y fragilidad económica. El gasto sin reformas estructurales ha disparado la deuda pública. Aunque hoy se maquille con fondos europeos, el coste se trasladará a futuras generaciones.
Habrá menos margen para bajar impuestos, lo cual supondrá más recortes en crisis futuras, además de una dependencia permanente de Bruselas.
Las personas desconfiamos de este Gobierno, ya que la política basada en bloques irreconciliables ha creado una sociedad polarizada.
Hemos dejado de confiar en el sistema y en sus dirigentes. Esto conlleva menor participación cívica y mayor radicalización, debilitando el consenso democrático.
Todas estas políticas nefastas a nivel nacional llevan consigo la pérdida de credibilidad internacional.
España ha pasado de ser un socio estable a uno imprevisible. Las tensiones con la UE, la improvisación exterior y la imagen de un país políticamente inestable afectan a la inversión, al turismo de calidad y a la posición estratégica.
El pecado original de Sánchez es el que siempre será su gran pecado capital: el pacto con la banda terrorista ETA a través de su marca blanca Bildu, para llegar de manera bastarda al poder y mantenerse en él. Sin ese pacto con la banda terrorista ETA, Pedro Sánchez jamás hubiera sido presidente.
¿Saben ustedes cuántos etarras gozan ya de régimen de semilibertad? Exactamente 112 de los 119 que la banda tiene todavía en prisión. Yo los tendría en la cárcel toda la vida. Cadena perpetua. Pero como eso no es posible, hay que atenerse a lo que hay.
El último caso de un etarra favorecido por estos pactos: Txeroki, otro mal nacido, otro asesino que acabó con la vida de 20 personas, autor intelectual o material de esos crímenes.
Yo, como familiar de un asesinado por ETA, estoy roto de dolor por esta política de favorecer a los etarras y olvidar a las víctimas. Pero él va de demócrata. Y hay que recordar —y eso define totalmente al personaje— que ETA quitó la vida a 12 socialistas y a 856 españoles. Sánchez, ya solo te queda, querido presidente, poner en libertad a Txapote.
El Gobierno de Pedro Sánchez deja un país más dividido, más endeudado y con instituciones debilitadas. Las cesiones al independentismo, la politización de la justicia y una gestión económica basada en deuda y propaganda han erosionado la confianza en el Estado.
Más allá de ideologías, el problema es estructural: se ha gobernado para resistir, no para servir. El coste no se mide solo en cifras, sino en la pérdida de credibilidad, cohesión y futuro. España no necesita más resistencia al poder, sino más responsabilidad con el país. España tiene que recuperar la moralidad de sus gobernantes.
Sánchez, que te vote Txapote.
Hay que echar a Sánchez ya.
