Francisco G. Valencia 
«Sánchez hará todo lo posible para no abandonar el poder cuando se cumplan los plazos preestablecidos modificando el sentido mismo de las palabras que conforman la Constitución»
Sin entrar en sí es buena, mala o regular, hoy toca analizar el ataque frontal de Pedro Sánchez contra la Carta Magna. Sus manifiestos arrebatos totalitarios indudablemente han generado un descarnado debate, pues es obvio lo poco que le gusta al Frente Popular. Y como forma parte de su espíritu antiespañol, el ataque sistemático desde el poder político contra el marco constitucional es una realidad palpable.
Según los sectores de la judicatura serios, independientes y con sentido común, unidos a PP y VOX y a la parte respetuosa y aseada de la sociedad civil, se está ejecutando un plan sistemático para desmantelar los contrapesos del Estado de derecho.
Haciendo un simple ejercicio de memoria, primero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los dos primeros estados de alarma de 2020. Recordar que el Gobierno utilizó esta figura para confinarnos y cerrar el Congreso, cuando la gravedad de las restricciones exigía el estado de excepción, que garantiza un control parlamentario mucho más riguroso. Esto no había sucedido ni en la mismísima Guerra Civil. Posteriormente se critica abiertamente el asalto a la independencia judicial mediante la reforma que impide al CGPJ realizar nombramientos estando en funciones, bloqueando la cúpula judicial. Y a esto se sumó el nombramiento de exministros y cargos directos del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado, pisoteando sin contemplaciones la separación de poderes.
Esta politización alcanzó su cénit cuando el propio Sánchez, en una entrevista, espetó sobre la Fiscalía: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está«, asumiendo el control político sobre el Ministerio Público. Para asegurar su legislatura, el Gobierno eliminó la sedición y rebajó la malversación, vulnerando la igualdad ante la ley. La Ley de Amnistía agrava esto al anular sentencias firmes por motivos políticos, quebrando el Art. 117 de la CE. Y para más coña recientemente, el Tribunal Constitucional, liderado por Cándido Conde-Pumpido, ha anulado las condenas de los ERE de Andalucía, actuando como una instancia de revisión del Tribunal Supremo para exculpar a la cúpula del PSOE. El propio Conde-Pumpido ha defendido la supuesta y necesaria «flexibilidad« de la Constitución para ajustarla a la versión que ellos defienden sobre la «realidad social«, lo que nos lleva a interpretar esta conducta criminal como una vía libre para encajar exigencias de los socios de Gobierno que la Constitución prohíbe taxativamente.
En paralelo, los excesos del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska han sido constantes, desde los acercamientos masivos de presos de ETA sin exigencia de arrepentimiento, hasta la opacidad en la gestión de fronteras y las purgas en la Guardia Civil, como el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos. Estas acciones, junto al borrado de penas por corrupción, configuran un escenario donde la ley se adapta a las necesidades de supervivencia del Ejecutivo, vaciando de contenido el espíritu del 78.
Ante este panorama muchísimos españoles preocupados por el presente y el futuro de nuestra democracia, ya no saben qué pensar y dependiendo del día y los escándalos empiezan a creer a pies juntillas, a aquellos que defienden que Sánchez hará todo lo posible para no abandonar el poder cuando se cumplan los plazos preestablecidos modificando, transformando o/y travistiendo el sentido mismo de las palabras que conforman la Constitución tal y como hace con todo lo demás. Ayer dijimos que los titulares propagandísticos al Gobierno ya no le sirven ni para 24 horas, justamente ayer comprobamos que ni para siete, pues si un poco antes de la hora de comer en los telediarios hacían resúmenes escépticos sobre la operatividad de las medidas anunciadas, a las ocho de la tarde se hacían públicos nuevos mensajes que incriminan al Número Uno, esta vez rebautizado como “Dios”. Así que lo que ayer eran buenas intenciones y ciertas muestras de respeto hacia nuestra Constitución, igual cuando usted lea esta humilde crónica ya será papel mojado, y cualquier otra desvergüenza llevada a cabo desde el Ejecutivo, o por su líder, o por su entorno personal, o por alguien en particular del Consejo de Ministros, o por cualquier cargo del PSOE más empeñados en meter las manos en el cajón o defraudar a Hacienda que otra cosa, nos hacen llevarnos de nuevo las manos a la cabeza para después, guardarlas en los bolsillos como hacemos siempre.
Feliz día de San Eladio.
Españazuela a 18 de febrero de 2026.
