El secreto que gobierna ¿qué encontró Pegasus en los teléfonos de La Moncloa? Por Fernando M. Gracia 

«¿Puede considerarse plenamente soberano un Gobierno que toma decisiones fundamentales mientras ignora, o no, qué secretos suyos conserva la potencia beneficiada por esas mismas decisiones?»

No está probado que España haya sido chantajeada. Lo que sí está probado es que alguien penetró en los teléfonos del presidente y de varios ministros, extrajo una enorme cantidad de información y dejó al Estado sin saber, o sin explicar, qué se llevaron. Desde entonces, algunas decisiones españolas respecto de Marruecos resultan, cuando menos, difíciles de comprender. 

Hay escándalos políticos que se producen por lo que se sabe y otros, quizá más inquietantes, por lo que nadie parece tener demasiado interés en averiguar. El caso Pegasus pertenece a esta segunda categoría. No porque falten hechos graves, sino porque el hecho más importante continúa oculto. ¿Qué información fue extraída de los teléfonos del presidente del Gobierno y de sus ministros? 

La Audiencia Nacional consideró acreditado que el teléfono de Pedro Sánchez presentó cinco infecciones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. Entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 fueron exfiltrados, al menos, 2,57 gigabytes de información; el 31 de mayo salieron otros 130 megabytes. Los dispositivos de Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas también mostraron infecciones o intentos de infección. El propio juez instructor señaló que estos hechos habían puesto “en jaque la propia seguridad del Estado”. No es una expresión periodística ni una exageración parlamentaria. Esta figura en la documentación judicial. 

Conviene detenerse en la cifra. Dos gigabytes y medio no son cuatro mensajes indiscretos ni una fotografía embarazosa encontrada por casualidad. Pueden contener miles de documentos, conversaciones, archivos de audio, imágenes, agendas, correos electrónicos y registros acumulados durante meses. Sin embargo, el volumen por sí solo no permite conocer el contenido. Sabemos cuánto salió, pero no exactamente qué salió. Y esa diferencia constituye el corazón político del problema. 

Pegasus permite acceder a los mensajes, fotografías, correos y archivos almacenados en un teléfono. También puede activar su micrófono y su cámara, convirtiendo el dispositivo en un instrumento de escucha permanente. No sabemos qué funciones fueron utilizadas en este caso ni durante cuánto tiempo, pero técnicamente el operador podía aspirar a mucho más que copiar una carpeta de documentos. Podía observar la vida política del país desde el bolsillo de quienes tomaban sus decisiones. 

La investigación judicial fue archivada por segunda vez en enero de 2026. No se archivó porque se demostrara la inexistencia del espionaje, ni porque hubiera quedado descartada la participación de un Estado extranjero. Se archivó porque Israel no atendió las sucesivas peticiones de cooperación dirigidas a NSO Group y porque la información aportada por Francia no permitió identificar judicialmente a los responsables. El archivo expresa, por tanto, una imposibilidad investigadora, no una exoneración. El delito existió, pero la autoría permanece procesalmente sin determinar. 

Las revelaciones publicadas en julio de 2026 han reforzado, sin convertirla todavía en sentencia judicial, la hipótesis marroquí. Una investigación coordinada por Forbidden Stories, con participación de catorce medios y apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, ha reunido testimonios de antiguos agentes, documentos filtrados y análisis forenses que apuntan al empleo sistemático de Pegasus por los servicios de inteligencia marroquíes. La investigación sostiene que una infraestructura asignada al operador vinculado a Marruecos fue utilizada contra ministros españoles y que más de doscientos números españoles aparecieron entre los objetivos seleccionados. Marruecos ha negado reiteradamente haber empleado el programa con “esos fines”. ¿Admiten implícitamente su uso con “otros fines”? 

La coincidencia temporal difícilmente puede considerarse irrelevante. La extracción principal del teléfono de Sánchez se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, en plena crisis diplomática provocada por la entrada en España de Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario, y coincidiendo con la llegada masiva de miles de personas a Ceuta tras la relajación de los controles marroquíes. Marruecos trataba entonces de obligar a España a modificar su posición sobre el Sáhara Occidental. El espionaje, de haber sido dirigido desde Rabat, no habría tenido lugar en un momento cualquiera, sino precisamente cuando ambos países se encontraban inmersos en una confrontación de enorme trascendencia estratégica. 

Menos de un año después, en marzo de 2022, Pedro Sánchez comunicó al rey Mohamed VI que consideraba la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la solución “más seria, realista y creíble”. España abandonaba así la neutralidad que había mantenido durante décadas y se aproximaba a la posición de Rabat sobre su antigua colonia. La decisión no fue precedida por un debate parlamentario relevante, no había sido anunciada en el programa electoral y sorprendió incluso a una parte del propio Gobierno. Marruecos hizo pública la carta y la presentó como el comienzo de una nueva etapa bilateral. 

Aquel giro deterioró gravemente las relaciones con Argelia, aliado del Frente Polisario y proveedor energético fundamental de España. Argel suspendió el Tratado de Amistad de 2002 y adoptó restricciones económicas contra los intercambios españoles. Aunque en 2026 ambos países han comenzado a recomponer su relación, la causa original del conflicto, el cambio español respecto del Sáhara, permanece sin resolver. 

El giro puede interpretarse como una decisión geopolítica discutible pero legítima. España depende de Marruecos en materia migratoria, antiterrorista, comercial y fronteriza. Estados Unidos había reconocido durante la primera presidencia de Donald Trump la soberanía marroquí sobre el Sáhara y Francia llevaba años aproximándose a Rabat. Un Gobierno puede concluir que mantener buenas relaciones con Marruecos resulta más útil que preservar una neutralidad cada vez más incómoda. 

Pero esa explicación no resuelve todas las preguntas. No explica completamente el carácter repentino y personal de la decisión, su deficiente preparación diplomática, el perjuicio causado a la relación con Argelia ni la persistencia de gestos españoles que rozan la paradoja institucional. En noviembre de 2025, Grande-Marlaska concedió la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi, director de la inteligencia interior marroquí, mientras continuaban las acusaciones internacionales sobre el espionaje a ministros y agentes españoles. La nueva investigación afirma incluso que oficiales de la Guardia Civil que viajaron a Marruecos para formar a sus homólogos fueron objeto de vigilancia por aquellos mismos servicios. 

¿Qué pudo encontrar Pegasus para producir, si es que produjo alguno, semejante grado de cautela? 

La respuesta más inmediata sería información confidencial del Estado. Posiciones negociadoras, informes del CNI, planes de seguridad relativos a Ceuta y Melilla, comunicaciones con Washington, París, Bruselas o Argel, evaluaciones militares, identidades de fuentes y deliberaciones internas del Consejo de Ministros. Para Marruecos, conocer anticipadamente las líneas rojas españolas, las discrepancias entre ministerios y los límites reales de una posible respuesta habría tenido un valor inmenso. Ni siquiera habría sido necesario chantajear a nadie. En una negociación, quien conoce las cartas del adversario antes de que comience la partida apenas necesita hacer trampas después. 

También pudieron obtenerse conversaciones políticas internas con valoraciones sinceras sobre socios de Gobierno, dirigentes europeos, responsables militares, magistrados, periodistas o miembros del propio partido. No tendría que aparecer ningún delito. Bastaría con contradicciones comprometedoras, afirmaciones incompatibles con el discurso público, comentarios privados sobre aliados o adversarios, promesas cruzadas o decisiones discutidas fuera de los procedimientos formales. 

La política contemporánea produce una enorme cantidad de información vulnerable. Un presidente utiliza el teléfono para comunicarse con ministros, asesores, dirigentes extranjeros y colaboradores de confianza. En esas conversaciones se habla con una franqueza que desaparece ante un micrófono. Se anticipan decisiones, se expresan temores, se comentan investigaciones judiciales, se calculan mayorías parlamentarias y se describen las debilidades de amigos y enemigos. Para ejercer influencia no hace falta descubrir un gran secreto novelesco. A veces basta con conocer el mecanismo interior del poder. 

Naturalmente, Pegasus también pudo acceder a información estrictamente personal. Fotografías, relaciones privadas, conversaciones familiares, datos financieros o cualquier otro elemento susceptible de provocar daño político o reputacional. No existe evidencia pública de que se encontrara material de esta naturaleza, y atribuir contenidos concretos sin pruebas sería convertir una investigación legítima en simple difamación. Sin embargo, negar la posibilidad tampoco sería razonable cuando el programa utilizado está diseñado precisamente para apropiarse de toda la vida digital de una persona. 

El chantaje clásico exige una amenaza. Pero existe una forma más sutil de condicionamiento. Quien sabe que ha sido espiado, pero ignora qué sabe exactamente el espía, puede comenzar a comportarse con una prudencia extraordinaria. No necesita recibir una orden. Anticipa las consecuencias y evita el conflicto. Es una especie de obediencia preventiva basada en la incertidumbre. Esta hipótesis posee una inquietante lógica. Cuanto menos sabe la víctima acerca de lo sustraído, mayor puede ser el poder psicológico del agresor. El gobernante no teme únicamente la publicación de un documento determinado. Se teme el conjunto desconocido de posibilidades. Cada decisión posterior queda contaminada por una pregunta imposible de responder: ¿sabe la otra parte algo que podría destruirme, desacreditarme o comprometer al Estado? 

Eso no demuestra que Pedro Sánchez haya sido chantajeado. Tampoco permite afirmar que el cambio sobre el Sáhara fuera impuesto por Marruecos. Entre la coincidencia y la causalidad existe una distancia que el análisis serio no debe disimular. Pero negar incluso la legitimidad de la pregunta resulta igualmente insostenible. Tenemos una intrusión acreditada, una extracción masiva de información, un posible beneficiario geopolítico, una crisis bilateral coincidente, un cambio posterior favorable a ese posible beneficiario y una investigación judicial incapaz de determinar la autoría. 

La reciente crisis fronteriza de Ceuta ha devuelto actualidad a la cuestión. En julio de 2026, decenas de miles de personas han atravesado la frontera en un episodio cuya génesis continúa discutiéndose y que aún no se puede dar por resuelto. Marruecos niega cualquier intervención política y atribuye los acontecimientos a las mafias, los rumores difundidos en redes sociales y las dificultades económicas de sus jóvenes. Sin embargo, la utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión ya fue señalada por analistas durante la crisis de 2021. 

Ante este escenario, el problema democrático no consiste en exigir al Gobierno que revele documentos cuya divulgación perjudicaría a la seguridad nacional. Consiste en saber si el Estado ha evaluado realmente el daño. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué categorías de información fueron comprometidas, qué decisiones pudieron verse afectadas, qué medidas se adoptaron para neutralizar el riesgo y si alguna potencia extranjera ha utilizado, de manera explícita o implícita, los datos robados. 

A mi juicio, buena parte de la política española hacia Marruecos parece responder desde hace tiempo a una lógica de apaciguamiento de conceder hoy para evitar la crisis de mañana, aceptar una presión para impedir otra mayor y presentar cada retroceso como un ejercicio de responsabilidad diplomática. El problema es que el apaciguamiento rara vez satisface a quien utiliza la presión como instrumento político. Al contrario, puede convencerlo de que la estrategia funciona. Cada concesión reduce momentáneamente la tensión, pero eleva el precio de la siguiente calma. La debilidad, real o percibida, no suele generar moderación en quien obtiene beneficios de ella, sino nuevas exigencias.  

No se trata de reclamar una política de gestos grandilocuentes ni de convertir al vecino del sur en un enemigo permanente, sino de recordar una evidencia elemental de las relaciones internacionales. La cooperación solo es estable cuando existe reciprocidad y cuando ambas partes conocen los límites que no pueden traspasar. Si España responde sistemáticamente a la presión con concesiones, Marruecos no tendrá demasiados motivos para abandonar una política que, hasta ahora, parece haberle resultado extraordinariamente rentable. 

Tal vez Pegasus no descubrió ninguna conducta escandalosa. Tal vez encontró algo políticamente más útil como las divisiones del Gobierno, sus límites de resistencia, las inseguridades de sus dirigentes y el precio exacto que España estaba dispuesta a pagar para recuperar la colaboración marroquí. Un servicio de inteligencia no busca siempre derribar a un gobernante. A veces prefiere conservarlo, comprenderlo y enseñarle discretamente hasta dónde puede llegar. 

Por eso la pregunta decisiva no es únicamente qué había en el teléfono de Pedro Sánchez. La pregunta es si las decisiones adoptadas después fueron enteramente libres. Porque una política exterior puede parecer soberana en los documentos oficiales y estar, sin embargo, condicionada por aquello que un interlocutor extranjero sabe y el resto del país desconoce. 

No puede afirmarse la existencia de un chantaje que no ha sido demostrado, ni atribuir a Pegasus decisiones políticas cuya causalidad desconocemos. Pero tampoco puede ignorarse que la ausencia de explicaciones sobre la información sustraída, unida a la sucesión de cambios de postura y concesiones difícilmente comprensibles, convierte esa hipótesis en una pregunta política legítima y cada vez más difícil de eludir. Mientras no se aclare qué fue extraído de aquellos dispositivos, quién obtuvo esa información y qué uso pudo hacer de ella, toda decisión española favorable al posible responsable permanecerá inevitablemente bajo la sombra de la sospecha. 

La pregunta sigue en el aire. ¿Puede considerarse plenamente soberano un Gobierno que toma decisiones fundamentales mientras ignora, o no, qué secretos suyos conserva la potencia beneficiada por esas mismas decisiones?