Javier Ygartua Ybarra 
«El sanchismo necesita enemigos permanentes para mantener viva su confrontación política»
Conviene afirmarlo con claridad: Isabel Díaz Ayuso merece ser defendida.
No porque esté exenta de crítica, sino porque, en una democracia, nadie debería ser condenado por una sospecha, un titular o una campaña política. La adquisición del ático por 6,3 millones de euros requiere explicaciones. El uso de recursos públicos exige transparencia, y quienes adoptaron la decisión deben justificarla.
Sin embargo, una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta establecer una culpabilidad antes de que existan pruebas.
Ahí reside el verdadero problema: el doble rasero del sanchismo.
Cuando una polémica afecta a un adversario, la sospecha se transforma rápidamente en acusación. Cuando alcanza al propio espacio político, aparecen otros conceptos: persecución, lawfare, máquina del fango o conspiración.
La vara de medir cambia en función de quién se encuentre en el punto de mira.
En el caso de Ayuso, además, existe una evidente tentación de convertir cada controversia en una oportunidad para intentar debilitarla políticamente. No es ningún secreto que la presidenta madrileña se ha convertido en uno de los principales contrapesos al poder de Pedro Sánchez. Su enfrentamiento con el Gobierno central es frontal, y su liderazgo en Madrid constituye una amenaza política evidente para el socialismo.
Por eso es necesario distinguir cada cuestión.
«Que se investigue el ático. Que se examine la operación. Que se revise cada informe. Pero que nadie dicte sentencia desde un plató de televisión»
Ayuso ha ofrecido su versión y ha aportado documentación sobre su búsqueda de una vivienda de alquiler durante las mismas fechas. Corresponde ahora contrastar esos documentos y determinar qué ocurrió realmente.
Si la adquisición se ajustó a la legalidad, deberá quedar acreditado.
Si existió una decisión administrativa inadecuada, habrá que asumir las responsabilidades correspondientes.
Y si se hubiera producido alguna conducta ilegal, serán los tribunales quienes tengan la última palabra.
Así funciona un Estado de derecho.
Lo que no funciona es sustituir las pruebas por insinuaciones.
«Defender a Ayuso no significa respaldar cualquier decisión de la Comunidad de Madrid. Significa defender su derecho a ser juzgada con las mismas garantías que cualquier otro ciudadano»
En este contexto, Vox puede desempeñar una función relevante. Tiene pleno derecho a preguntar por los 6,3 millones de euros, por la necesidad de la adquisición y por las alternativas que se estudiaron. Fiscalizar al poder también implica fiscalizarlo cuando gobierna la derecha.
Pero fiscalizar no equivale a condenar.
Sería un error que las críticas legítimas terminaran alimentando el relato de quienes llevan años intentando convertir a Ayuso en el símbolo de todos los males de la derecha española.
Porque hay otra cuestión que ya no puede ocultarse: el sanchismo necesita enemigos permanentes para mantener viva su confrontación política.
Ayuso es uno de ellos.
No porque sea perfecta ni porque no pueda equivocarse, sino porque representa un espacio político que Sánchez no ha conseguido doblegar: una derecha madrileña fuerte, combativa y capaz de ganar elecciones.
Por eso es necesario evitar dos tentaciones igualmente equivocadas.
La primera consiste en cerrar filas ciegamente ante cualquier actuación del Partido Popular.
La segunda, en aceptar sin pruebas el relato de quienes ya han decidido que Ayuso es culpable.
Ni lo uno ni lo otro.
Transparencia, sí.
Investigación, también.
Linchamiento político, nunca.
Y al sanchismo hay que recordarle algo elemental: la presunción de inocencia no depende del partido al que vote una persona.
Si se exige a Ayuso que explique hasta el último euro, es razonable. Pero entonces habrá que exigir exactamente lo mismo a cualquier Gobierno, partido o dirigente.
Sin excepciones.
Sin privilegios.
Sin propaganda.
Los ciudadanos están cansados de una política convertida en una guerra permanente de acusaciones.
Y si alguien pretende derrotar políticamente a Ayuso, que lo intente en las urnas.
No mediante sospechas prefabricadas.
Ayuso debe explicar lo que corresponda. Sánchez también debe aceptar que sus adversarios tienen derecho a defenderse. Y los ciudadanos deben poder decidir con información suficiente y sin campañas de demolición.
Al final, la mejor defensa siempre será la misma: los hechos, los documentos y la verdad.
