Fernando M. Gracia Climent 
«Debería preocuparnos cualquier dinámica que transforme una derrota electoral en la tentación de dejar al sucesor un terreno prácticamente imposible de administrar»
Hay países que son derrotados desde fuera y otros que comienzan a deteriorarse desde dentro mucho antes de que nadie atraviese sus fronteras. No siempre hace falta un ejército, una invasión o una guerra abierta. A veces basta con que se debiliten poco a poco las instituciones, se erosione la confianza, se convierta al adversario en enemigo y se termine aceptando que casi cualquier cosa está permitida con tal de perjudicar, al contrario. Ahí aparecen expresiones antiguas que siguen siendo extraordinariamente útiles para entender la política contemporánea, quinta columna, caballo de Troya, táctica del salami, termitas institucionales y, sobre todo, política de tierra quemada.
La expresión “quinta columna” nació precisamente en España durante la Guerra Civil y terminó convirtiéndose en una fórmula universal para describir a quienes actúan desde dentro favoreciendo intereses contrarios a la comunidad a la que pertenecen. Es una expresión poderosa y, precisamente por eso, conviene utilizarla con prudencia. No todo el que discrepa es un traidor, ni toda decisión equivocada forma parte de una conspiración. Una democracia que comienza a considerar enemigo interior a cualquiera que critique al Gobierno, al Estado o a una determinada idea de país corre también un peligro enorme. Pero sería igualmente ingenuo pensar que los Estados, los grupos de presión, los intereses económicos o las potencias extranjeras jamás intentan condicionar las decisiones políticas de otros países.
El caballo de Troya aporta una imagen distinta, quizá todavía más interesante. Troya no fue conquistada simplemente derribando sus murallas. El enemigo consiguió entrar porque fue introducido dentro de ellas. Esa es la fuerza de la metáfora. Aquello que puede acabar debilitando un sistema no siempre se presenta como amenaza. A veces entra disfrazado de solución, de necesidad excepcional, de reforma provisional o incluso de avance incuestionable. El verdadero problema comienza cuando aquello que se justificó como una excepción termina convirtiéndose en precedente y el precedente acaba transformándose en costumbre.
Las democracias, además, rara vez se deterioran de un día para otro. Lo habitual es que lo hagan por acumulación. Una reforma pequeña, una competencia ampliada, una regla interpretada cada vez con mayor flexibilidad, un organismo un poco más politizado o un control algo menos eficaz pueden parecer asuntos menores cuando se observan de manera aislada. Sin embargo, cuando esas decisiones se acumulan durante años, el resultado puede ser muy distinto de aquello que cada una parecía producir individualmente. Es la vieja lógica de cortar el salami en lonchas tan finas que nadie protesta por ninguna de ellas hasta que, cuando alguien mira de nuevo la mesa, el salami entero ha desaparecido.
Sin embargo, entre todas esas imágenes, la que probablemente explica mejor determinados comportamientos políticos es la de la tierra quemada. Su origen es militar y su lógica es brutalmente sencilla. Cuando un ejército se retira, destruye aquello que podría resultar útil al enemigo. Se destruyen cosechas, puentes, depósitos, comunicaciones, carreteras, instalaciones o infraestructuras. El razonamiento es tan primitivo como eficaz. Si yo no puedo conservarlo, procuraré que tampoco puedas utilizarlo tú.
Trasladada a la política, la imagen resulta todavía más inquietante porque la tierra que se quema no pertenece únicamente al adversario. Pertenece al país entero. Cuando un partido deteriora una institución porque teme que mañana pueda controlarla otro, no está destruyendo una propiedad de su rival, sino una herramienta que pertenece al Estado. Cuando desacredita sistemáticamente a un tribunal, a un organismo fiscalizador, a una administración, a un cuerpo profesional o a cualquier institución simplemente porque sus decisiones no le son favorables, no está dañando únicamente al contrario, sino reduciendo la confianza colectiva en aquello que debería sobrevivir a todos los gobiernos.
La política de tierra quemada suele comenzar con una justificación que, en apariencia, parece razonable. Se dice que el adversario haría exactamente lo mismo, que las circunstancias son excepcionales, que no queda otra alternativa o que determinados límites resultan demasiado rígidos para afrontar la situación presente. El problema aparece cuando ese razonamiento se convierte en norma. Si nosotros podemos saltarnos una regla porque las circunstancias lo exigen, el contrario podrá hacer lo mismo mañana utilizando otra justificación. Si nosotros ocupamos una institución porque tememos que pueda controlarla el adversario, el adversario tendrá exactamente el mismo incentivo cuando llegue al poder.
Así comienza una espiral de la que después resulta extraordinariamente difícil salir. Cada partido utiliza los abusos anteriores del otro para justificar los propios. Nadie quiere ser el primero en renunciar a una ventaja porque teme que el contrario no haga lo mismo. El resultado es una carrera hacia abajo en la que todos aseguran defender las instituciones mientras, poco a poco, van debilitándolas. La política termina pareciéndose entonces a dos ejércitos que combaten sobre el mismo territorio y que, mientras disputan cada posición, destruyen los caminos, los puentes y los campos que ambos necesitarán cuando termine la batalla.
Esa es precisamente la perversidad de la tierra quemada política. Puede proporcionar una ventaja inmediata, pero deja una factura que pagarán también quienes creen haber ganado. Se puede ganar una votación y debilitar al mismo tiempo al Parlamento. Se puede imponer una determinada interpretación de las reglas y hacerlas menos respetables para el futuro. Se puede controlar temporalmente una institución y conseguir que millones de ciudadanos dejen de confiar en ella. La victoria táctica puede esconder una derrota estratégica para el propio sistema.
Pero la tierra quemada puede tener además otra consecuencia que debería preocupar especialmente en cualquier democracia. Las decisiones de un Gobierno no desaparecen cuando ese Gobierno abandona el poder. Quedan presupuestos, compromisos de gasto, estructuras administrativas, organismos, contratos, leyes, deuda, obligaciones internacionales, relaciones institucionales y problemas pendientes. El siguiente Gobierno no comienza sobre una página en blanco. Recibe un país concreto, con una determinada situación económica, administrativa, institucional y social.
Precisamente por eso resulta legítimo preguntarse hasta qué punto determinadas decisiones pueden llegar a condicionar la capacidad de actuación del Gobierno siguiente. Una política pública puede ser perfectamente legal y, al mismo tiempo, dejar compromisos que reduzcan considerablemente el margen de maniobra posterior. Cuanto más difícil resulte corregirlos, mayor será el coste político que tendrá que asumir quien intente hacerlo.
Y aquí la metáfora militar de la tierra quemada adquiere toda su dimensión política. Un ejército en retirada destruye puentes para dificultar el avance del que viene detrás. En democracia no deberían existir ejércitos que se retiran ni enemigos que conquistan territorio. Deberían existir gobiernos que terminan su mandato y otros que, si así lo deciden los ciudadanos, los sustituyen mediante las urnas. La alternancia no es una ocupación enemiga. Es una de las posibilidades normales del sistema democrático.
Por eso debería preocuparnos cualquier dinámica que transforme una derrota electoral en la tentación de dejar al sucesor un terreno prácticamente imposible de administrar. No porque pueda afirmarse automáticamente que esa intención exista, algo que requeriría pruebas concretas, sino porque los incentivos políticos pueden llegar a ser perversos. Cuanto más costoso resulte revertir determinadas decisiones, más difícil será para el siguiente Gobierno desarrollar un programa diferente sin pagar un precio social y electoral considerable.
Puede producirse entonces una paradoja especialmente inquietante. Los ciudadanos votan por un cambio, pero el Gobierno entrante descubre que para hacerlo efectivo debe comenzar adoptando medidas que nadie quiere recibir. Recortar gastos, revisar compromisos, aumentar ingresos, modificar subvenciones, reorganizar estructuras, afrontar deudas, derogar normas o asumir conflictos que proceden de decisiones anteriores. El nuevo Gobierno puede encontrarse así ante una alternativa muy incómoda. Mantener una situación que considera insostenible o intentar corregirla asumiendo inmediatamente el desgaste político.
En ese escenario, la tierra quemada ya no consistiría solamente en deteriorar una institución. Consistiría en dejar tras de sí un campo político plagado de decisiones difícilmente reversibles. Quien llegue después tendría que dedicar buena parte de su mandato no a desarrollar su propio proyecto, sino a desmontar, recomponer o financiar aquello que recibió. Y cada medida correctora podría ser presentada después como responsabilidad exclusiva de quien acaba de llegar.
Eso supondría alterar, al menos políticamente, el significado de la alternancia. Las elecciones podrían cambiar el Gobierno, pero no necesariamente la capacidad real de gobernar. El sucesor tendría la legitimidad de las urnas, aunque parte de su margen de decisión habría quedado comprometido con anterioridad. Formalmente habría alternancia. Materialmente, esta podría encontrarse extraordinariamente condicionada.
La consecuencia más grave de la política de tierra quemada no es únicamente institucional. También es social. La tierra quemada termina extendiéndose a la convivencia cuando se transmite constantemente la idea de que una parte del país es ilegítima, peligrosa, reaccionaria, radical, traidora o incompatible con la nación. Poco a poco desaparece el espacio común. Ya no existen adversarios con los que será necesario convivir después de las siguientes elecciones, sino enemigos cuya derrota parece justificar cualquier procedimiento.
Cuando esa lógica se instala, cambia incluso el significado de ganar y perder unas elecciones. Ganar deja de significar recibir temporalmente la responsabilidad de gobernar y empieza a parecerse demasiado a conquistar el Estado. Perder deja de ser una alternancia normal y comienza a presentarse como una catástrofe nacional. Cada elección se convierte entonces en una batalla definitiva, cada reforma en una cuestión existencial y cada institución en una posición estratégica que hay que ocupar antes de que pueda hacerlo el contrario.
Ahí aparecen también las termitas institucionales. Una democracia puede conservar todas sus formas externas y, sin embargo, haber perdido parte de su sustancia. Puede seguir existiendo un Parlamento, pero con una capacidad de control cada vez menor. Puede haber organismos formalmente independientes cuya independencia sea constantemente cuestionada. Pueden seguir existiendo medios de comunicación mientras una parte creciente de la sociedad solo acepta como verdadera la información que confirma sus propias convicciones. La fachada continúa en pie, pero la estructura interior empieza a deteriorarse.
La política de tierra quemada acelera ese proceso porque introduce una lógica especialmente destructiva. Si una institución no me sirve, la desacredito. Si no puedo controlarla, cuestiono su legitimidad. Si una norma me limita, intento modificarla. Si un procedimiento me incomoda, lo presento como una rémora. Si una sentencia me perjudica, extiendo la sospecha sobre todo el sistema. Pero cualquier herramienta utilizada hoy quedará disponible para el Gobierno de mañana.
Ese es uno de los principios más importantes que con demasiada frecuencia olvidamos. Las instituciones no deberían diseñarse pensando únicamente en gobernantes en los que confiamos, sino precisamente en aquellos en los que no confiamos. Las reglas democráticas tienen verdadero valor cuando también limitan a los nuestros. Si defendemos un procedimiento solo cuando perjudica al adversario y lo consideramos prescindible cuando limita a nuestro propio bando, entonces no estamos defendiendo ningún principio. Estamos defendiendo únicamente nuestra conveniencia.
Hay además una modalidad de tierra quemada que probablemente sea todavía más difícil de reparar, la destrucción de la confianza. Una institución puede continuar funcionando jurídicamente y, sin embargo, haber perdido gran parte de su autoridad social. Cuando durante años se repite que los jueces son parciales, que los periodistas mienten, que los funcionarios obedecen consignas, que los organismos de control están manipulados o que cualquier decisión desfavorable responde necesariamente a una conspiración, puede terminar apareciendo una ciudadanía que ya no cree prácticamente en nada.
Una sociedad sin confianza institucional es extraordinariamente vulnerable. Si nadie cree en los árbitros, cada conflicto se convierte en una guerra. Si nadie acepta información que contradiga sus propias convicciones, desaparece la posibilidad de discutir sobre una realidad común. Si cada sentencia, cada encuesta, cada informe o cada estadística se acepta o se rechaza únicamente dependiendo de a quién beneficie, la política deja de ser una discusión sobre soluciones y empieza a convertirse en una confrontación entre realidades paralelas.
Por eso la tierra quemada es más peligrosa de lo que parece. Un puente destruido puede reconstruirse. Una ley puede modificarse. Un organismo puede reorganizarse. Una mayoría parlamentaria puede cambiar. Una deuda puede pagarse con tiempo y sacrificio. Sin embargo, recuperar la confianza de millones de ciudadanos después de años de enfrentamiento, polarización y descrédito resulta mucho más complicado. La tierra quemada no destruye solamente las instituciones existentes, sino también el terreno sobre el que tendría que producirse cualquier reconciliación posterior.
La tentación más cómoda consiste, naturalmente, en pensar que todo esto lo hacen siempre los otros. Cada sector político tiene una enorme facilidad para detectar la tierra quemada del adversario y una extraordinaria capacidad para justificar la propia. Lo que ayer parecía intolerable puede convertirse mañana en una necesidad institucional si cambia quién gobierna. Lo que se denunciaba desde la oposición puede relativizarse cuando se ocupa el poder, y lo que se utilizó desde el gobierno puede volver a denunciarse cuando se regresa a la oposición.
Ese comportamiento no pasa inadvertido para los ciudadanos. Cuando ven a los mismos dirigentes defender hoy exactamente lo contrario de lo que defendían ayer, aumenta inevitablemente el cinismo y disminuye la confianza. La política empieza a parecer un juego en el que las reglas y los principios dependen simplemente de quién ocupa cada silla. Y cuando los ciudadanos comienzan a pensar que todos los principios son intercambiables, el daño puede ser mucho mayor que cualquier derrota electoral.
Por eso conviene recordar algo elemental. Un Estado no pertenece al gobierno que lo administra durante cuatro años. Tampoco pertenece al partido mayoritario, a una generación política concreta ni a quienes circunstancialmente ocupan las instituciones. El Estado se recibe de quienes estuvieron antes y debe entregarse a quienes vendrán después. Quien gobierna debería ejercer el poder sabiendo que algún día dejará de hacerlo y que todas las herramientas, compromisos y problemas que haya creado pasarán a manos de quienes ocupen legítimamente su lugar.
Tal vez una de las mejores reglas de higiene democrática sería precisamente esa, no hacer desde el poder aquello que consideraríamos insoportable si lo hiciera el contrario y no dejar detrás problemas que nosotros mismos consideraríamos inadmisibles si tuviéramos que heredarlos. Parece una norma elemental, casi ingenua, pero probablemente evitaría buena parte de los conflictos institucionales y políticos que terminan degradando una democracia.
La quinta columna, el caballo de Troya, las termitas institucionales o la táctica del salami pueden servir para explicar distintas formas de deterioro político. Pero la tierra quemada tiene una característica especialmente peligrosa. No necesita necesariamente un enemigo exterior ni un gran conspirador escondido detrás de una cortina. Basta con que quienes comparten un mismo país terminen convencidos de que es preferible deteriorar las instituciones, comprometer recursos o reducir el margen de actuación futuro antes que permitir que el contrario pueda desarrollar plenamente su propio proyecto si algún día gana legítimamente las elecciones.
Y cuando una sociedad llega a ese punto, la cuestión verdaderamente importante deja de ser quién ganará las siguientes elecciones. La cuestión pasa a ser qué instituciones, qué cuentas, qué compromisos, qué confianza y qué margen real para gobernar encontrará quien las gane.
Porque después de una política de tierra quemada puede quedar un vencedor electoral. Lo verdaderamente preocupante es que ese vencedor encuentre un país en el que gobernar resulte mucho más difícil precisamente porque antes de marcharse alguien decidió dejar el terreno sembrado de problemas. Algo, por desgracia tan recurrente en nuestro país y tan opuesto a lo que debería ser una verdadera cultura democrática.
¿No deberíamos preguntarnos si algunas políticas de tierra quemada, de hechos consumados o de compromisos difícilmente reversibles pueden terminar condicionando deliberadamente o de hecho la alternancia democrática, hasta el punto de que quien gane legítimamente unas elecciones encuentre prácticamente imposible gobernar sin adoptar, nada más llegar, medidas profundamente impopulares para reconstruir, corregir o simplemente hacer viable la situación que ha heredado?
