Caso Procés: El Gobierno condiciona la actuación de la Abogacía del Estado por la salvaguarda de sus pactos con los independentistas. Por Eugenio Narbaiza

«La abogacía del estado, en un escrito firmado por la abogada general del estado, Consuelo Castro, mantiene una disparidad de criterios tanto en la petición de penas como en la calificación de delitos en el caso Procés»

Atendiendo a dar por concluidos los pasos previos a la finalización de los procedimientos necesarios para la apertura del juicio oral de los encausados en el juicio del “Procés”, por los que se realizan la petición provisional de penas por parte de las partes acusadoras, en el día de ayer, tanto la fiscalía como la abogacía general del estado, hicieron públicos los escritos de petición provisional de penas, con la particularidad de que la fiscalía ha mantenido la petición de penas para los políticos afectados en este procedimiento, tal y como se esperaba después de su pronunciamiento en el cierre de la instrucción del caso, mientras que la abogacía del estado, en un escrito firmado por la abogada general del estado, Consuelo Castro, mantiene una disparidad de criterios tanto en la petición de penas como en la calificación de delitos, al no contemplar el delito de rebelión, como uno de los hechos producidos en los acontecimientos del pasado 1 de Octubre.

Esta circunstancia ha resultado escandalosa tanto en ámbitos políticos como jurídicos, teniendo en cuenta que la abogacía del estado, en el momento de elaborar las conclusiones redactadas en el final de la instrucción del caso, reconocía la existencia de un delito de rebelión, razón por la que teniendo en cuenta que este organismo tiene una directa dependencia del ministerio de justicia, resulta evidente el cambio de criterio, que afecta claramente a la supervivencia del pacto de gobierno entre independentistas, nacionalistas, bildutarras y Pedro Sánchez, además de la aprobación de los PGE.

«En esta petición de penas, la fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Oriol Junqueras y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por malversación»

En esta petición de penas, la fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Oriol Junqueras y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por malversación, 16 años para el entonces consejero de interior Joaquim Forn, al igual que al ex consejero de presidencia Jordi Turull, al consejero de sostenibilidad y territorio, Raúl Romeva consejero de asuntos exteriores, Dolors Bassa consejera de trabajo, Merichel Borrás, consejera de gobernación, Carlés Mundo consejero de Justicia, Santiago Vila, consejero de empresa, mientras que a los líderes de las asociaciones civiles implicadas, Jordi Sánchez y Jordi Ciuxart, se les hace una petición de 17 años, acusados también de rebelión, mientras que a la presidenta del parlament se le reclaman 17 años y al jefe de los mossos de escuadra Trapero, un total de 11 años de prisión. Por su parte, la abogacía del estado que no reconoce el delito de rebelión sino de sedición, reduce las penas a una cuantía que supone la mitad de lo solicitado por la fiscalía, cambiando de criterio con su escrito de conclusiones al cierre de la instrucción

Hay que señalar que en todo este proceso de petición de penas, la fiscalía que es un órgano independiente del gobierno a pesar de que realiza el nombramiento de la fiscal general del estado , se llevó a cabo mediante una reunión de los fiscales de sala, quienes en todo momento, siguieron la línea de acusaciones mantenidas por el juez instructor de la causa, el juez Llarena, mientras que en cambio la abogacía general del estado, en un escrito de fecha de 6 de Agosto de 2018,mostró su conformidad con el auto de conclusión del sumario, e interesó la apertura de juicio oral, por la presunta comisión de delitos de rebelión de los artículos 472 y concordantes del código penal, delitos de desobediencia del artículo 410 del CP y delitos de malversación de caudales públicos.

En relación al papel de la Abogacía general del estado, según se establece en el RD 997/2003 que regula su funcionamiento, señala que la abogacía general del estado-dirección del servicio jurídico del estado, que asume a dirección del servicio jurídico del estado, es el centro directivo superior del servicio jurídico del estado, y en tal concepto, le corresponde la dirección, coordinación e inspección de los servicios encomendados, asegurando en todo caso el principio de unidad de doctrina, por aquellos, de las funciones que les están atribuidas, estando integrado con nivel orgánico de subsecretaria, en el ministerio de justicia, razón por la que prevalece la opinión de sus superiores a la hora de determinar las peticiones realizadas.

Por su parte, al tener conocimiento de la petición de las penas de prisión para los encausados en el procedimiento, las reacciones desde el independentismo catalán no se han hecho esperar y en sendas comparecencias conjuntas llevadas a cabo tanto por el presidente de la Generalitat Joaquín Torra y el presidente del parlament Roger Torrent, manifestaron que “poner las urnas, no puede ser nunca un delito y la actuación de la fiscalía, no es más que una venganza”, acusando al gobierno de España de perder una oportunidad para sacar el conflicto de los tribunales, por lo que el presidente Sánchez, ha decidido no actuar y ser cómplice de la represión.

«Cabe señalar que, desde el constitucionalismo, el líder del PP Pablo Casado ve como vergonzante que el presidente del gobierno no vea el delito de rebelión en Cataluña»

Finalmente, cabe señalar que, desde el constitucionalismo, el líder del PP Pablo Casado ve como vergonzante que el presidente del gobierno no vea el delito de rebelión en Cataluña, intentando dar indicaciones al Tribunal Supremo ante la inminencia del juicio oral a los responsables del “ proces”.En opinión de Pablo Casado, es muy grave que un gobierno de España esté deslegitimando la labor del Tribunal Supremo, intentando dar indicaciones al mandato de Pablo Iglesias al salir de la cárcel de Lledoners. También Cs en boca de su portavoz nacional Inés Arrimadas, considera que de nuevo “muchos catalanes constitucionalistas se sienten abandonados e indignados al comprobar que Sánchez, es capaz de cualquier cosa con tal de seguir en la Moncloa, entre ellas, intentar beneficiar a quienes han roto la convivencia en Cataluña”.

En definitiva, polémicas aparte que evidencian un evidente cambio de criterio en el gobierno condicionado por las necesidades de contentar a sus socios, ya se han llevado a cabo los trámites necesarios para la apertura y celebración del juicio oral en el caso del “proces”, que sin lugar a dudas elevará la atención de los ciudadanos hacia la independencia de la justicia, hasta la fecha, con una actuación ejemplar en la defensa del estado de derecho y la democracia, a pesar de las cuantiosas presiones que sufren y vienen denunciando que se producen desde el ámbito de la política, en algunos casos nacional y en otros desde los aledaños del independentismo catalán, motivo por el que entre otros, pueden llevar a cabo una huelga de la justicia el próximo 19 de noviembre.