8 de marzo: 95 aniversario de la concesión del voto a las mujeres en España. Por Manuel Barragán Lancharro

95 aniversario de la concesión del voto a la mujer en España
95 aniversario de la concesión del voto a las mujeres en España

“Para ser concejal, las mujeres tenían que reunir los mismos requisitos que los hombres, es decir, figurar en el censo electoral, saber leer y escribir y tener más de veinticinco años”

Machaconamente la izquierda sólo reivindica la concesión del voto a la mujer durante la II República, pero hay un olvido selectivo sobre una legislación que permitía de forma parcial el sufragio activo y pasivo para la mujer española. Así consta en los artículos 51 y 84 del Estatuto Municipal aprobado por Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924.

Varios meses después de constituirse el Directorio Militar de Primo de Rivera surgió un texto normativo que se considera el auténtico corpus legal de la autonomía municipal, que ha servido de ejemplo para la posterior legislación reguladora de las entidades locales. El éxito del mismo se debió a la inspiración del Director General de Administración Local, José Calvo Sotelo.

La exposición de motivos del Estatuto Municipal puede ser hasta enigmática en un momento en el que la Constitución de 1876 estaba suspendida: «El Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres». Pues es un texto tan innovador para su época, que permitía a las mujeres españolas, siempre de forma parcial, la posibilidad no sólo de votar, sino también de ser elegidas concejales. El principal requisito para acceder al sufragio activo era que no estuviera casada (es decir, soltera o viuda), ni sujeta a patria potestad ni tutela, con casa abierta en el término municipal.

Curiosamente, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Ayuntamiento, aprobado por Real Decreto de 10 de julio de 1924 ampliaba el censo a las mujeres casadas que estuvieran separadas por sentencia firme de divorcio, las que tuvieran la declaración judicial de ausencia del marido, o ejercieran la tutela sobre marido loco o sordomudo o el cónyuge fuese declarado judicialmente incapaz. Quedaban excluidas del censo electoral «las dueñas y pupilas de casas de mal vivir».

Para ser concejal, las mujeres tenían que reunir los mismos requisitos que los hombres, es decir, figurar en el censo electoral, saber leer y escribir y tener más de veinticinco años, y el específico de ser cabeza de familia.

Fue una medida revolucionaria que no chocaba con nuestro derecho constitucional, pues la Jefatura del Estado podía ser ocupada por una mujer, como había ocurrido en el siglo XIX con Isabel II, incluso la regencia.

Nunca se llegó a aplicar, pues en las elecciones municipales de 1931 se aplicó la normativa de 1877 y no el Estatuto Municipal. Sin embargo, es el primer antecedente normativo y no puede ser obviado.

 

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Manuel Barragan-Lancharro

Manuel Barragan-Lancharro

Nací en 1981 en Monesterio, provincia de Badajoz. Estudié, por separado, en la Universidad de Extremadura las Licenciaturas en Historia y en Derecho. Actualmente me dedico profesionalmente como Abogado ejerciente en la ciudad de Badajoz. Soy autor de más de cincuenta artículos de investigación histórica sobre Extremadura, y tengo publicados dos libros, del que quiero destacar el titulado República y Guerra Civil en Monesterio (Sociedad Extremeña de Historia, 2010), cuyo origen es un trabajo de grado defendido en la Universidad de Extremadura, y que tuvo la protesta del catedrático-presidente del tribunal evaluador porque el enfoque historiográfico no era de su gusto (no se ajustaba, para entendernos, a los axiomas de la Memoria Histórica).

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