Amando de Miguel 
«España es, formalmente, una democracia; mas, con ribetes autoritarios o autocráticos. Seguramente, han sido heredados del pasado»
Lo primero que se debe determinar es la lista de condiciones necesarias, o, al menos, convenientes, para que un sistema político pueda pasar por democrático. Todo es cuestión de grado.
Una democracia, mínimamente, aceptable tendría que cumplir la condición básica del Estado como titular del monopolio de la violencia, por tanto, legítima. Con tal criterio por delante, las democracias formales con mayor tradición (países escandinavos, Reino Unido, Estados Unidos de América; incluso, México) darían unos índices democráticos algo rebajados. La comparación se establece con los criterios que suelen considerar los tratadistas más solventes.
Otra consideración fundamental (y, aún, más difícil de definir) sería el grado de tolerancia en la vida pública, especialmente, respecto a las minorías. Es más fácil tener en cuenta su lado negativo. Por ejemplo, en la España actual, las ideologías dominantes tienden a calificar a Vox como un partido rayano con una posición anticonstitucional. Lo cual es una falsedad manifiesta. Realmente, ese juicio es una derivada de la propaganda gubernamental. En la misma línea se sitúa la creencia de que “los ricos” consiguen no pagar impuestos”. Es otra caprichosa lucubración. Los mismos críticos de Vox ven con buenos ojos a distintos partidos separatistas o comprensivos con el terrorismo. El resultado de tales excrecencias es una combinación ideológica que desvirtúa mucho el sentido general de la tolerancia. En una región como Cataluña, son abundantes las muestras de racismo hacia la porción castellanoparlante de la región.
Un indicador tradicional para estimar el grado de democratización de un Estado es que mantenga un calendario de elecciones regulares y, razonablemente, con candidaturas diferenciadas. Es tan fácil de cumplir que muchos regímenes dictatoriales presumen de mantener ese requisito de las elecciones regulares y libres.
Un indicio del buen funcionamiento de una democracia es que admita muy pocos casos de corrupción. Por desgracia, este criterio no resulta aplicable al actual sistema político español. Casi todos los partidos que han gobernado se han visto envueltos en turbios asuntos de malversación de dineros públicos. Es más, recientemente, el Gobierno socialista ha modificado la legislación para reducir las penas por acciones corruptas.
Otro indicador básico, que no se suele tener en cuenta, es si el Gobierno controla o no los principales medios de comunicación públicos y privados. Tal “monitorización” (como se dice, ahora) se ejerce para conseguir un alto grado de propaganda por parte del Gobierno. En ese caso, aplicado a la España actual, arrojaría un índice bastante próximo al autoritarismo más descarado.
Otra aberración, típica de una democracia falsificada, como la que corresponde a la España de hoy, es que algunos partidos políticos actúan, más bien, como grupos de presión. Solo, así, se explica el alejamiento del régimen español actual del modelo de unos pocos partidos. Es el que califica a las democracias plenas, modélicas o avanzadas, aun con las reservas antes expuestas.
Vamos a cuentas por lo que toca a la actual posición española. Aunque con indicadores tradicionales (como elecciones regulares) pudiera alojarse en el selectivo grupo de las democracias aceptables, el resultado sintético sería muchos más modesto. Cierto es que la violencia es escasa; por ejemplo, mucho menor que la que se observa en los países escandinavos, y no digamos en los Estados Unidos de América o México. Pero, el espíritu de tolerancia hacia las minorías deja mucho que desear. Más grave es el afán propagandístico de muchas iniciativas del Gobierno central, y, aun, de los regionales. El triunfalismo es la nota dominante.
Total, España es, formalmente, una democracia; mas, con ribetes autoritarios o autocráticos. Seguramente, han sido heredados del pasado. Acaso, no se pueda exigir más. Mientras duró la llamada “transición democrática” se logró un verdadero milagro cívico. Hoy, queda poco de tal empeño fundacional. Es el conocido efecto de la “rutinización” de los intensos procesos de transformación política.
Amando de Miguel para Libertad Digital.
