José Crespo 
«Una cosa es arbitrar y moderar y otra muy diferente es intentar hacerlo sin norma alguna, con mayorías cuyo objetivo es la destrucción de España»
Recordemos para empezar que el Rey es el Jefe del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español. Así lo establece el artículo 56 de la Constitución de 1978.
En el mismo se puede leer: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes…».
Quiero remitirme inicialmente al término de arbitraje y moderación. Dejando a un lado la definición del término en el DRAE es evidente que si hablamos de arbitraje para poder ejercerlo se hace necesaria una norma a la que atenerse, es decir es imposible arbitrar nada si no hay una norma o reglamento y el ejemplo más palmario lo tenemos en un enfrentamiento deportivo, claramente es imposible el arbitraje sin norma.
La norma que nos rige en España como estado es en este momento la Constitución de 1978 y de ella quiero recordar:
Del artículo 1: «… La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado…».
Del artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…».
Del artículo 3: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla…».
Pasamos ahora al artículo 99: «Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno…».
Quiero recordar como crucial el bochornoso acto protagonizado por representantes parlamentarios separatistas y filoterroristas que accedieron al cargo de forma fraudulenta pues “ni juraron ni prometieron la Constitución” en el que bajo el título de «No tenemos Rey» suscribieron el discurso ERC, Bildu, BNG, JxCAT y CUP, todos ellos socios del presidente Sánchez ‘cum fraude’, en esa melange que pretende hacer pasar como ‘mayoría social de progreso’.
Recordemos que el acatamiento de la Constitución, mediante juramento o promesa ante el Pleno, es un paso imprescindible para tomar posesión del escaño en el Congreso, pero las ‘coletillas’ o añadidos que añadieron los diputados independentistas y miembros de Unidas Podemos convirtieron el trámite en un auténtico fraude pues esos diputados ni juraron ni prometieron la Constitución pues hicieron precisamente lo contrario, juraron contra ella con la aquiescencia y el apoyo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien dio por válidas las ridículas e insultantes fórmulas que emplearon. Clarísimamente las fórmulas de acatamiento que emplearon los separatistas desnaturalizan el compromiso y fidelidad hacia el orden constitucional.
Los parlamentarios de ERC utilizaron la manida fórmula «por imperativo legal«, como si los demás no tuvieran que hacerlo por ese imperativo y la misma letanía empleada en mayo y que fue llevada al Tribunal Constitucional por PP y Ciudadanos: «Por la libertad de los presos políticos catalanes, por el retorno de los exiliados, hasta la Constitución de la república catalana, por imperativo legal, sí prometo«, como fue el caso de Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, la exconsejera de Trabajo de la Generalitat condenada a 12 años de cárcel en la sentencia del ‘procés’.
Los diputados de JxCat, con su portavoz Laura Borràs a la cabeza, prometieron «con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal. «Por imperativo legal prometo, en lealtad primera y última a nuestro pueblo«, lo hicieron los diputados de la CUP Albert Botran y Mireia Vehí. En cuanto a los diputados de Bildu prometieron «por imperativo legal hasta la creación de la República Vasca«, menos la representante por Navarra, que lo hizo «por imperativo legal, hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre«.
Es de pura lógica que estas tomas de posesión debieron ser anuladas contrario al corrupto criterio de la Junta Electoral Central que entendió “que esos añadidos no limitan ni contradicen el perceptivo acatamiento de la Constitución”… ¿pero cómo que no?, se está dando pie a la desintegración de España y a la voladura de la Constitución y es el circo asqueroso que se nos representará en breve como insulto a todos los españoles y a la Soberanía Nacional.
Creo que sobran las explicaciones pues una cosa es arbitrar y moderar y otra muy diferente es intentar hacerlo sin norma alguna, con mayorías cuyo objetivo es la destrucción de España.
