Manuel J. P. Lorenzo 
«Muchos jueces nunca protestaron cuando vinieron a por los demás. Pero ya no quedan demás. Pues eso, que, ahora, a de llorar»
En el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, en Washington, figura el siguiente texto, tradicionalmente atribuido a Bertolt Brecht, pero que, en realidad, pertenece al pastor protestante alemán Martin Niemoller, que, al parecer, hizo varias versiones del mismo: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.
El Gobierno actual ha empezado a llevarse gente. Se ha llevado por delante ya a todos los que lucharon contra los terroristas venidos a políticos; se ha llevado ya a todos los que lucharon contra los sediciosos venidos a sujetavelas de papá socialista y mamá comunista; se ha llevado a todos los de extrema derecha y derecha extrema; se ha llevado también a los egoístas empresarios y autónomos, y a los pocos psocialistas avergonzados por la deriva de un partido que fue más o menos homologable, y ya hasta a los intelectuales exprogresistas, traidores y ahora protofascistas… A uno tras otro les ha ido dando el paseíllo nocturno de la progresía. Y ahora toca a los jueces.
Recuerdo cómo en el Metro solían aparecer de vez en cuando en los vagones en marcha determinados mendigos, con su famosa cantinela de “es muy triste de pedir, pero es más triste de robar”. Y esta analogía me lleva a advertir que, en realidad, nuestros jueces son llevaderos y razonables, solamente porque los otros son todavía peor; es decir, es muy triste el de pedir de la Administración de Justicia, pero es más triste el de robar del Ejecutivo y su Administración General.
El Poder Judicial es el último recurso, la última tabla de salvación para el ciudadanito de a pie ante la bota del Poder Ejecutivo: sólo quedan los jueces entre el ciudadano y los desmanes y la voracidad de la Administración, llámese Hacienda, Dirección General de Tráfico, Ayuntamientos o hasta el último servidor público que se piensa Teniente General por llevar una chaquetilla o una gorra. Pero esta realidad no evita ver la otra: que nuestros jueces son un diente más de las ruedas trituradoras del poder; que sus decisiones en, yo diría, gran parte de las ocasiones son verdaderamente gratuitas y arbitrarias; que se han venido alineando a veces impúdicamente con los otros poderes del Estado; y que su talante y su comportamiento ante el paganini de sus sueldos es, muchas, muchas veces, despectivo y autoritario.
Hará casi unos veinte años, en una obra titulada Los Pecados de la Audiencia Nacional, que solamente compraron cuatro despistados, los definía como semidioses cabreados, por supuesto, cometiendo la terrible injusticia de la generalización, porque, si un abogado puede aprender Derecho, es leyendo buenas sentencias, sobre todo de Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Pero solamente quienes llevamos muchos más años ejerciendo ante los Tribunales podemos saber cómo puede llegar a ser un juez de insoportable, de maleducado y de mal profesional: juzgados colapsados por la molicie; magistrados que se niegan a recibir a profesionales, porque hasta ahí podíamos llegar; resoluciones sin motivación o con motivaciones tan absurdas que duelen los ojos al leerlas; jueces a los que hay que recordar lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal; sentencias contrapuestas en asuntos idénticos; tratos dictatoriales en estrados; actitudes del no sabe usted con quién está hablando… En fin, un elenco de comportamientos habituales en todo grupo humano, pero que —es lo que pasa— sorprende mucho más porque no se esperarían de un juez.
Toda esta elucubración solamente quiere venir a decir que los jueces son vitales en nuestro sistema de libertades y derechos, que estaríamos perdidos y verdaderamente esclavizados sin ellos, pero que son seres humanos, sometidos a los mismos defectos y a las mismas sevicias que el resto de los representantes de los otros poderes del Estado, para quienes, en privado y en las barras de los bares, los ciudadanos no dejamos de ser unos desagradables inconvenientes necesarios. Al fin y al cabo, los señores feudales lo son porque tienen siervos. Por lo tanto, tampoco nos pongamos estupendos y los subamos a un pedestal.
Y esto viene a cuento porque, como decía, después de tantos paseíllos progres y de tantas checas argumentarias y sanitarias para fascistas de todo pelaje, ahora les toca a los jueces… y parece que éstos acaban de ver la luz y caerse de caballo. Sin embargo, su caso es mucho más divertido, porque si los ciudadanos de a pie estamos desarmados ante parlamentarios ideologizados e incapaces, ante ministros (y ministras, oyes) a los que habría que desasnar antes de sacarlos en público, y ante muchos malos funcionarios que, puesto que es prácticamente imposible despedirlos, que tienen más días libres que cualquiera, que doblan los puestos que necesitaría la empresa privada para el mismo cometido y que pueden salir a desayunar y hacer la compra en su horario de trabajo siempre que quieran, se han convencido —y posiblemente hasta con razón— de que pertenecen a un nivel superior en la pirámide trófica social; decía que, si el común mortal se encuentra desarmado ante todos ellos, sin embargo los jueces no: el Poder Judicial tiene instrumentos y facultades precisamente para evitar las tropelías de todos esos parásitos…, pero no lo ha hecho. Y, como vemos, ahora van dándose cuenta de que en el pecado llevan la penitencia (¿justicia poética?).
Ahora les toca a ellos, y se espantan e indignan con el lawfare y con que, supuestamente, esté en marcha una destrucción del seguramente más importante principio del Estado de Derecho, cual es la separación de poderes. Pues no. Hay bastantes cosas que decir al respecto, aunque no puedan ser objeto de estudio profundo en un simple artículo.
Para empezar, si el Poder Judicial no hubiese sido tan complaciente con el Ejecutivo y con el Legislativo, tragando con auténticas ruedas de molino, como, por ejemplo, tolerar que dos personas, ante los mismos hechos, merezcan penas distintas en función de lo que lleven entre las piernas, o admitir que el Decreto-Ley sea ya la norma y no la excepción, o recortar tanto el derecho a la igualdad que es prácticamente imposible ya aplicarlo ante la Administración o los Tribunales, o extender casi sine die y contra la clara letra de la ley las prórrogas de limitaciones de derechos, como el secreto del sumario o la vigencia de estados de emergencia, o justificar parcelas de impunidad política, o casi imposibilitar la responsabilidad patrimonial de la Administración…, dichos Ejecutivo y Legislativo no les habrían perdido el respeto como para creer que el Judicial finalmente estará del lado del Estado y no del ciudadano, y poder ir dando pasos y pasos hacia el autoritarismo y la arbitrariedad, y, entonces, quizás, ahora no tendrían que hablar de atentado contra la igualdad y contra la separación de poderes, como, por ejemplo, en relación a la Ley de Amnistía.
Han sido tan tolerantes con los intereses de los otros poderes del Estado que, ahora, que les va a tocar a ellos, no va quedando nadie para poder protestar. La Ley de Amnistía, finalmente, si el PP se deja y no la para en el Senado —que sí se puede—, será constitucional o no, pero lo sea o no, no será ni dejará de serlo porque una amnistía supuestamente invada competencias del Poder Judicial. Y no las invade porque la Amnistía será, en su caso, una ley nacida del Poder Legislativo en plena ejecución de sus funciones (no legítimas funciones, pero sí legales: ya he expresado en otras ocasiones que no, y por qué no, considero que ni Gobierno ni Parlamento actuales son legítimos, aunque sí legales). Jurídicamente no veo por qué podría ser constitucional el indulto —que lo es, entre otras cosas, porque expresamente lo cita la Constitución—, que priva al Poder Judicial de su función de ejecutar sus sentencias, o por qué podría ser constitucional la prescripción de los delitos y las penas, que también privan al Poder Judicial de perseguir delitos, condenar delincuentes y hacerles cumplir penas que les podrían corresponder, y que, sin embargo, podría no serlo amnistiar mediante una ley formal y, en su caso, materialmente correcta por parte del detentador de la soberanía nacional. Y jurídicamente, tampoco veo razones para afirmar que vulneraría el derecho de igualdad entre los españoles, cuando, como he dicho, el Poder Judicial ha puesto tantos requisitos para que se considere vulnerado y ha admitido tantas excepciones que concluir que cualquier acto o cualquier norma vulnera el derecho fundamental a la igualdad es casi misión imposible.
Y sobre el lawfare que tanto les ofende, primero que expliquen por qué todos los profesionales del Derecho sabemos el resultado de prácticamente cualquier cuestión o recurso ante el Tribunal Supremo o, sobre todo, ante el Tribunal Constitucional, con solamente saber contar. Contar magistrados de ideología neocon y magistrados de ideología progre. Ésta es la mayor vergüenza de nuestro sistema, porque, al fin, estamos ante el Poder del Estado que se encarga de controlar la legalidad de los actos del desbocamiento de los otros dos. Es inexplicable que, en una democracia plena (me pide el cuerpo meter un reglón de emoticonos con caras sonrientes), un jurista que ha manifestado que las togas deben mancharse del polvo del camino, no ya sea el Presidente del Tribunal Constitucional, sino que no haya sido inhabilitado; o que otra magistrada, también del Tribunal Constitucional (María Luisa Balaguer Calderón), ahora hace un año invocase su derecho a sostener la existencia de un Derecho constructivista, y explicase cómo en el caso de la Memoria Histórica ella quería avanzar más de lo que pudiera decir en un momento determinado la ley, porque “a ver, si lo que dice la ley es lo que dice la ley, con un ordenador bastaría; es necesario que nosotros, en el supuesto concreto, seamos capaces incluso de superar la ley”. Qué, ¿dan miedo o no? Si se rasca la piel fina de un progresista, por muy socialdemócrata que se diga, enseguida, debajo, sale un totalitario de libro.
Así que ahora, por favor, que no se rasguen las vestiduras si les echan por encima el lawfare. Desde luego, la elección de los jueces por los propios jueces sería un avance, volviendo al primitivo sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que laminó en su día el Gobierno del ahora gran descubrimiento de la Derecha, Felipe González (ja, ja, ja…), y, que, por cierto, el PP de Rajoy prometió restituir…, también, éste, luego cambiando de opinión, pese a su mayoría absoluta, y provocando la desaparición masiva de millones de votos, porque nosotros, centenares de miles de comeniños fascistas de derechas, no perdonamos que nos tanguen. Pero, con todo, sería un avance mínimo, mientras nuestros juristas sigan analizando los casos con la ideología, en lugar de con la ley.
Hoy en día, solamente rezagados marxistas en blanco y negro pueden sostener que se es de derechas o de izquierdas en función de su extracto social o económico. La ideología puede nacer de una mezcla extraña; sí también de posición social, pero mucho más del tiempo que le ha tocado a uno vivir, de la familia en la que el azar le ha situado, del propio país de nacimiento, de múltiples circunstancias personales y colaterales, de las propias vivencias, de los propios análisis y razonamientos, de distintas concepciones de la vida y la responsabilidad social e individual, y hasta del propio carácter y la propia personalidad. Así que, que los jueces, al parecer, sean más de derechas que de izquierdas (si miramos hacia el número de asociaciones judiciales y al número de sus respetivos miembros) no es porque su extracto social les haya permitido estudiar u opositar, porque, si no, entre otros argumentos, la mayoría de los universitarios y de los funcionarios serían de derechas (y yo, entonces, de izquierdas), cosa que la simple evidencia de las cosas desmiente.
Pero, el actual empecinamiento del Gobierno en no modificar la ley para que sean los propios jueces quienes se elijan a sí mismos (o, si se quiere, para ampliar el cuerpo electoral, que sean los profesionales ejercientes del Derecho: jueces, fiscales, letrados de la Administración, abogados y procuradores), nos revela un comportamiento como mínimo curioso: los representantes políticos de la Izquierda se muestran contrarios a que el Poder Judicial sea elegido por los propios jueces porque, afirman, son mayoritariamente conservadores. Pero esto entraña una auténtica perversión democrática, porque, si su rechazo lo es porque hay más conservadores, resulta que, a contrario, nos están diciendo que sí les parecería bien si hubiera más progresistas, lo que resulta deleznable en términos democráticos, al basar la razón de una posición política sobre un principio fundamental del Estado de Derecho en un argumento claramente discriminatorio por razón de la ideología.
Y, por cierto, habría que plantearse también por qué nadie les hace a nuestros progres de guardia la pregunta correcta: ¿por qué será que precisamente aquéllos cuya misión constitucional es proteger el Estado de Derecho son en su gran mayoría de derechas?
Los camiones nocturnos de los paseíllos progresistas al anochecer tocan llenarse ya de jueces que nunca protestaron cuando vinieron a por los demás. Pero ya no quedan demás. Pues eso, que, ahora, a de llorar.
