Manuel J. P. Lorenzo 
«Los progres ya tienen su Caballo de Troya en la Constitución. Y el PP ha votado a favor…»
Quién no conoce la fantástica historia de los príncipes Paris de Troya y Helena de Esparta, y cómo la inexpugnable Troya cayó en manos de los asediadores griegos, mediante el regalo envenenado del gigantesco caballo que contenía al enemigo dentro, agazapado y listo para abrir las defensas de la ciudad desde su interior y dejar entrar la destrucción.
Hasta ahora, solamente había habido dos reformas en la Constitución, y, ambas, por estrictas razones de acomodarla a los compromisos de nuestro país con la Unión Europea. En agosto de 1992, para adaptarla a una exigencia del Tratado de Maastricht, sobre el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales; y en septiembre de 2011, para establecer en el texto constitucional el concepto de “estabilidad presupuestaria”, en el marco de la crisis económica de 2008.
El jueves 25 de enero de este año, ya el Pleno del Senado ha aprobado la Proposición de reforma constitucional del art. 49 de Constitución Española por 254 votos a favor. Solamente se opuso Vox.
El mainstream político mediático de la Izquierda, más el enmudecido conservadurismo acomplejado y con deseo patológico de caerle bien a quienes le desprecian, comenzaron a dar la tabarra con que había, nada más y nada menos, que modificar la Constitución porque al buenismo atontecedor no le gustaba la palabra “disminuidos”. Como decía, según creo, Quevedo, todos los que parecen estúpidos lo son, y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Vamos a centrar bien el discurso: se ha sometido al texto Constitucional a un nuevo proceso de reforma ¡porque una palabra le parecía mal u ofensiva a un lobby ideológico!
Pero la tontería llega todavía más lejos, y es que no valía con sustituir la palabra “disminuidos” por otra más inclusiva, menos ofensiva, o más del gusto particular de esos tarados del lenguaje con significado político. No valía cambiarla por “discapacitados”; no, sino que la progresía disminuida da una vuelta de tuerca más a la imbecilidad, y decide que se tiene que decir “personas con discapacidad”. Y la mitad de los que no lo parecían, van y lo aceptan como borreguitos caminantes al toque de la cachava del pastor. Ahora va a resultar que yo no soy calvo, sino “persona con calvicie”: ya me encuentro mucho mejor.
Tenemos una Constitución que tiene muchos peligros en su contenido, para la supervivencia de un sistema liberal de derechos y libertades: ambigüedad suficiente como para permitir verdaderos fraudes de ley y abusos de derecho en la aplicación de la norma, excesivas remisiones al desarrollo de derechos por simples leyes orgánicas, inconcreciones materiales que no impiden mutaciones constitucionales o interpretaciones a la carta, técnica negligente en su propia protección… Son muchas las cuestiones que necesitarían una reforma constitucional, para no ser presa fácil de gobiernos sin escrúpulos.
A juicio de un buen número de autores, nuestra Carta Magna es, simplemente, una Constitución socialista, “en el amplio sentido hayekiano de «los socialistas de todos los partidos», que subordinan la libertad individual a logros colectivos”, como aclara el profesor Rodríguez Braun en sus Panfletos Liberales.
¿Sabe el común de los mortales que la Constitución Española no contempla el derecho a la propiedad como un derecho individual propio del Estado liberal clásico, sino que es un derecho limitado y sometido a una supuesta función social (art. 33.1 CE), que forma parte de su contenido esencial, o, en otras palabras, que, al igual que en un Estado bolivariano, la propiedad de cada uno es social y no estrictamente propia?
¿Sabe el ciudadano de a pie que nuestra Constitución reconoce “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”, pero que lo hace solamente “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación” (art. 38 CE)? ¿Y que el Estado puede planificar la actividad económica general ¡para atender a las necesidades colectivas! (art. 131.1. CE), y que, además, se puede autorizar la intervención de empresas (art. 128.2 CE)? ¡Es decir, que la libertad de empresa puede ignorarse cuando se requiera planificación por necesidades colectivas! ¿Qué clase de libertad de empresa es ésa?
¿Alguien ha explicado a la ciudadanía que la Constitución afirma que los poderes públicos tienen el mandato de velar por una “distribución de la renta más equitativa” (art. 40.1. CE)? ¿Pero más equitativa comparada con qué? ¿Pero es que Robin Hood ha sido uno de nuestros Padres de la Patria? ¿O también que “toda la riqueza sea cual fuere su titularidad” está subordinada al interés general (art. 128.1. CE); o, sea, que nos pueden quitar lo que nuestros nuevos señores feudales quieran, si es por el bien del interés general? ¿O que los poderes públicos establecerán medios que faciliten “el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (art. 131.1. CE), como si estuviésemos en un régimen nazi o estalinista?
¿Alguien se imagina qué puede hacer un gobierno social-comunista, si se ve en la tesitura de perder el poder o activar toda esa serie de insensateces? ¿Alguien puede pensar que Sánchez no iba claudicar también en esto, si Bildu o ERC se lo piden amablemente, a cambio de no dejar caer su Gobierno, por cierto, con Sumar dando palmas con las orejas, de paso?
Y, sin embargo, estamos con la necesidad de cambiar la Constitución por una palabra que no les parece amable a la maquinaria propagandística progre y, claro, a sus clientes, que son todas las minorías puestas en pie de guerra contra el sistema por la Izquierda, un poco obligada para su supervivencia porque el cuento de la lucha de clases proletaria ya se les ha acabado. En 2006, se celebró la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en ese reducto antidemocrático y dominado ya por la ideología woke, que es la ONU, con el objetivo de proteger sus derechos y promover el respeto de su dignidad inherente. Inmediatamente, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), aplaudió que el colectivo, por fin, fuese tratado con un lenguaje digno, y el Defensor del Pueblo apoyó la modificación del término, porque es “contrario a cualquier expresión normativa que pueda constituir un trato incorrecto hacia las personas con discapacidad”. Pero, por si no fuera poco decir que, denominar disminuido al que lo es, resulta un atentado contra su dignidad inherente y un trato incorrecto, el exceso lo redondeó otra vez el CERMI, en 2021, con la campaña #PersonasConDiscapacidad, afirmando que emplear otras palabras para hablar de las personas con discapacidad «causa graves confusiones en el ámbito jurídico y social, incluso puede implicar retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad” (y se refería a “discapacitados”, no a “disminuidos”). Ahí es nada, la fuerza de las palabras.
Si aplicamos una reductio ad absurdum, ¿a alguien se le ha ocurrido pensar qué podría pasar, si, dentro de unos años, algún anormal decide que también es indigno decir de alguien que es una persona con discapacidad? ¿Cuál sería la siguiente vuelta de tuerca de la progresía militante? Al respecto, mi hermano, que es un cachondo, me apunta que el término seguramente pasaría a “ser humano anfitrión de una capacidad no reglada”, para remarcar que la discapacidad no forma parte de su persona, sino que es meramente una circunstancia accesoria y que no supone menor capacidad, sino distinta, o alguna otra imbecilidad semejante. Ciertamente, todo esto es tan ridículo como parece.
¿Qué se puede oponer a que la Constitución, las leyes o, en general, el lenguaje de la Sociedad, utilice términos más amables? Ciertamente nada, si no fuera porque los causantes de todo este embrollo son, precisamente, los que han convencido a todos de que unos términos completamente objetivos y normales, ahora ya son nocivos e insultantes…, para poner en pie de guerra a ese tramo de la sociedad (ya no hay gordos, ni ciegos, ni cojos, ni subnormales, ni calvos…, bueno, calvos parece que sí), que debe sumarse también a la lucha contra un sistema fascista, patricarcal, machista, homófobo, meapilas y hasta madridista, del que, por supuesto, se salva el mundo progre, siempre defendiendo los derechos humanos (emoticones, muchos emoticones de caritas carcajeantes y vomitando), como, por ejemplo, en el Madrid de la II República, en el mundo musulmán (no en Israel, por supuesto), en la URSS o en la Cuba castrista y la Venezuela chavista.
Pero el problema no es ése, y no lo es porque no hace falta nada más que ver que la modificación constitucional no ha consistido, simplemente, en un cambio de “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” por “personas con discapacidad”. Ésa fue la excusa, pero, una vez vencido y convencido el rebaño, se da un paso más, siempre un paso más. Y siempre les funciona.
En el Preámbulo de la Proposición de Reforma, se afirma que resulta patente que hay que actualizar el lenguaje y el contenido del artículo 49 CE. ¿Pero no habíamos quedado en que se trataba de sustituir “disminuidos” por “personas con discapacidad”? ¿A qué viene ahora, de rondón, que resulta patente que hay que cambiar también el contenido?
Pues viene a que, sigue el Preámbulo, hay que “reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo”. Y, así, sin darnos cuenta, la progresía ya nos ha colado que no se trata de la defensa de los derechos que tengan las personas con discapacidad, sino el colectivo. Y, si todavía hay alguien piense que una cosa es igual a la otra, está muy equivocado y no comprende cómo maquinan las mentes progres.
Y viene, también, a que, no se sabe muy bien por qué, el inciso final del artículo termina con un alarmante “se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres (…)”. Con lo que ya se va dando otro paso para cerrar el círculo: no basta con decir que se atenderían sus necesidades específicas (las de las personas con discapacidad), sino que había que dejar muy claro que, además de las diferencias entre los colectivos ser persona-con-discapacidad y no serlo, también están las diferencias entre los colectivos hombres y mujeres (antes, el machismo era tratar de forma desigual a las mujeres con respecto a los hombres, y ahora, sin embargo, resulta que el machismo es tratarlas igual: ideología woke en vena).
¿Esto es muy importante? ¿Es muy grave? Sin duda es una cuestión de percepciones personales y de ideología, pero lo realmente evidente y cierto es que acaban de ser introducidos en la Constitución, dentro del caballo de su artículo 49 y su motivación, las nociones de colectivismo contra individualización y de frentismo sexista contra igualdad ante la ley. Los progres ya tienen su Caballo de Troya en la Constitución. En el futuro, ante la presión por nuevos cambios, siempre podrá argumentarse que la Constitución Española ya contempla, en letra y en espíritu, la concepción colectivista de las minorías y la necesaria desigualdad de derechos entre los sexos. Y el PP ha votado a favor…
Al próximo que me llame “calvo”, en lugar de “persona con calvicie”, lo demando.
