Lo más “granado” de la fiscalía está en la Sanchosfera, mientras junta de fiscales, agricultores y Guardia Civil engrosan la Fachosfera. Por Antonio de la Torre

Lo más “granado” de la fiscalía está en la Sanchosfera.

«Estamos ante un grave caso de corrupción política porque no sólo hay corrupción económica, que también lidera la izquierda de manera indiscutible»

No podía empezar “mejor” la semana –para el presimiente y sus corifeos, claro– que con una entrevista de autobombo a Pedro Antonio Narciso I el Mentiroso como la que le hizo su periodista de cabecera, Antonio García Ferreras, en ese programa de La Sexta “Secta” de nombre más que apropiado “Al rojo vivo”, bermellón, diría yo. Pero esta vez no tuve la paciencia de escucharlo y me ha bastado con los retazos que han dejado los medios de comunicación.

Escuché que, entre otras cosas, se despachaba con su natural “sinceridad”: «Desde que soy presidente de España, en todos los rankings acreditados del mundo, los internacionales, la calidad de la democracia española no ha hecho sino crecer». Es evidente que debe referirse a medios venezolanos, cubanos y otros igualmente “acreditados”, porque recuerdo que The Economist decía en 2022 que España había pasado de “democracia plena” a “democracia defectuosa” y vi también que Freedom House (CIA) dejaba el dato de que España estaba situada en la posición 20 en 2018 y había pasado a la 40 en 2023. Pero ya sabemos que, para nuestro progresismo irredento, una caída estrepitosa no es sino un “crecimiento negativo”.

Dejaba prueba también de su desmemoria, no sé si prematuramente sufre los síntomas de los que da muestras últimamente su adorado Joe Biden, cuando decía que «Hemos pasado de la guerra sucia a la política limpia y de una politización de la justicia y también judicialización de la política con el Partido Popular a un respeto escrupuloso de la separación de poderes». No debe ser “politizar la justicia” la colonización que ha hecho él del Tribunal Constitucional, poniendo al frente al que fuera único fiscal general con Zapatero y como vocales a su ministro de justicia, Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez, ni el sistema hereditario de la fiscalía general desde otra de sus ministras de Justicia, “la que bebe de mi copa”, que decía el prevaricador Baltasar Garzón, que cedió el puesto al actual, su número dos entonces. Tampoco parece recordar que esa “guerra sucia” que dice debe ser la aplicación light del Artículo 155 de la Constitución, que él y su grupo respaldaron en el Senado. Y, para él, la “política limpia”, ya se ha visto que es su cada vez más complicado intento de distinguir un terrorismo bueno, el de su socio, y otro malo, el de todos los demás. Pero su socio le salió rana y vimos cómo, la semana pasada, se decantó por completar la mayoría absoluta que “estrelló” su pretendido “proyecto estrella” de esta legislatura. 

Y como sigue en sus trece, es decir, permanecer a cualquier costa en el banco del poder –espero que no tarde mucho en llegar al banquillo–, y parece ser que su asesor jurídico le ha debido decir que no se puede “manchar (más) la toga, con el polvo del camino”, ya puro fango hediondo, ha salido de la factoría el mensaje, que repiten, él y sus coros y danzas, de que “no se puede llegar más lejos”. Así que, ante tan adverso contratiempo, del que su cara era el mejor testimonio a la salida del hemicirco en que ha convertido el Congreso en los últimos años –ya lo venía siendo, pero este felón le ha añadido un par de “pistas” más–, ha hecho un nuevo guiño al fugado de Waterloo. Ahora pretende darle una patada más a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con otro triple tirabuzón y medio –de ahí lo del circo de antes– y, en la citada entrevista adelantaba una primicia: Yo creo que hay también un elemento, que hemos visto durante estas últimas semanas, de instrucciones que se prolongan, que incluso los propios fiscales –debió querer decir “mis propios fiscales”– han puesto en cuestión. Creo que hay elementos –para “elementos” él y sus socios– que podemos incorporar de mejora y que, evidentemente, pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener« (me imagino que se refería a sus fiscales o, tal vez, fuera a su guionista Carlos Puigdemont y a su abogado Gonzalo Boye –otra joyita que “importamos” del Oeste andino del Cono Sur–. Y dicho y…  manos a la obra, retrocediendo, en otro de sus “cambios de opinión” y con el argumento contrario, lo que nos decía el 17 de julio de 2018: Les anuncio, señorías, la intención del gobierno de promover la reforma del artículo 324 de la LEC, que establecía un plazo máximo de instrucción, especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción. La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y, mucho menos, como antesala para la impunidad. Lo que alargaba entonces, para “facilitar” la investigación de posibles casos de corrupción del Partido Popular y el tiempo de instrucción no contaba, lo acorta ahora para intentar contentar a su socio, con poco éxito por el momento, parece, pero que su “mampoministro” Óscar Puente justifica: “la justicia lenta deja de ser justicia”. A ver si cuela el nuevo guiño al cobarde fugitivo, al que Europa le está poniendo difícil la cosa con sus últimos acuerdos de investigar su posible implicación con la órbita rusa de Vladimir Putin que comentaba en mi artículo anterior, poniéndolo en el mismo punto de mira que a la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, la Mata Hari del siglo XXI, en este caso, rusa y, digamos que, menos agraciada que la bailarina holandesa, o sea… dejémoslo ahí y que el lector decida.  

Y en estas reaparece el “¿De quién depende la fiscalía, ¡eh! de quien depende?” y el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, parece que se suma a la Sanchosfera. Aunque ha habido desmentidos diversos, bien es verdad que, de la fuente perjudicada por el hecho en cuestión, lo cierto es que este señor, dicen que de acreditada reputación en el cuerpo fiscal, en horas 72, ha cambiado un explícito informe de sesenta y tres páginas, en el que estaba de acuerdo con el juez Manuel García Castellón en que había indicios y sospechas de que el Cobarde Prófugo Puigdemont –como lo llama con toda propiedad el profesor Luis del Val– estuviera detrás, “animando y financiando” los actos terroristas de 2019 en Barcelona del Tsunami Democratic y los CDR, en los que participaban los familiares de Joaquín Torra: “Apretéu, apretéu”. Pero, “casualmente>”, después de reunirse con su superior jerárquico, su tocayo Álvaro García Ortíz, el “hereu” de Dolores Delgado, da a conocer otro extenso informe –borrador llama a ambos–, en este caso de sesenta y ocho páginas (se ve que la contradicción requiere un poco más de espacio), en el que no ve como delito de terrorismo la actuación de Puigdemont. Un amigo que lleva años compartiendo la actualidad política en las redes sociales en décimas o espinelas, Curro de Utrilla, veía así el, cuando menos dudoso, “cambio de opinión” del susodicho fiscal: «El chungo fiscal Redondo / tiene los webos cuadrados / pues por ascensos soñados / mudó el propio informe a fondo. / Es un trepador hediondo, / porque al fiscal general / se ha doblegado al final / dejando en mero incivismo / lo que llamó terrorismo / y asociación criminal».

Por su parte, Carlos Herrera, despedía su editorial del lunes dejaba en una modesta “cuarteta” la cuadratura del círculo, a la inversa, del fiscal: «Es don Álvaro, versátil,/y puede que, tan cachondo,/que mira lo que es cuadrado…/¡y le parece redondo!». Y volvía a salir el “mampoministro” versátil para dejárnoslo claro: La fiscalía tiene orden jerárquico, es decir, ¿de quién depende?, pues eso.  Algo que Eligio Hernández, que fuera fiscal general con Felipe González, desmentía de manera categórica: El estatuto del ministerio fiscal le permite oponerse y ha cometido una infracción gravísima, después de afirmar que lo realizado por Álvaro Redondo “no tiene precedente”. Eso parece que estuvo presente también en la Junta de fiscales del Tribunal Supremo, que se reunía al efecto para concluir, por una aplastante mayoría de doce contra tres, que “La Sala Penal es preceptiva para investigar los delitos de terrorismo y que hay que admitir las investigaciones de García Castellón”, al tiempo que desmontaba el segundo informe de su colega Redondo. Pero como, al parecer, los dos fiscales principales tienen posturas opuestas y no puede, ninguno de los dos, redactar el preceptivo informe, el fiscal general, que ya fue considerado “no idóneo” por el CGPJ, lo va a encomendar a su número dos, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, propuesta en su día por la de la copa de Garzón, que también sabemos de quién depende, por lo que todo queda en casa, aunque parece que el informe no es vinculante, o sea, da casi igual lo que diga, pero se utilizará para el fin requerido por el muñidor de la amnistía, a ver si cala en el principal beneficiario y redactor del proyecto tumbado por mayoría absoluta de noes la semana pasada.

También el antes citado CGPJ tuvo que reunirse de urgencia para salir al paso de los exabruptos e insultos recibidos desde la tribuna del Congreso de algunos portavoces independentistas, socios del gobierno, que hablaron de prevaricación y lawfare de algunos jueces con nombre y apellidos y, no conviene dejarlo sin reseñar, también de algunos miembros del gobierno que manifestaron ante los micrófonos de los periodistas estar en la misma sintonía que los representantes de los delincuentes, indultados o fugados. En un medido comunicado, los magistrados pidieron respeto a su trabajo e independencia y eludieron hacer referencia directa al lamentable silencio de la tercera magistratura del Estado –quizás por eso lo evitaron–, la singular Paquita Armengol, puesta al efecto por el sátrapa que mueve los hilos del guiñol en que se ha convertido el poder ejecutivo y buena parte del legislativo –merced a esa suma heterogénea en ideología pero con el objetivo común de romper de nuevo España–, y una parte del Judicial (Tribunal Constitucional y los que mandan en la Fiscalía).   

Es triste ver cómo, acreditados profesionales de la Función Pública sacrifican una dura oposición  y una dura carrera para llegar a lo más alto del escalafón, para caer después en estas miserias a cambio de un cargo. Algo que se puede aplicar a determinados miembros del gobierno que han llegado ahí tras una larga carrera, discutida o brillante –la mayoría llegaron sin currículum alguno– y, en particular, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, cada día más en su papel de “personaje de popa”, que ha malversado una casi brillante carrera judicial, hasta el Caso Faisán, por un miserable y entregado “carrerón” político. Si no, véase su “valentía” que no le permitió atreverse a acudir a Barbate (Cádiz) tras el asesinato de tres guardias civiles que fueron atropellados por una lancha de narcotráfico. Un hecho que ha provocado la petición de dimisión del ministro por parte de las dos organizaciones principales del cuerpo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Jucil, así como por el sindicato de la Policía Nacional, Jupol. No es la primera vez que se pide en los últimos años, pero me temo que volverá a encontrar el paraguas protector de quien lo nombró y mantiene en el cargo, algún día sabremos por qué o a cambio de qué. 

Y, en medio de la guerra de la amnistía, se ha colado el asunto de la sequía que, si afecta a Cataluña, se tiñe también de política. Así hemos visto un nuevo guiño del gobierno español en forma otra vez de “acuerdo/sumisión” para poner en marcha la solidaridad regional que tiempo atrás no tuvo Cataluña, pero que vale si es en sentido contrario. Así, se ha llegado al acuerdo de enviar barcos de agua potable de la desaladora de Sagunto a Barcelona, repartiéndose el coste las dos administraciones, central y catalana, es decir, que lo pagaremos todos los españoles.

Y no olvidemos que José Luis Rodríguez Zapatero derogaba al llegar en 2004 el Plan Hidrológico Nacional que hoy podría ser una realidad para llevar las aguas del Ebro que se pierden en el Mar Mediterráneo, a Valencia, Murcia o Almería. Pero si es para Cataluña, toda generosidad sanchista es poca y todo vale para contentar a sus socios, indultados o fugados. 

En definitiva, no cabe duda de que estamos ante un grave caso de corrupción política –no sólo hay corrupción económica, que también lidera la izquierda de manera indiscutible– en que se ha convertido este obsesivo intento de emplear todos los recursos del Estado al servicio de un delincuente, socio indispensable de Sánchez para seguir en el poder, único objetivo enfermizo de un psicópata tan ambicioso como falto de escrúpulos y sin principios ni vergüenza alguna. Claro que este gobierno Frankenstein parafraseará el término acuñado por su vicesegunda Yoli Maravillas para el no trabajo y lo justificará como un ocurrente ciudadano decía en las redes sociales: No somos corruptos, somos honrados discontinuos.

La semana próxima tendremos Galicia ya veremos si el informe de la Comisión de Venecia que nos visitó y dudo mucho que se haya llevado buena imagen de lo que pudo ver.

 

 

Antonio de la Torre

Aficionado a la política, decepcionado con mi corta experiencia en ese mundo, y preocupado con la situación de "España, S. A.". Modesto tertuliano y articulista de opinión. Comparto inquietudes y propuestas, tratando de ayudar a crear opinión para mejorar el pervertido sistema político que nos ningunea.

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