Patricia R. Corchado 
«El trabajo que debería desempeñar un fiscal general del Estado implica supervisar la aplicación de la ley y garantizar que se persigan los delitos»
El trabajo que debería desempeñar un fiscal general del Estado implica supervisar la aplicación de la ley y garantizar que se persigan los delitos de manera justa y efectiva. Como estamos comprobando esto parece diferir con la realidad.
El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue nombrado por Real Decreto en agosto de 2022 y confirmado en noviembre de 2023. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la Carrera Fiscal en 1998. Ahora investigado en el marco de la causa por la presunta filtración sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ángel Luis Hurtado instructor del caso ha ordenado el rastreo de las llamadas de García Ortiz en busca de posibles filtraciones entre el 8 y el 14 de marzo del pasado año. Y solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) el “rescate” de los mensajes borrados en el terminal móvil del fiscal.
El juez del Supremo ha reclamado a dos operadoras que identifiquen el tráfico de las llamadas en dicho periodo. Recordemos que tras el primer análisis del contenido del teléfono incautado al fiscal general, la UCO no halló ningún mensaje, cuestión particularmente extraña y sorprendente. La petición del juez a las operadoras de las dos líneas que pertenecen a Vodafone y Movistar es clara, “los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como los titulares que emiten y reciben las llamadas”
El borrado cíclico de los mensajes en el móvil de García Ortiz referidos a ese periodo no parece concordar con el resto de mensajes almacenados en su teléfono en otros momentos. Si supuestamente lo hacía por protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado, lo normal sería que lo ejecutara en todo momento.
Queda patente que los fiscales blanden con cierta destreza, a través de distintos análisis que en ese lapso de tiempo García Ortiz y Pilar Rodríguez, tuvieron acceso a los correos electrónicos con la información que posteriormente fue publicada. El informe a su vez recogía el intercambio de 12 mensajes entre ambos que habían sido borrados del terminal, de ahí la investigación de uno y otro por un delito de revelación de secretos.
Recapitulemos que las pesquisas judiciales comenzaron por la querella que presentó Alberto González Amador actual pareja de Ayuso, por una nota de prensa que fue difundida el 14 de marzo en eldiario.es, y la posterior apertura de la causa el pasado 16 de octubre.
Cabe destacar que tanto el Supremo como la UCO no cesan en su intento de descubrir el origen de este caso.
