Rodolfo Arévalo 
«¿Qué diferencia hay en el objeto del robo, sea un reloj, una pulsera, una televisión, un vehículo o un piso? Creo que ninguna»
Muchas veces hay que hablar de algunos temas de manera llana, de manera simple, para que todo el mundo los entienda. Me gustaría comentar algo que parece estar de rabiosa actualidad: el tema de las ocupaciones.
Parece que estemos en primero de parvulario. Las cosas son muy claras: si tienes comprada o alquilada una casa, puedes vivir en ella; si no es así, no puedes. ¿Se entiende? Lo pregunto por si acaso, en este mundo móvil dirigido, alguien lo ignora.
Si alguien está en situación precaria y no puede alquilar ni comprar una vivienda, será responsabilidad del Estado en general y no de los individuos en particular. ¿Puede haber algo más claro?
Si vives en una casa que no está en ninguna de esas dos condiciones —comprada o alquilada— es que debes de ser un caradura, tengas hijos o no. Tanto si los tienes como si no, el responsable de que puedas alojarte en algún lugar no es un propietario legal de esa casa, sino el Estado.
En ese sentido, sería más lógico que las ocupaciones se produjeran en el Congreso de los Diputados o en el Senado. ¿Hay algo que no se entienda o que deba pasar por delante de un juez? Creo que no, así que se debería dejar de marear la perdiz. ¡Ya está bien de estupideces!
Porque en esta sociedad actual del siglo XXI, parece que las estupideces están a la orden del día. Si no hay alojamientos suficientes, que se construyan. ¿Cuánto dinero se gasta en tonterías en el país o fuera de él, innecesariamente y sin reportar beneficios a los ciudadanos españoles? Por lo que se ve, mucho.
Cuando la policía tiene conocimiento de un robo de objetos de valor, si localiza a los ladrones, los detiene, requisa lo robado y busca a los legítimos dueños. ¿Qué diferencia hay en el objeto del robo, sea un reloj, una pulsera, una televisión, un vehículo o un piso? Creo que ninguna. En definitiva, todo son objetos que tienen un valor económico.
Nadie tiene por qué ceder sus bienes en provecho de otros, por muy injusta que sea la situación de su vida. Insisto, para eso está el Estado, es decir, la globalidad de individuos representados en el Congreso de los Diputados por sus cargos electos. Este Parlamento de políticos electos, con el partido que sea al frente del gobierno, es el que debe responder ante la necesidad de estas personas, no los ciudadanos particulares.
Es un grave problema que un país no tenga la suficiente seriedad para legislar la manera de socorrer a quienes no tienen recursos para vivir. Salvo, claro, que realmente se trate de vagos y maleantes, como se decía en tiempos del dictador.
Porque, por mucho que pueda pesarnos, hoy en día, aparte de personas realmente necesitadas por falta de trabajo —cuyas razones son lo de menos—, también hay mucho enteradillo oportunista que ve la oportunidad de vivir del Estado sin dar un palo al agua. Por mucho que algunos lo defiendan, esto no tiene un pase; es algo indecente.
Si estos asuntos están mal gestionados por los responsables de la política del país, no puede ser achacado ni al país ni a sus ciudadanos. Si hay personas que realmente no pueden obtener un sueldo para pagar su residencia, lo normal es que el Estado las atienda, pero siempre hasta que su situación se estabilice.
Por eso, es más importante invertir dinero en crear empleo que en regalar viviendas.
Si realmente, como parece, los precios son muy altos, la responsabilidad debe recaer en el Estado, que debería promover la edificación de viviendas a precios reducidos o establecer un sistema de tasación que permita a quienes no llegan a pagarlas hacerlo.
¿Quién pierde? Pues, sencillamente, el país en general. Y si es así, es que algo falla en su funcionamiento.
Puede ser porque no haya pleno empleo o porque los trabajos estén mal pagados. Y en ninguno de los dos casos debería ser así.
Este es el motivo por el que empezaba diciendo que me gustaría comentar algo que parece estar de rabiosa actualidad: el tema de las ocupaciones.
Parece que estemos en primero de parvulario. Las cosas son muy claras: si tienes comprada o alquilada una casa, puedes vivir en ella; si no es así, no puedes.
Si alguien está en situación precaria y no puede alquilar ni comprar una vivienda, será responsabilidad del Estado en general y no de los individuos en particular. ¿Puede haber algo más claro?
Si vives en una casa que no está en ninguna de esas dos condiciones —comprada o alquilada—, es que debes de ser un caradura, tengas hijos o no. Tanto si los tienes como si no, el responsable de que puedas alojarte en algún lugar no es un propietario legal de esa casa, sino el Estado.
