Fernando M. Gracia Climent 
«Hay que actuar. Porque una democracia que no se defiende desde dentro y desde abajo, empieza a morir desde las aulas que no enseñan a defenderla»
La escena política vuelve a protagonizar una tragicomedia institucional donde la corrupción y el nepotismo no son meros accidentes del sistema, sino síntomas persistentes de una patología más profunda: el debilitamiento de la ética pública y la desconexión entre representantes y representados. En este contexto, conceptos como sociedad civil y democracia imperativa se erigen como antídotos posibles ante la desafección ciudadana.
Los recientes escándalos han revelado tramas de comisiones ilegales, contrataciones irregulares, tráfico de influencias y adjudicaciones a dedo, en las que las relaciones personales han primado sobre el interés general. La asignación de puestos en empresas públicas sin funciones claras, las contrataciones verbales sin procedimiento legal o la compatibilidad dudosa entre el ejercicio del cargo y vínculos con empresas privadas no son hechos aislados, sino manifestaciones de un problema estructural: la falta de ejemplaridad en el ejercicio del poder.
No se trata solo de incumplir la letra de la ley, sino de transgredir su espíritu. Banalizamos la responsabilidad pública, se normaliza el enchufismo, y se convierte la gestión administrativa en una red de favores cruzados. Esta deriva erosiona la legitimidad de las instituciones y alimenta el cinismo social. Como advirtió Montesquieu, “una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.
Aquí es donde cobra sentido el papel de la sociedad civil, entendida como el conjunto de ciudadanos organizados que, al margen de las estructuras del poder, actuamos como contrapeso, ejercemos vigilancia y exigimos rendición de cuentas. Una democracia madura no se sustenta únicamente en el ritual del voto, sino en la participación activa, crítica y constante de sus integrantes. Según Tocqueville: “La salud de una democracia se mide por la calidad de las funciones que pueden desempeñar sus ciudadanos”.
La democracia imperativa plantea una forma de representación más exigente, en la que los cargos electos no gozan de patente de corso, sino que deben ceñirse a los compromisos asumidos y responder de su gestión ante la ciudadanía. No se trata de sustituir a las instituciones, sino de reforzarlas mediante mecanismos de control, transparencia y responsabilidad que desbordan el ámbito estrictamente electoral. Como sostenía Hannah Arendt, “el poder corresponde a la acción concertada de los ciudadanos, no a la acumulación de mando”.
Ahora bien, ¿cómo revertimos esta deriva? ¿Qué podemos hacer más allá de la denuncia? Es necesario despolitizar el acceso al empleo público mediante sistemas de selección verdaderamente meritocráticos. Fortalecer los órganos de control, dotándolos de independencia y recursos. Garantizar la trazabilidad de las decisiones públicas y la transparencia institucional. Establecer mecanismos reales de revocación y limitación de mandatos que impidan la perpetuación de redes clientelares y fomentar una pedagogía cívica profunda y constante.
Y aquí es donde emerge el auténtico cimiento de toda regeneración democrática, la educación.
La educación no es solo un medio para el desarrollo individual, sino un instrumento esencial de construcción social. Sin educación ética, crítica y cívica desde edades tempranas, toda arquitectura institucional se construye sobre arena. Necesitamos una educación que no solo instruya, sino que forme; que no solo transmita saberes, sino que despierte conciencias; que no se limite a preparar trabajadores, sino que cultive ciudadanos.
Como bien indicó John Dewey, “la democracia tiene que renacer con cada generación, y la educación es su partera”. Sin ella, las reformas son efímeras, las instituciones frágiles y la democracia un ritual vacío. La regeneración democrática, tantas veces prometida y tantas veces postergada, requiere una transformación cultural que devuelva el sentido ético al servicio público y reinstaure la primacía del bien común sobre el interés particular. La ciudadanía no podemos limitarnos a observar: debemos asumir un papel protagonista en la defensa de los valores democráticos. Pero sin educación crítica y permanente, ese protagonismo será tan débil como un voto sin conciencia, coherencia ni consciencia.
No basta con indignarse. Hay que actuar. Porque una democracia que no se defiende desde dentro y desde abajo, empieza a morir desde las aulas que no enseñan a defenderla. Debemos generar conciencia y consciencia crítica.
