Fernando M. Gracia Climent Una pequeña reflexión sobre el exilio interior y su eco en la Cataluña postprocés.
«Es hora de honrar a un grupo silenciado, a esas personas cuya ausencia pesa como una herida abierta en la memoria colectiva de España»
Durante más de tres décadas, miles de ciudadanos de la comunidad autónoma vasca, guardias civiles, jueces, profesores, periodistas, empresarios y constitucionalistas, optaron por abandonar su hogar no por razones económicas, sino por un temor profundo, alimentado por la violencia sistemática de ETA y el clima de presión social que lo acompañaba. Este éxodo interior ha sido en gran medida invisible, pero sus cifras hablan con elocuencia. Según un informe del CEUCEFAS, entre 1977 y 2022 abandonaron Euskadi unas 180.000 personas por razones políticas, en torno al 9 % de la población de partida.
Aunque ETA causó directamente más de 850 asesinatos entre 1968 y 2011, fue la amenaza latente, las cartas de extorsión, los sabotajes, los escraches institucionalizados y el miedo ambiental que provocó lo que algunos denominan un exilio ideológico silencioso, sin fronteras ni visibilidad mediática. Esta forma de presión tenía como objetivo declarado vaciar de presencia constitucionalista, y por tanto española, al País Vasco y Navarra, generando una comunidad políticamente homogénea y culturalmente controlada.
El estado de derecho, lejos de proteger adecuadamente a estas víctimas institucionales del terrorismo político, muchas veces las ignoró. Hasta hace poco, no existía un reconocimiento explícito de este éxodo interior, y memorias oficiales como las del Instituto Gogora han tardado en incorporar a este colectivo en pie de igualdad con otras víctimas. La llamada “paz” no puede construirse sobre la impunidad moral ni sobre el olvido estratégico.
Pese a lo que muchos piensan, Cataluña también conoció su propia forma de violencia política nacionalista antes del “procés”. Entre 1978 y 1991, el grupo terrorista Terra Lliure cometió más de 200 atentados. Aunque su número de víctimas mortales fue reducido a un asesinato reconocido oficialmente, decenas de personas resultaron heridas o fueron amenazadas. Políticos, periodistas, agentes de las fuerzas de seguridad y sedes de partidos constitucionalistas fueron blanco de ataques explosivos. Varios de sus miembros se integraron posteriormente en el entorno de Esquerra Republicana de Catalunya, sin una condena firme y/o rotunda de sus presuntos pasados violentos. Este dato rara vez forma parte del relato dominante en Cataluña, que ha tratado de desvincular el nacionalismo catalán de cualquier forma de violencia, obviando estos antecedentes.
Con el “procés”, la violencia no fue únicamente simbólica o institucional. Se produjeron disturbios generalizados, ataques a la propiedad, amenazas y agresiones, especialmente en el marco de las protestas contra las sentencias del Tribunal Supremo. Numerosos agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra resultaron heridos graves, con secuelas físicas y psicológicas irreversibles. A ello se sumaron campañas de señalamiento público, presión en redes sociales, boicots, adoctrinamiento escolar y una hegemonía mediática e institucional que estrechó el margen de libertad para quienes no compartían el discurso dominante. Aunque no se alcanzó el nivel sistemático y estructural de violencia de ETA, lo vivido en Cataluña tras 2017 constituye una forma de exclusión forzada y deterioro democrático que no puede minimizarse.
El drama de estas formas de expulsión no es sólo individual. Es colectivo, porque erosiona la pluralidad, socava la convivencia y destruye la legitimidad democrática del disenso. La diversidad de pensamiento no es una amenaza, sino la base misma de una sociedad libre. Una democracia madura no puede aceptar que sus ciudadanos se vean obligados a renunciar a su tierra por miedo, rechazo o estigmatización. Y mucho menos puede ignorar la presunción de responsabilidad entre el que tolera y los que actúan, porque en toda exclusión sistemática hay una cadena de connivencias silenciosas que sostienen la violencia, aunque no aprieten el gatillo.
Es hora de honrar a un grupo silenciado, a esas personas cuya ausencia pesa como una herida abierta en la memoria colectiva de España. Porque sin reconocimiento ni reparación, no hay reconciliación verdadera, y sin memoria valiente, no hay paz que merezca ese nombre.
