Antonio de la Torre 
«No convoca elecciones porque sabe que las pierde y que se le acabaría el control de las instituciones que, por el momento, lo protegen»
Empezaba la semana con el eco de la llevada al huerto, o, mejor dicho, a uno de sus campos de golf, en Escocia, de Donald Trump a la cada día más insostenible Ursula Von der Leyen, que acabó “embocada” con un particular “ace” (hole in one) del tan estrambótico como eficaz para los suyos presidente norteamericano con su “America first”. En un encuentro que, pese a celebrarse en Europa, demostró que el que jugaba “en casa” era el americano, la dimitida exministra de Defensa alemana perdió en el primer hoyo y se conformaba con un lastimero mensaje: “Lo logramos y eso es positivo, el punto de partida era un desequilibrio, queremos reequilibrar la relación comercial de manera que el comercio entre ambos se mantenga a través del Atlántico”.
Recordemos que doña Úrsula tuvo que dimitir por un presunto caso de adjudicaciones millonarias en contratos de consultoría, ¿nos suena familiar?, y que salió airosa de una moción de censura, por la campana de sus correligionarios políticos, los populares europeos, que si Europa no estuviese en fase terminal debería haber supuesto su salida de la Comisión Europea.
Al final Trump impuso unos acuerdos que Europa ha aceptado con la sumisión de Alemania y la crítica de Francia, Italia y alguno más, y sobre los que nuestro presimiente se expresó con su ambigüedad característica: “Los respeto, pero sin ningún entusiasmo”, es decir, de perfil, como casi siempre en los grandes temas internacionales.
Tal vez analizando por encima los historiales de ambos personajes se pueda entender mejor el resultado de la “negociación”. Uno (1946), tras su titulación académica en 1968 inició una larga carrera empresarial de más de cuarenta años (que hoy continúa) –con todas las luces y sombras que se quiera, pero empresario de éxito– y dio el salto a la política para ganar sus primeras elecciones en 2016 y repetir en 2024 –hecho insólito en USA– y la otra (1958), con varios cambios de rumbo académico por Arqueología y Economía, acabó siendo doctora en Medicina en 1991, cuando ya estaba afiliada a la CDU (Unión Demócrata Cristiana), donde tras un breve desarrollo profesional y una más larga etapa familiar –es madre de siete hijos, dignísima profesión– inició su actividad política en 1999.
Y se estrenaba también la semana con media España, si no las tres cuartas partes, que no habría dormido la noche anterior, expectante por las “novedades” que iba a contar a mediodía el doctor Plagio cum Fraude, en un nuevo show a su medida para cantarnos la España del cohete durante una hora larga, tras el cual su filtro monclovita permitió sólo cuatro preguntas de sus medios para rematar su lucimiento y despedirse para unas largas vacaciones hasta el 24 de agosto que le pagamos todos los españoles, no sólo porque costeemos su sueldo y demás prebendas, sino porque las disfruta de nuevo en el palacete de La Mareta (Lanzarote), regalo a Juan Carlos I del rey Hussein I de Jordania y cedido por él al Patrimonio Nacional.
Lo cierto es que se va a atrincherar allí, con no sé cuantos cordones de seguridad y dudo que se atreva a dar un paseo por los alrededores para evitar los recordatorios a su familia o algún palo de escoba que algún “violento de extrema derecha” le pudiera lanzar. El que sí estará allí será su ahora mentor y embajador bolivariano, José Luis Rodríguez Zapatero, que se compró una villa en la privilegiada zona de Famara (la conozco y doy fe) en 2017, justo a la vuelta de uno de sus viajes de Venezuela, una curiosidad, como recogía en su día El Debate por el módico precio de 1.200.000 €. Y parece que también recibirá allí a su valido Salvador Illa, que ahora defiende la libertad de Puigdemont desde China, donde ha inaugurado una embajadilla catalana, y a su cuestionado ministro del Interior, Fernando “Pequeño” Marlasca. En definitiva, un póker de presuntos que no augura nada bueno entre los que tal vez intenten plantear el futuro inmediato de España, que no depende de ninguno de los cuatro sino de los citados socios.
Comenzaba con el slogan de Producciones Moncloa, “Cumpliendo” –el objetivo de seguir en la Moncloa como sea, faltaba– y haciéndose el gracioso con un “Nada nuevo bajo el Sol”, que repetiría alguna vez más, pero como se coge antes a un mentiroso que a un cojo, los datos –para el que los quiera analizar– acaban imponiéndose al relato para fieles sumisos y aborregados.
La realidad es la que es y la brocha gorda que sacó para vendernos como siempre sus datos macroeconómicos, que, aunque con trampa, no son malos del todo, no puede ocultar lo que la brocha fina del día a día de los españoles refleja: aunque la EPA del segundo trimestre dejaba esos 22.000.000 de cotizantes a la Seguridad Social, España lidera el ranking del paro de la Unión Europea y arrastra el problema sistémico de la baja productividad y la inestabilidad en el empleo, otra trampa que nos hacen desde la penúltima reforma laboral de la vicesegunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz –que llama másteres a cursillos de unas pocas horas– cuando nos colaron los contratos fijos discontinuos que, durante la parte discontinua, muchas veces más larga que la presencial, cobran el desempleo pero no figuran como demandantes aunque se apunten al paro. Y sin decir que lleva dos años incumpliendo un mandato constitucional, Artículo 134.3: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso (de los Diputados, que ya no se llama) los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración del año anterior”. El presimiente nos volvía a mentir cuando dijo su intención de “presentar los PGE para 2026”, eso sí, si conseguía asegurar antes la aprobación por parte de sus socios y apoyos de legislatura, lo que no se vislumbra “bajo el Sol” actual, y, si no, pues gobernaría con los actuales “que son muy buenos”, dice su Loro Park.
Conviene reflejar que los últimos PGE aprobados fueron los publicados en el BOE del 24 de diciembre de 2022 para 2023, por lo que sigue prorrogando los PGE de una legislatura terminada, algo también insólito, pero ya hemos dicho muchas veces que este es el presimiente de “las primeras veces”. Y eso sin decir que la deuda pública ha aumentado 500.000 millones en la etapa Sánchez. Una legislatura, la de 2019, que se vio interrumpida por la convocatoria por sorpresa de las elecciones del 23-J, que se hizo con vacacionalidad y alevosía ante el fracaso de las municipales y autonómicas de mayo anterior y en las que mintió de nuevo en cuanto a sus alianzas (BILDU), su rechazo a la ley de amnistía, hasta que se la pidió el fugado de Waterloo a cambio de sus siete votos y Carlos Puigdemont es el que en realidad maneja los hilos desde Bélgica, etc., etc.
Volvió a insistir en que la legislatura acaba en 2027: “Las legislaturas duran cuatro años, cuatro años (repetía por si no se había oído bien). Las elecciones generales serán en 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, al día siguiente, pedirá un anticipo electoral como lleva haciendo desde hace siete años”. Claro que ese plazo dependerá de lo que sus socios y cómplices parlamentarios digan después de que le den unas cuantas vueltas más a su extorsión y chantaje, que el amigo Felónez aceptará si con ello alarga la amortización del colchón que cambió al llegar a la Moncloa. No merece la pena extenderse mucho en la sarta de medias verdades y mentiras, que vienen a ser lo mismo, y me limito al enlace de más arriba.
Un breve apunte más para destacar que pasó de puntillas sobre la corrupción de sus dos números dos en el partido, uno en prisión y otro imputado y con el tercero de los cuatro del Peugeot en la misma situación, limitándose a decir que habían reaccionado con “prontitud”, la de dieciséis meses para echar a José Luis Ábalos del partido. Y, por supuesto, ninguna referencia a la corrupción familiar con su pareja y su hermano en situación de investigados ambos y cada día más cerca del banquillo, en el que podría acabar él. Por eso, entre otras cosas, no convoca elecciones, sabe que las pierde y que se le acabaría el control de las instituciones que, por el momento, lo protegen. Y por si necesita un baño de realidad, se lo da el artículo que publicaba The Economist que recoge entre otros medios El Debate destacando que “No existe ni una sola razón de peso para que Pedro Sánchez continúe como presidente del gobierno” y que el crecimiento económico no es mérito suyo sino que corresponde a las reformas de Mariano Rajoy, casi ná. Eso le ha tenido que doler al líder. Resaltaba que la única medida de peso tomada ha sido la ley de amnistía, haciendo constar que “después de engañar a millones de españoles” de los que “ha conseguido los votos mediante engaño” y acababa dándole dos alternativas, que convoque un congreso del PSOE en el que se proponga a un peso pesado del PSOE para terminar la legislatura o convocar elecciones, dándole de plazo el verano para tomar la decisión.
También Europa parece haberle cogido la medida y así lo refleja el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que vuelve a tirar de las orejas a España en su último informe de seguimiento aprobado en su reunión plenaria de junio, que se hizo público el viernes.
Y con estas se celebraba el martes el último consejo de ministros en el que la medida estrella fue ampliar una semana, de 16 a 17, la baja por maternidad o paternidad, al parecer exigencia de una directiva europea que no se cumplía y que parece que ha supuesto más de diez millones de euros de multa por ahora. Y del consejo a Palma de Mallorca a “despachar” con el Rey ¿de qué? Continúo preguntándome dónde está Felipe VI que sigue más atento a la costumbre que a lo que muchos españoles esperamos de él. No me quiero extender más en su papel, pero me pregunto cómo interpreta lo que dice el Artículo 56.1 de la Constitución: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. Entre ellas “…guardar y hacer guardar…”, ambas dos, Artículo 61.1 y ejercer como “…mando supremo de las Fuerzas Armadas”, Artículo 62.h, a las que el Artículo 8 les deja clara su misión: “…garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Y ahí lo dejo por el momento porque a buen entendedor…
Y cuando no acababa de digerir la resolución del Tribunal Supremo de no atender la petición de puesta en libertad de su segunda mano derecha, Santos Cerdán, con argumentos tan demoledores como otorgarle “un papel directivo en una trama criminal en la que se repartían de manera furtiva cantidades portentosas de dinero” y considerando que “actuaban como una mafia, sabiendo que tenía las espaldas cubiertas”, presuntamente por el Número Uno, supongo yo, nada más despachar con el Rey, que hace tiempo que lo tenía que haber despachado del gobierno, se entera del auto de procesamiento de su fiscal general, Álvaro García Ortiz, que lo va a llevar a sentarse en el banquillo a finales de octubre o primeros de noviembre. Un auto en el que la Sala de lo penal del Supremo apunta que “para replicar ese supuesto bulo, no era preciso revelar información reservada”. Y lo va a hacer por la presunta filtración de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que tenía un litigio con Hacienda, como tantos empresarios, por una posible deuda de 200.000 o 300.000€, una cantidad ridícula en cualquier caso como para que el fiscal general, una caterva de ministros y el propio Sánchez, hayan salido en su persecución, si no fuera porque se trata precisamente del novio del principal enemigo político del presimiente.
Hace unos días se conoció la lista de deudores millonarios con la AEAT y no he visto a ninguno de estos “servidores públicos” arremeter contra ellos. Y después del auto del Supremo, todavía, en la rueda de prensa tras el despacho con el Monarca, su jefe tenía palabras de apoyo: “Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España”. Otra impresentable “primera vez” del que nos desgobierna. Pero aquí se da una circunstancia más insólita aún y es que si no se actúa con diligencia, se puede dar la aberración de que en la apertura del Año Judicial, prevista para el 5 de septiembre, nos encontremos con una imagen en la que en la mesa presidencial estén sentados junto a Felipe VI, el que se va a sentar en el banquillo y el ministro tres en uno Gracita Bolaños, de Justicia entre sus cometidos, que lo defiende y quiere cambiar las leyes para acabar definitivamente con la separación de poderes en España.
Escuchaba hace unos días al exministro de Defensa y expresidente del Congreso y amigo, Federico Trillo, apelar a la Casa Real para asesorar al Rey ante semejante barbaridad. Y se da también una circunstancia chocante en la postura del fiscal general y es que mientras el Reglamento de la carrera fiscal contempla el cese inmediato de cualquiera de sus miembros en caso de que vaya a juicio, esta circunstancia no se contempla para el máximo responsable de la fiscalía porque se le considera en una situación de comisión de servicios y, para los efectos, fuera de la carrera fiscal. Lo explicaba la presidente de APIF, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, mayoritaria en la carrera, Cristina Dexeus: “La previsión que rige para todos los fiscales de carrera no rige en principio para él, por absurdo que pueda parecer, es un vacío legal. Yo creo que jamás se pensó, en 1980, cuando se redactó el Estatuto orgánico del Ministerio fiscal, que un fiscal general del Estado pudiera estar imputado por la presunta comisión de un delito en el ejercicio del cargo”.
Muy brevemente ya, porque me extendí demasiado con tanto desvarío, me hago eco de la falsificación de un título –algo más que adornar un currículum como hacen tantos políticos– de una especialidad inexistente entonces, perpetrada por José María Ángel Batalla, alias Periquitín –así se hace llamar él–, Comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la zona de Valencia tras los desastres de la DANA. Un personaje que, además de chorizo, resultó profeta, porque el título falsificado en 1983 correspondía a una especialidad, Archivística y Biblioteconomía, que hasta siete años después, 1990, no se estableció en la Universidad de Valencia. Título que, al parecer, le habría permitido acceder a un puesto en la Diputación de Valencia para el que era preceptivo y que ha ocupado durante 43 años, en los que ha devengado sueldos y trienios que parece que no le correspondían. Y en la misma línea ha aparecido que su mujer, directora adjunta de un museo valenciano dependiente del mismo organismo, sólo tiene la EGB cuando el requisito era titulación universitaria.
Además, el tal Periquitín era presidente del Partido socialista de Valencia y ha dimitido de ambos cargos, no sin que la secretaria regional y ministra de Universidades, Diana Morant haya salido a defenderlo tras varios días sin pronunciarse: “Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios. A un político no lo hace el título académico, lo hace su currículum de trabajo y desde luego José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia”. Curioso cuando menos que una ministra de Universidades no valore los títulos universitarios, imprescindibles para puestos de funcionarios de niveles altos.
Y por si faltaba algo para que el veraneante okupa del Patrimonio Nacional se fuera contento, un último disgusto para él, el juez Arturo Zamarriego, titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha incoado diligencias previas por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias a Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE y la cita a declarar el próximo 11 de noviembre. Además, cita como testigos al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, con el que se reunió en un bar de Leganés, y al empresario Javier Perez Dolset, el que la protegía de Víctor de Aldama cuando se acercó a ella tras la comparecencia en la que “explicaba” su baja como militante del partido socialista, presente también en la reunión que, junto al abogado Jacobo Teijelo, “ofreció al empresario Alejandro Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena, a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)”.
Termino con dos intervenciones de Alberto Núñez Feijoo, que parece que ha destapado la artillería y ha hecho balance del curso político confirmando que el PP no va a apoyar al gobierno: “El señor Sánchez no sabe cuándo va a haber elecciones o no, depende de si los socios van a pasar de ser encubridores a cómplices de la corrupción generalizada en España, no lo sé. Lo que sí sé es que nuestra obligación es estar preparados para el momento en el que los socios digan se acabó”. Y al mismo tiempo pone en guardia a su partido: “Por eso les anuncio que no vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchitas para derogar y otro para sustituir –a ver si es verdad esta vez–. Que el primer día del nuevo gobierno sea también el último día de la etapa negra del Sanchismo”. Y ha rematado con una frase que resume muy bien la situación actual: “A este gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este gobierno”.
Ahora sólo le falta sacar de verdad la artillería como lleva tiempo haciendo Isabel Díaz Ayuso, que la ha vuelto a mostrar con su oposición al reparto de emigrantes que unilateralmente quiere hacer el gobierno, cargando principalmente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Madrid, Valencia y Andalucía y excluyendo a las nacionalistas Cataluña y Vascongadas, que le imponen no recibirlos si quiere tener su apoyo de legislatura. Una decisión que otro lacayo, en esta ocasión el ministro de Política Territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres simplifica diciendo que “Al PP no le gustan los negros”.
