Fernando M. Gracia Climent 
«La lengua se convierte así en herramienta de exclusión y revanchismo. Y eso, lejos de enriquecer la convivencia, la envenena»
Decimos London en inglés, pero Londres en español. Lo mismo ocurre con Firenze-Florencia, München-Múnich o Beijing-Pekín. Es un fenómeno lingüístico universal. Cada idioma adapta nombres foráneos a su fonética y morfología. No es un acto de violencia cultural, sino una consecuencia natural de la evolución de las lenguas vivas. Sin embargo, cuando esta adaptación se produce entre lenguas peninsulares, especialmente entre el español y otras lenguas cooficiales, el hecho se politiza.
¿Por qué decimos Lérida y no Lleida, Gerona y no Girona, Llirona pronunciando en castellano, Orense y no Ourense? ¿Es una muestra de desprecio, una injerencia, una negación de identidades? No. Es, simplemente, la forma tradicional que el idioma español ha empleado durante siglos para referirse a estas ciudades. Son exónimos legítimos, tan naturales como que en alemán digan Spanien y no España o en francés Séville en lugar de Sevilla.
El nacionalismo lingüístico, sin embargo, ha querido presentar estas formas tradicionales como una especie de ofensa institucionalizada. Como si al decir La Coruña se cometiera un acto de agresión simbólica. El problema no es filológico, es ideológico. Y ahí es donde comienza la perversión del lenguaje, cuando lo que era evolución lingüística se convierte en campo de batalla política.
Las formas Gerona, Orense, Vich o Lérida no son “franquistas”, como se repite desde algunos sectores con ignorancia o mala fe. Aparecen en documentos castellanos desde la Edad Media, y fueron utilizadas habitualmente por hablantes bilingües sin conflicto alguno durante siglos. Nadie en Galicia se sentía atacado por el uso de Orense en español, del mismo modo que nadie exige que los franceses digan Ourense para respetar la identidad gallega.
El español, como lengua con historia imperial, política y literaria, ha desarrollado su propio sistema de denominación de lugares. Y como toda gran lengua internacional, ha creado sus exónimos. El hecho de que conserve estas formas no supone imposición ni negación de la diversidad, es una expresión legítima de su lógica interna y de su tradición histórica.
Lo inquietante es que esta lógica no se aplica con la misma exigencia a los demás. A nadie le molesta que el catalán diga Saragossa por Zaragoza o Castella i Lleó por Castilla y León. Nadie exige a un hablante de euskera que diga León en vez de Leon. Pero al español sí se le exige que renuncie a sus formas históricas cuando afectan a territorios con lengua propia. Esa asimetría no nace del amor a las lenguas, sino de una hostilidad latente contra el español como lengua común.
Esa hostilidad, a menudo disfrazada de sensibilidad cultural, encierra en realidad una voluntad política. Hacer del español un idioma culpable, sospechoso, colonial. Como si el hecho de llamar Lérida a una ciudad española en español fuera equivalente a negarle su identidad. La lengua se convierte así en herramienta de exclusión y revanchismo. Y eso, lejos de enriquecer la convivencia, la envenena.
Reivindicar el derecho del español a nombrar conforme a sus reglas no es un gesto reaccionario ni centralista. Es una defensa de la normalidad lingüística. Igual que el francés conserva sus exónimos, o el inglés llama Spain a nuestro país sin que nadie lo acuse de negacionismo, el español puede, y debe, conservar sus propias formas. Cambiarlas por imposición política no es respeto, es sometimiento cultural.
En tiempos de manipulación histórica y sentimentalismo identitario, conviene recordar lo obvio. Londres no es menos real por no llamarse London, ni Lérida menos catalana por escribirse así en español. Lo contrario sería asumir que el español, por ser lengua común, debe pedir perdón por existir.
