Fernando M. Gracia Climent 
«Estamos ante un dispositivo obligatorio, con conectividad permanente y fiscalidad máxima, que duplica funciones ya existentes y desplaza costes al ciudadano»
Antes de entonar el himno al progreso, conviene rendir un pequeño homenaje, irónico, pero merecido, a esos viejos triángulos de emergencia que, durante décadas, nos acompañaron a millones de conductores españoles. Modestos, plegables y sin conectividad alguna, no transmitían datos ni brillaban a un kilómetro, pero cumplían su función sin pedir mantenimiento, sin cobrar suscripción y, sobre todo, sin enviar nuestra ubicación a nadie. Aguantaban calor, lluvia y olvido en el maletero. Nunca presumieron de ser inteligentes, quizá porque sabían que lo importante era que lo fuera el conductor.
Las balizas geolocalizadas, las V16 conectadas, se presentan como la próxima gran mejora en seguridad vial. Sustituirán a los triángulos a partir de 2026 y añaden, junto a la luz de emergencia, un canal de datos que remite la posición del vehículo a una plataforma central. El relato es impecable: más visibilidad, menos riesgo, mejor coordinación. Sin embargo, el balance merece una lectura más fría: estamos ante un dispositivo obligatorio, con conectividad permanente y fiscalidad máxima, que duplica funciones ya existentes y desplaza costes al ciudadano.
Resulta difícil justificar la necesidad técnica de otra geolocalización más. Hoy la posición del vehículo ya se conoce por varias vías: teléfonos móviles, navegadores, sistemas de asistencia, flotas conectadas. La baliza añade un emisor adicional que no aporta un salto cualitativo, pero sí más complejidad operativa, más puntos de fallo y una dependencia tecnológica que no es menor. El valor marginal de esa redundancia es, como poco, discutible.
A ello se suman los inconvenientes técnicos, que la propaganda del “avance” suele omitir. La baliza depende de una batería que puede degradarse con el calor, el frío o el simple paso del tiempo. Muchos dispositivos quedarán olvidados en los maleteros, y cuando llegue el momento de usarlos, de noche, en una emergencia o bajo lluvia, podrían no encenderse o agotarse antes de que llegue la asistencia. La duración efectiva tras su activación es limitada, y la exposición prolongada al sol o la humedad puede inutilizarlas. Tampoco es irrelevante la cobertura de red. Sin señal, la prometida geolocalización se convierte en un espejismo.
A estas limitaciones se añade otra, aún más básica: la visibilidad real. En condiciones diurnas, con sol directo o reflejos de la calzada, la luz intermitente de la baliza apenas destaca. Y en carreteras sinuosas o con cambios de rasante, por ejemplo, al situarse tras una curva o en una vaguada, su efecto de advertencia es nulo. Ningún dispositivo luminoso puede sustituir la lógica física de la línea de visión. Una baliza invisible al conductor que se aproxima sirve, literalmente, para iluminar la nada.
Tampoco es inocuo el diseño económico del sistema. La obligación de compra y la vida útil condicionada por baterías, SIM y homologaciones sucesivas crean un mercado cautivo. Los triángulos duraban décadas; las V16 exigen reposición y mantenimiento. Hablamos, en la práctica, de una obsolescencia programada normalizada por norma. El resultado combina gasto recurrente y residuos electrónicos, sin evidencia sólida de proporcionalidad respecto a alternativas más simples.
La fiscalidad agrava la paradoja. Se aplica el IVA del 21 %, tipo máximo, a un producto de seguridad que el propio Estado impone. Si el fin último es proteger vidas, lo coherente sería un tipo reducido. El mensaje, sin embargo, es otro, seguridad obligatoria, pero con recaudación de lujo. Se socializa la obligación y se privatizan los beneficios.
El argumento de la seguridad es serio y no conviene trivializarlo. Evitar que el conductor salga del vehículo reduce riesgos. Ahora bien, convertir esa premisa en un salvoconducto para la transmisión automática de datos es excesivo. La “conectividad por defecto” normaliza un modelo de movilidad rastreable en el que el ciudadano no decide, y el dispositivo informa por él. La promesa de anonimato, sin garantías robustas, es un consuelo insuficiente en sistemas basados en coordenadas, tiempo y frecuencia.
Mientras tanto, permanecen sin resolver asuntos menos vistosos y más decisivos. La conservación de carreteras, tiempos de auxilio, cultura de prevención. La V16 conectada funciona como emblema de modernidad, brilla, notifica y ordena. Pero sobre todo certifica una forma de gobernanza tecnológica en la que el cumplimiento se mide por dispositivos y suscripciones, no por resultados.
En suma, una idea útil, mejor señalización sin bajar del coche, se ha convertido en un instrumento con tres efectos colaterales claros. Redundancia técnica, negocio por obligación y fiscalidad máxima. No es una enmienda a la totalidad, es una invitación a aplicar criterios de necesidad, proporcionalidad y coste-beneficio antes de imponer un estándar que, tal como está planteado, ilumina menos de lo que controla.
Y así avanzamos, satisfechos de inaugurar la era del parpadeo obligatorio. Pronto quizá sepamos si también bostezamos sin intermitente. Todo, naturalmente, con geolocalización y un 21 % de IVA, la seguridad es sagrada… siempre que pague el contribuyente.
Y, por supuesto, cuando alguien pregunte a dónde va lo recaudado, la respuesta llegará con la solemnidad de un catecismo: “a sanidad y educación”. Un clásico. Uno imagina quirófanos iluminados al ritmo de las balizas y aulas aprendiendo porcentajes a golpe de destello fiscal. Ironías aparte, quizá lo único realmente luminoso en esta historia sea la tomadura de pelo.
Recuerdos a la rana del baño caliente. Sigue subiendo la temperatura del agua.
